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espacioseuropeos.com (19/7/2010)
El descrédito del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación va en aumento a pesar de esos costoso viaje a Cuba para hacerse la fotografía con los cubanos excarcelados por Castro, gracias a la gestión de la Iglesia Católica, y el más reciente a Afganistán, vestido como si fuese a participar en las fiestas alicantinas de moros y cristianos, en el bando de los primeros.

No exceptuamos de ese descrédito la visita del genocida Kagame a España, ni mucho menos dejamos al margen el asunto de la activista saharaui Haidar.

Casi como una explosión informativa, hemos visto al ministro Miguel Ángel Moratinos en Afganistán, en la localidad de Qala-I-Now, donde se encuentra una de la bases militares españolas más importantes del país, en la que además de abundante material militar hay casi un millar de soldados del Ejército español, una parte de ellos extranjeros.

Moratinos se ha entrevistado en esa localidad, en la que nos estamos dejando centenares de millones de euros, con el gobernador, Delbar Jan Arman, al que el ministro de Exteriores del Gobierno de España invitó el pasado mes de mazo a visitar Madrid y Córdoba, junto a parte de sus gerifaltes tribales, incluidas concubinas, esposas y demás.

Vestido a la usanza local, y saludando en árabe, Moratinos tuvo la cara dura de decir que «las cosas cada vez van mejor», cuando todos los informes de la Administración Obama afirman lo contrario.

Con estos gestos mediáticos, a los que hasta ahora ningún diputado español ha pedido explicaciones, el ministro Moratinos trata de hacernos olvidar su nefasta política pro marroquí en detrimento del pueblo saharaui y de su apoyo desmedido y desmesurado al sátrapa Obiang Nguema.

Moratinos trata así de ocultar la vergonzosa política de sumisión de su gabinete ante el reino Unido, por ejemplo. Hoy hemos sabido que la Guardia Civil ha recibido órdenes -al parecer verbales- de que no se vigile la zona de Gibraltar, a pesar de que esas aguas pertenecen a España. La orden verbal se ha referido, asimismo, a que la Guardia Civil debe retirarse a unos tres kilómetros del Peñón de Gibraltar.

Las quejas del gobierno gibraltareño y, por supuesto, del Reino Unido, han dado sus resultados. Los últimos incidentes entre patrulleras de la Guardia Civil y policías gibraltareños y militares ingleses, han sido el detonante para que el gobierno británico exija y consiga que el Gobierno de España ceda a sus pretensiones de que la Guardia Civil deje de vigilar las aguas territoriales españolas.

Estas medidas son una consecuencia de los acuerdos que Moratinos, por orden de Zapatero, llevó a cabo con Londres.

Por otro lado, esta dejación de funciones del Gobierno de España, dejando de vigilar nuestras aguas territoriales, coincide con las quejas de algunos alcaldes españoles del llamado campo de Gibraltar. Esos ediles, como el de San Roque, Fernando Palma, que se sienten afectados por la competencia comercial que les genera el régimen fiscal especial de la colonia británica. Los alcaldes de la zona quieren una «buena vecindad», pero «siempre que esa política no suponga perjuicios para la comarca».