España
Espacios Europeos (8/10/2027)
El Plan Estatal de Vivienda aprobado en abril de este año movilizará, según el Gobierno, una inversión de 7.000 millones entre 2026 y 2030. Bajo el mantra de “un importantísimo esfuerzo inversor”, el Ejecutivo triplica así el anterior plan “para alcanzar un parque público de vivienda con volumen y capacidad suficientes para condicionar el mercado a base de viviendas asequibles y protegidas para siempre”. Para remarcar la importancia que el Gobierno da a la vivienda, en los nuevos decretos de vivienda añadió 400 millones de euros para la construcción de vivienda pública.
El discurso del presidente del Gobierno, que señala a la oposición de derechas como responsable del fracaso de las políticas de vivienda, no aguanta las comparaciones. En los cuatro Consejos de Ministros previos al desahucio de Maricarmen, entre el 25 de agosto y el 22 de septiembre, el Gobierno aprobó un gasto militar de 7.720 millones de euros, un importe superior a todo el presupuesto destinado a vivienda en los próximos cinco años. Y en las dos últimas reuniones de gabinete, ya con las calles desbordadas demandando medidas reales para garantizar el derecho a la vivienda, el Gobierno comprometió otros 322 millones de euros.
Las comparaciones aguantan peor si se tiene en cuenta que el Estado solo aportará 4.200 millones de euros para el Plan de Vivienda, mientras que el resto correrá a cargo de las comunidades autónomas.
La ambición del Plan de Vivienda, que promete pisos públicos a “precios asequibles” para “frenar” la “voracidad” del mercado inmobiliario privado, también choca con los anuncios de construcción de vivienda pública realizados por Sánchez. Frente a las 184.000 viviendas públicas a precio asequible prometidas por Pedro Sánchez en abril de 2023, el presupuesto del Plan no alcanzaría para cumplir ni una tercera parte de esta promesa, según el precio medio de construcción de viviendas de protección oficial, sin contar con el precio del suelo.
La legislatura del gasto militar
Más allá del discurso, los Consejos de Ministros a lo largo de la legislatura han priorizado el gasto militar sobre el gasto en vivienda. Adquisiciones de buques multipropósito y carretillas elevadoras del Ejército de Tierra, 80 millones de euros para el “sostenimiento y gestión de obsolescencias en buques de superficie y submarinos”, compra de sistemas de interceptación aérea autónoma (drones) y cascos de combate o de aeronaves, en una larga lista de 23 partidas de gasto militar desde el 25 de agosto. Ese día, el Consejo de Ministros aprobó la compra de aeronaves MRTT por valor de 5.400 millones de euros, un gasto que por sí solo ya supera a todo el esfuerzo económico del Gobierno central en vivienda hasta 2030. Este tipo de aviones militares se utilizan en operaciones de combate, para reabastecer cazas en vuelo y bombarderos en zonas de conflicto, para el despliegue táctico, el transporte de tropas y de carga militar así como para operaciones de rescate.
Las partidas de las diferentes adquisiciones y otros gastos militares en estos seis Consejos de Ministros suman nada menos que 8.042.874.421,60 euros. El “esfuerzo” inversor del que habla el Gobierno se aplica con claridad en en las inversiones en armamento. No tanto en vivienda.
El Gobierno va a invertir en vivienda, sí, pero no a la misma velocidad que lo hace en rearme bajo la excusa de las exigencias de la OTAN.
Y estos 8.000 millones de euros solo son el gasto comprometido en poco más de un mes. Además, el Gobierno está preparando un paquete consistente en 14 programas militares de Defensa —Programas Especiales de Modernización (PEM)— que podría movilizar hasta 32.000 millones de euros y que tendría como objetivo modernizar el arsenal militar de las Fuerzas Armadas. La puesta en marcha de este movimiento responde a satisfacer los compromisos en rearme exigidos por la OTAN y requiere un empuje inicial de 1.483 millones de euros, ya autorizados por el Consejo de Ministros del pasado 1 de septiembre y que asumirá el Ministerio de Industria y Turismo. El Gobierno va a invertir en vivienda, sí, pero no a la misma velocidad y con la decisión que lo hace en rearme bajo la excusa de las exigencias de la OTAN y un entorno geopolítico complejo que mira cada vez más hacia Rusia.
De hecho, en los Consejos de Ministros celebrados los pasados 1 y 15 de septiembre, tras la reanudación del curso político, se aprobaron diferentes partidas relacionadas con Defensa que suman un total de 629 millones de euros —499 millones de euros aprobados durante el encuentro del 1 de septiembre y 129 millones de euros aprobados durante el encuentro del 15 de septiembre—. A esta cantidad, que solo hace referencia a lo invertido en Defensa, habría que sumarle, además, 1.483 millones de euros destinados al Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa transferidos al Ministerio de Industria y Turismo, pero que están directamente relacionados con Defensa. En total se trata de 2.112 millones de euros aprobados para rearme en tan solo dos sesiones.
En abril de 2025, el Gobierno español puso en marcha el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con el objetivo de apoyar la compra de material militar
A todo este gasto militar habría que sumar los casi 34.000 millones de euros de inversión global para 31 programas de Defensa puestos en marcha en 2025 y que tienen como horizonte el año 2037. En 2025 España alcanzó por primera vez en décadas —concretamente, no pasaba desde 1994— el 2% del PIB, como exigía la OTAN. Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), una de las autoridades más importantes en materia de documentación del rearme y gasto militar, España aumentó el gasto militar un 50% de 2024 a 2025.
“Doce de los 15 países con mayor gasto aumentaron sus inversiones militares en 2025; solo Estados Unidos, el Reino Unido e Israel registraron descensos. Los Estados situados en la parte baja del top 15 registraron algunos de los mayores incrementos porcentuales interanuales de este grupo, y España (en el puesto 15) fue el que experimentó la mayor subida”, se puede leer en este informe del SIPRI publicado el pasado mes de abril. Un año antes, en abril de 2025, el Gobierno español había puesto en marcha el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa con el objetivo de apoyar la compra de material militar. Con los datos encima de la mesa, al menos en dotación presupuestaria, es evidente que la vivienda sigue sin ser una prioridad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Fuentes:
Insurgente.
El Salto.
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