
Internacional
Espacios Europeos (3/4/2026)
El pasado 30 de marzo de este año, el parlamento de Israel, Knéset, aprobó por 62 votos a favor y 48 en contra, una ley por la que tribunales militares tendrán la potestad de condenar a muerte en la horca a ciudadanos palestinos de Cisjordania. La acusación debe ser por atentados mortales contra israelíes.
Sin ningún pudor ni ánimo de ocultamiento, la ley se ha denominado “Death Penalty for Terrorists Law, 2026” (Ley de Pena de Muerte para Terroristas de 2026).
Las críticas contra esa ley no han cesado: ONU, países europeos y numerosas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos 4ncabezan la lista. Para la ONI, la aplicación de esa ley podría constituir un crimen de guerra. La UE ha expresado su preocupación por el carácter discriminatorio de la ley.
De hecho, cunde el temor de que esa legislación podría aplicarse “casi exclusivamente” a ciudadanos palestinos, sobre todo si se tiene en cuenta el funcionamiento de los tribunales militares de Israel.
La actitud de la mayoría de los diputados del parlamento israelí fue, nada más conocerse el resultado de la votación, de euforia. Algunos parlamentarios, entre ellos Ben‑Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder del partido Otzma Yehudit de ultraderecha, lo celebraron con champagne.
Algunos países árabes emitieron un comunicado en el que consideran que esa ley es una “peligrosa escalada” que puede aumentar la tensión en la región. Fue la opinión de Pakistán, Turquía, Egipto, Indonesia, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, y Emiratos Árabes Unidos. Más tajante en su crítica fue el gobierno de Afganistán gobernado por los talibanes.
Mahmoud Ridha Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, calificó la ley como violación del derecho internacional.
Por primera vez una ley del estado de Israel incluye la pena de muerte para palestinos. El caso más conocido fue el del Adolf Eichmann, criminal nazi, ejecutado en el año 1962.
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