Sin Acritud…

El desembarco de China en América Latina. ¿Por qué Pekín es un socio “deseable” para la región?

China y BrasilXulio Ríos (3/7/2008)
LA DIPLOMACIA, ESENCIALMENTE ECONÓMICA, que China está implementando en América Latina está alterando a marchas forzadas las relaciones económicas exteriores de esta región y, con ello, quizás sentando las bases para una ulterior modificación de algunos ejes geopolíticos que hoy pudieran parecer inmutables.

En paralelo, mientras la imagen de Estados Unidos no mejora en la zona y la de la Unión Europea sigue experimentando quiebras sustantivas, China, aún estableciendo una clara diferenciación entre su modelo político interno (inadmisible, en términos generales) y externo (considerado de interés), es percibida globalmente en términos positivos, tanto por los gobiernos como por amplios sectores ciudadanos.

«La estrategia de Beijing tiene dos asuntos claves: el reconocimiento diplomático de Taiwán y el acceso a las materias primas».  No obstante, la moderación que, en general, preside el acercamiento de China a la región latinoamericana, en poco comparable a su estrategia africana, la intensificación de los vínculos comerciales, la presencia cada vez mayor de su diplomacia cultural (especialmente a través de la promoción de los Institutos Confucio) y su escasa implicación en las dinámicas de seguridad (lo que en parte explica que no se le considere una amenaza), contribuyen a resaltar la identificación de China como un socio deseable y deseado en muchas cancillerías.

EL VALOR DEL MERCADO CHINO
Sabido es que la estrategia de Beijing en la región tiene dos asuntos claves en la agenda: el reconocimiento diplomático de Taiwán y el acceso a las materias primas. «Para los países latinoamericanos, el entendimiento con China reduce dependencias de otros socios y facilita una mayor autonomía de sus políticas exteriores». Al abordar ambos temas, China se conduce con cautela y procurando evitar cualquier comportamiento que pudiera definirse como desafiante, no sólo en atención a cualquier país de la región, sino también en relación a Washington.

Este cúmulo de procederes le está permitiendo ganar influencia y respeto, aunque la región no se halle entre sus prioridades, esencialmente centradas en Asia y en Estados Unidos, y cierta decepción en algunos gobiernos que habían depositado grandes -y quizás infundadas- esperanzas en un boom de la inversión oriental.

Para los países latinoamericanos, el entendimiento con China reduce dependencias con respecto a otros socios y facilita una mayor autonomía de sus políticas exteriores. Esa diversificación es apreciada como un valor positivo.

RELACIONES EN ASCENSO: EL CASO DE BRASIL
«En 2007, el incremento del comercio entre China y Brasil fue del 46,4 por ciento en relación a 2006, alcanzando los 29.710 millones de dólares». Las relaciones de cooperación no dejan de crecer. Los intercambios de visitas de alto rango se suceden continuamente, estableciendo mecanismos de diálogo que ganan en contenidos. Estos días, He Guoqiang, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China (PCCh) y responsable de la lucha contra la corrupción, ha estado de visita en Cuba, Trinidad y Tobago, y Brasil, su principal apuesta en la zona.

Estos encuentros, al máximo nivel, en los que se involucra tanto a la diplomacia estatal como a la paradiplomacia partidaria, permiten mejorar la sintonía política y sustentarla en avances progresivos en el ámbito de los intercambios económicos.

Las relaciones entre China y Brasil constituyen un claro ejemplo. En 2007, el incremento del comercio bilateral fue del 46,4 por ciento en relación a 2006, alcanzando la cifra de 29.710 millones de dólares. China es su segundo socio comercial por detrás de Estados Unidos y por delante de Argentina. La empresa aeronáutica Embraer ya está produciendo en Harbin, en la norteña provincia de Heilongjiang, sus primeros modelos ERJ 145. La cooperación tecnológica, en bioenergía y satélites es también importante. En lo político, este entendimiento agranda el campo de maniobra de Brasilia en el ámbito internacional.

LAZOS COMERCIALES CON PROYECCIÓN POLÍTICA
En el marco de la preparación del IV Foro de los Países del Arco del Pacífico Latinoamericano, que se celebrará en Chile en octubre próximo, el Grupo de Reflexión liderado por México argumentó la importancia de desarrollar estrategias coordinadas en relación a Asia y, en concreto, con China. Inaugurada el 25 de junio en Panamá (con quien China intensifica los intercambios comerciales a pesar de la inexistencia de relaciones diplomáticas: 5.058 millones en 2007 frente a los 4.800 de 2006, el doble de su comercio con Cuba), esta reunión de trabajo ha servido para evidenciar la creciente significación reciproca de estas relaciones.Xulio Rios

El pragmatismo y la desideologización, apreciables incluso en relación a Cuba o Venezuela (aunque probablemente tanto en La Habana como en Caracas los factores ideológicos y geopolíticos no sean ignorados), son notas características que añaden profundidad y trascendencia a los lazos que China establece en América Latina.

Para China, América Latina sigue siendo un continente distante, respecto al cual, la prudencia debe primar en su estrategia de acercamiento a fin de evitar cualquier atisbo de interpretación antiestadounidense, pero la fuerza de los hechos sugiere una progresiva significación de los lazos bilaterales que más pronto que tarde, a medida que China se afiance como una potencia global y no sólo como un poder ascendente y periférico, tendrá una traducción política que irá en detrimento de otros actores externos presentes en la zona. Y puede faltar menos de lo que se cree para que así sea.

N. de la R.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China (Casa Asia-IGADI) y autor de «Mercado y control político en China» (La Catarata, 2007).

Este artículo se publica gracias a la gentileza del autor y de Safe Democracy.

 



Las secuelas del referendo irlandés: la democracia secuestrada

Alberto MonteroAlberto Montero (25/6/2008)
El pasado día 13 nos dejó la confirmación de que esta Europa de los mercaderes no gusta a sus ciudadanos, al menos a los que les preguntan por ella.

Desde entonces se ha abierto un periodo interesante en el que los líderes europeos tratan de explicar, hacer digerible y buscar soluciones al varapalo irlandés al proyecto elitista de construcción europea. Es ahora cuando, entre risas nerviosas y gestos contrariados, aquéllos acaban verbalizando lo que realmente piensan y el discurso soterrado hasta entonces sale a la luz sin contención ni mesura.

Revisando las declaraciones y reacciones de quienes gobiernan la Unión Europea y sus Estados miembros puede apreciarse como, en líneas generales, los términos de ese discurso se centran en torno a cuatro grandes ejes.

 

Las razones más simples son las que se callan

En primer lugar, no han faltado sesudas reflexiones acerca de las razones de la negativa de los irlandeses a ratificar el Tratado de Lisboa. En muchos casos, son simplemente  fuegos de artificio retóricos y con los que se trata de revestir con argumentos grandilocuentes los motivos de ese rechazo hacia Europa que, en lo fundamental, son mucho más simples de lo que nos quieren vender. De hecho, precisamente en su simpleza radica la razón de que se nos quieran ocultar esos motivos y sean sustituidos por argumentaciones más sofisticadas en claves específicamente nacionales. Como si los irlandeses fueran unos bichos raros que no se representan más que a ellos mismos y son en todo punto diferentes del resto de europeos a los que se nos debe suponer entusiasmados con el Tratado de Lisboa.

No hay que rascar mucho para entender que esta Europa del capital es insensible, cuando no contraria, a los intereses de sus ciudadanos; adolece de déficit democráticos que, para el caso de otros países del mundo, serían motivo más que suficientes para invadirlos en nombre de la restauración de la democracia y la preservación de los derechos de los ciudadanos; y avanza, de forma irrefrenable y a costa de derechos laborales y sociales que habían sido considerados avances para la civilización, hacia la consolidación de un espacio de acumulación para el capital del que sólo se pueden sentir orgullosos las empresas (que, por cierto, aunque no votan sí deciden y, si no, a qué viene tanto lobby suelto en Bruselas).

Ésas son, a mi modo de ver, las verdaderas razones o, al menos, las que la mayor parte de los europeos tendríamos en común en contra de la Europa que se está construyendo de espaldas a los ciudadanos. Por lo tanto, y en la medida en que parte del voto irlandés en contra del Tratado obedece también a esos motivos, aunque se trate de ocultar, me gustaría saber qué opinan al respecto y cómo piensan arreglarlo las autoridades europeas.

Sin embargo, mucho me temo que podemos estar seguros de que no oiremos a ningún líder europeo salir a la arena pública con esos argumentos para, a continuación, reconocer los errores, hacer acto de constricción y tratar de enmendarlos. Por el contrario, las invectivas se han dirigido contra los irlandeses; nada de extraer conclusiones generales peligrosas que pudieran poner en riesgo la construcción europea. Centrémonos en lo particular y difuminemos lo general, parece ser la directriz en torno a la que se han atrincherado aquéllos.

 

El mundo está lleno de desagradecidos

En segundo lugar, también llega ahora el momento de las recriminaciones, de echarles en cara a los irlandeses, y de paso a todos aquellos países que se han beneficiado de los fondos europeos para financiar su desarrollo, su falta de gratitud. ¿Cómo es posible que ellos, que en 1973 tenían una renta per cápita que apenas superaba el 60% de la media comunitaria y ahora supone el 140% de la misma, den la espalda a la profundización institucional de Europa? ¿Han olvidado ya que si se encuentran nadando en la prosperidad es gracias al saldo neto de los más de 55 mil millones de euros recibidos desde entonces?

La recriminación viene a alimentar así la argumentación de quienes piensan que los fondos sociales europeos deberían desaparecer porque ni siquiera sirven para comprar voluntades. ¡Qué poco rendimiento para tanto dinero!, debe rumiar más de uno en Bruselas.

 

Cuando la democracia es el error

En tercer lugar, también se han producido declaraciones cuestionando hasta los propios fundamentos de la democracia. En este caso, la vía de argumentación ha sido doble.

Por un lado, están quienes piensan que una cosa tan relevante como una Constitución -que es, en definitiva y como ya escribí en su momento, lo que es el Tratado de Lisboa- no puede ser sometida al libre albedrío de los ciudadanos que se gobernarán con ella. Y ello porque éstos andan siempre carentes de tiempo -¡y menos que tendrán una vez aprobadas las 65 horas semanales!- y capacidades para comprender las sofisticaciones jurídicas del texto en cuestión.

En este sentido, el editorial de El País del 14 de junio se hacía eco de dicho planteamiento sin ningún tipo de pudor: «Hay otros argumentos para explicar el rechazo. Tienen que ver con lo absurdo de someter a referéndum cuestiones tan complejas como las que albergan las casi 400 páginas de documento de Lisboa». ¿Queda claro, no?

Eso sí, si los irlandeses hubieran aprobado la ratificación del Tratado otro gallo hubiera cantado. En ese caso, nadie dudaría ahora de que sabían lo que estaban votando, lo conocían, comprendían y aprobaban. Con lo cual nos encontramos con el fantástico caso de que las facultades cognitivas de los ciudadanos se hacen depender de la valoración del texto en cuestión y sólo se les reconocen a quienes lo aprueban y están conformes con su contenido. Todo aquel que lo rechace, aunque sea de forma argumentada, serán tachado, como mínimo, de necio.

El corolario último es evidente: Irlanda está llena de necios y en el resto de Europa somos unos lumbreras que, conscientes de nuestra sabiduría, delegamos nuestra capacidad de decidir en nuestros representantes políticos para que ellos lo ratifiquen en nuestro nombre. A fin de cuentas, ellos saben bien lo que nos conviene a todos así que para qué molestarse en el engorroso acto de votar.

Y, por otro lado, están quienes argumentan que el voto de los ciudadanos de un país, aun cuando las reglas del juego se han fijado previamente para que la toma de decisiones se adopte por unanimidad, no puede paralizar un proyecto que implica a más de 500 millones de personas.

Es más, se abunda en la idea de que los irlandeses suponen tan sólo el 1% de la población total de Europa o, llevada al extremo y con tintes dramáticos, se remarca que la diferencia entre el avance y el estancamiento institucional de Europa ha dependido tan sólo de la voluntad de 110 mil votantes, esto es, el número de votos de diferencia entre los partidarios de rechazar la ratificación del Tratado y quienes querían ratificarlo.

La democracia se convierte, entonces, en una cuestión de aritmética pura y dura y no en un mecanismo de decisión colectiva que, sobre todo, tiene que velar por la preservación de los derechos de las minorías y que, en consecuencia, trasciende la simple aritmética electoral y se torna compleja en sí misma.

Sin embargo, todo ello se está ignorando en estos momentos. Es más, se obvia hasta que, para la aprobación del Tratado, la regla de unanimidad viniera impuesta de partida y fuera definitoria del proceso de toma de decisiones. Bastaría con que se reconociera esa cuestión para que cualquier discusión y todas las declaraciones al respecto quedaran definitivamente atajadas. Si un miembro no quiere, el proceso no avanza. No hay más que hablar.

 

¿Qué hacer ahora: ignorar o repetir?

Y, finalmente, el debate actual tampoco escapa a la cuestión de las posibles soluciones a la crisis institucional generada por el resultado del referendo irlandés.

Así, más allá de las declaraciones apesadumbradas aunque con altísimo contenido político como las del jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, cuando afirmó que «la vida debe seguir», los jefes de estado y autoridades europeas andan empeñados en afirmar que el Tratado de Lisboa sigue vivo, que la Unión Europea vive en permanente crisis y que, por lo tanto, lo que ha ocurrido no es ninguna novedad.

Y lo peor de todo es que tienen razón: el Tratado sigue vivo. De hecho, el Tratado es la misma Constitución Europea que, al ser rechazada por Francia y Holanda, mutó en el Tratado de Lisboa y que, ahora, al ser rechazado por Irlanda volverá a mutar en el Tratado de «pensamos-seguir-intentándolo-hasta-que-lo-consigamos».

(Por cierto, y permítanme el sarcasmo, ¿no creen que sería interesante saber si la Iglesia Católica considera pecado la manipulación genética de Tratados?).

En todo caso, también en el ámbito de las soluciones, y dando por hecho que el Tratado de Lisboa volverá a mutar en algo similar que tratará de aprobarse a toda costa, se presentan dos opciones que me parecen especialmente preocupantes.

Por un lado, desestimar el resultado irlandés, es decir, ignorar la decisión de los ciudadanos del único país que ha sometido a referendo el Tratado. O, lo que es lo mismo, desestimar el resultado de la voluntad de un pueblo democráticamente expresada y que era vinculante para el resto de la Unión Europea desde el momento en el que, como hemos dicho, para la aprobación de aquél rige la regla de la unanimidad.

Evidentemente, ello sólo se está planteando porque la negativa proviene de Irlanda. Si este resultado se hubiera obtenido en Alemania o Francia otras hubieran sido las vías de solución planteadas. ¿O es que cuando Francia votó no a la Constitución Europea a alguien se le ocurrió plantear que había que avanzar a toda costa en la construcción europea aunque eso implicara configurar una Europa a dos velocidades en la que Francia iría en el furgón de cola? Pues eso.

Y, por otro lado, están los que en un primer momento sugirieron la posibilidad de que Irlanda repitiera el referendo y que ahora la van consolidando. Así, los líderes de la Unión Europea se están planteando ya abiertamente que Irlanda repita su referendo en junio de 2009, coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo y asegurándosele, previamente, que mantendrán algunos privilegios (entre ellos, la conservación de su comisario).

Está visto que esos líderes tienen una percepción un tanto sui géneris de la democracia y entienden que los resultados de las votaciones sólo pueden ser válidos cuando coinciden con los esperados. ¡Ay de los ciudadanos de aquél Estado miembro que se atrevan a oponerse a la voluntad de quienes no someten la aprobación de una Constitución al veredicto de la ciudadanía! Serán condenados sin remedio, y en una suerte de versión postmoderna del mito de Sísifo, a repetir la votación hasta que el resultado sea el previsto.

El resultado final: la democracia secuestrada

Estas son, grosso modo, las líneas generales de los discursos que se han podido escuchar por parte de los líderes europeos tras la victoria del «no» en el referendo irlandés. Como puede apreciarse, se encuentran muy lejos de los que cualquier ciudadano mínimamente formado e informado podría considerar como democráticos. De hecho, muchos de ellos se sustentan sobre posiciones radicalmente antidemocráticas.

El problema es que mientras esos líderes quieren avanzar en la conformación de una Unión Europea de los mercaderes, en una Europa más preocupada por ser un mercado único que una sociedad de bienestar, a los ciudadanos ya ni siquiera nos quedan los mecanismos democráticos para expresar nuestra opinión e intentar encauzar el proyecto europeo en otra dirección.

Europa anda empeñada en robarnos la democracia porque piensan que no sabemos usarla; porque entiende que no somos responsables para decidir cuáles son nuestros intereses y cómo gestionarlos; porque supone que el mundo debe ser gobernado por técnicos y políticos profesionales en perfecta connivencia: técnicos que sirven a un proyecto político, políticos que sirven a intereses económicos. Mientras tanto, la ciudadanía sólo puede participar como espectadora y, cuando se le requiera, acudir a las urnas para votar a favor de un resultado, el que ellos previamente han determinado.

Ante este panorama, y secuestrada la democracia, ¿qué nos queda? ¿Resignación o revolución? Ustedes eligen.

N. de la R.

Este artículo se publica gracias a la gentileza del autor, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, y miembro de la Fundación CEPS, que también pueden ver en su bloq, La Otra Economía.

 



Serios problemas para la Administración Kirchner. La reversión de la transversalidad en Argentina

Fabián Bosoer (21/6/2008)

POCAS COSAS SOPORTAN menos los líderes políticos que encontrarse prisioneros de sus palabras y sus actos; víctimas de sus propios movimientos, fichas de un tablero en un juego que no logran dominar, que se mueve según sus propias reglas y no las que ellos imponen.

Muchas veces sienten que protagonizan los hechos, que inauguran un nuevo tiempo histórico merced a su extraordinaria voluntad política y clarividencia; pero muchas veces también son apenas actores interpretando -mejor o peor- un relato que obedece a una dinámica que los sobrepasa y que depende de otros factores. «La pregunta es quién representa lo viejo y quién lo nuevo ahora en la política argentina».

El ex presidente Néstor Kirchner tuvo el acierto de instalar la idea de la transversalidad política en Argentina como motor para volver a poner en marcha el sistema de partidos tradicional que había estallado con la crisis del 2001. La idea le permitió construir primero su propia gran base de apoyo al liderazgo presidencial atrayendo figuras y sectores políticos provenientes de distintas extracciones partidarias y sociales y luego conquistar el liderazgo del Partido Justicialista, que se había transformado en un gran cascarón de proa derruido en las costas y abandonado por sus viejos capitanes.

INVERSIÓN DE ROLES

Las ironías y astucias de la historia muestran una inversión de los roles, transcurridos tres meses de desgastante conflicto Gobierno vs. Campo y seis meses de más que complicada presidencia de Cristina Fernández Kirchner cuando tenía todo para ganar: «A veces, las formas de las políticas -en modo en que se elaboran, se deciden, se aplican y se transmiten- son tan o más importantes que los contenidos». Néstor Kirchner al frente del Partido Justicialista, con el apoyo de su estructura tradicional y su representación orgánica (un consejo partidario conformado por gobernadores, intendentes, dirigentes con base territorial y gremialistas) frente a una constelación transversal de fuerzas y figuras opositoras que atraviesan sus sellos originarios y confluyen en su oposición al oficialismo.

El gobierno que levantó las banderas de la movilización popular y el ejercicio de la participación ciudadana, y que defendió, con notable valentía, el derecho a la protesta por sobre otros derechos como el de libre tránsito, cuando se trataba de los piquetes y cortes de calles protagonizados por organizaciones populares y nucleamientos de desocupados, se ha encontrado de repente con una extendida movilización de base en el interior del país, iniciada por productores agropecuarios y extendida como válvula de escape del enojo de las clases medias urbanas y rurales con las políticas y estilos presidenciales.

¿UN PARTIDO DEL CAMPO?

La pregunta es quién representa lo viejo y quién lo nuevo ahora en la política argentina. El texto de la Carta Abierta firmada por 1500 intelectuales, que reproduce un lector en este blog (Safe Democracy), se anima a llamar a esta espontánea y latente coalición opositora como una nueva derecha que se inviste con el ropaje de la racionalidad ciudadana, adopta los giros de lenguaje y los deseos más significativos de una opinión colectiva sin la libertad última para ver que encarna los miedos de una época despótica y violenta.

En una nota anterior, quien esto firma se preguntaba si no se estaba ante la semilla de un posible partido agrario en el país, edificado sobre el vacío que dejaron los partidos tradicionales. Ahora, esa hipótesis va adquiriendo visos más explícitos. El diario La Nación lo explica así en un editorial:

A lo largo de nuestra historia, la falta de un auténtico partido de oposición determinó que en muchos casos el imaginario colectivo se sintiera impulsado a reconocer como virtual fuerza política opositora a los más insospechados sectores de la sociedad. Así ocurrió en distintos momentos de nuestro pasado con la Iglesia, con la Universidad, con las organizaciones sindicales y, en ocasiones, con los grupos económicos que mantenían alguna disputa más o menos ruidosa con el poder (nota del autor: se omite, curiosamente, recordar a las Fuerzas Armadas, protagonistas de tantos golpes de Estado).

En las últimas semanas, fue evidente que el sector rural ocupó ese estratégico lugar. El «partido del campo», por llamarlo así, cosechó las preferencias y simpatías de los sectores independientes y fue percibido por muchos argentinos como el núcleo de oposición más vigoroso y más representativo frente a un oficialismo ávido de acumular poder (Editorial del Diario La Nación, sábado 14/6).

En el reverso de la historia deseada por Kirchner, un Gobierno con políticas progresistas, respaldado por un peronismo comprometido y movilizado como representante de las mayorías populares frente a minorías privilegiadas o más aventajadas pero incapaces de articularse como fuerza política, la trama viró en otra dirección y nos muestra, en esta secuencia, a un Gobierno a la defensiva, conservador en sus prácticas, acusando de desestabilizadoras a las protestas y necesitado de apelar a la Gendarmería para despejar por la fuerza las rutas cortadas, frente a un estado de activismo ciudadano que se confunde con el reclamo específico de las entidades agropecuarias que motivó este vendaval.

OPOSICIÓN INORGÁNICA PERO VISIBLE

Así las cosas, los Kirchner -presidenta de la Nación y presidente del Partido- enfrentan una transversalidad inesperada -la de una oposición inorgánica pero visible- «La presidenta invocó la necesidad de acuerdos sociales y económicos con los sectores productivos, precisamente lo que le reclama el agro». Con los estilos, retóricas y lógicas clásicas del decisionismo presidencial, el verticalismo partidista y la ortodoxia gubernativa, en materia política y económica.

Acaso no esté tan mal el resultado, en tanto coloca el foco del conflicto en cuestiones como la ecuación crecimiento=distribución, imposición fiscal=asignación de recursos y los fuertes desequilibrios existentes en la relación entre Ejecutivo y Parlamento, entre la Nación y las provincias que derivan en centralismo y concentración del poder.

Todo eso está sobre la mesa de discusión planteada, pero falta que los actores se sienten ahora a esa mesa. Y a pesar de haberlo estimulado inicialmente, la paradoja es que el Gobierno puede perder ese debate.

ENTREVERSO FINAL

«A veces, las formas de las políticas -en modo en que se elaboran, se deciden, se aplican y se transmiten- son tan o más importantes que los contenidos». La presidenta Kirchner hizo campaña invocando la necesidad de acuerdos sociales y económicos con los sectores productivos, precisamente lo que ahora le reclaman las entidades del agro. Al anunciar un paquete de medidas para resolver el conflicto, rememoró desafiante las palabras de Raúl Alfonsín cuando sofocó la rebelión de los militares carapintadas en 1987: yo no voy a decirles «la casa está en orden», dijo Cristina y no tenía, realmente, razones para hacerlo.

Pero al día siguiente, las dos palabras que pronunciaron sus voceros evocaban la misma desafortunada respuesta, proclamando una vuelta de página y un punto final al conflicto con el campo. Los días subsiguientes mostraron lo contrario, una vuelta más en la espiral ascendente de esta confrontación que tuvo epicentro en la ciudad de Gualeguaychú, con la detención del dirigente agrario Alfredo De Angeli y otra ola de cortes de ruta y cacerolazos seguida de una prórroga más del paro agropecuario. Mientras tanto, las relaciones entre mayorías y minorías en el seno de la sociedad pueden moverse del eje sobre el que estuvieron situadas hasta el presente.

Hay lecciones inmediatas de este gran entrevero sin final a la vista. Las crisis brindan siempre una oportunidad. Y a veces, las formas de las políticas -en modo en que se elaboran, se deciden, se aplican y se transmiten- son tan o más importantes que los contenidos de esas políticas. La propia dinámica del juego democrático coloca a los protagonistas principales en su debido lugar, más allá de su voluntad. Y a veces, estos terminan siendo víctimas no solo de sus errores sino también de sus propios éxitos.

N. de la R.

Fabián Bosoer es politólogo y periodista. Es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Belgrano. Editorialista y editor de opinión del Diario Clarín. Ha publicado «Generales y embajadores. Una historia de las diplomacias paralelas en la Argentina» (Vergara, 2005) y  «Malvinas, capítulo final. Guerra y diplomacia en la Argentina» (Capital Intelectual-Claves para todos, 2007).

Este artículo se publica gracias a la gentileza del autor y de Safe Democracy. 



Unión Europea: la crisis que viene. ¿Y si todos los países miembros someten el Tratado de Lisboa a referendo?

Carlos Taibo (19/6/2008)

CASI TODOS LOS DATOS APUNTAN a que las instancias directoras de la Unión Europea, y con ellas la mayoría de los gobiernos de los Estados miembros, han decidido actuar como si nada hubiese ocurrido en Irlanda. Alguien dirá que, al fin y al cabo, esto es lo que, retórica aparte, hicieron también tres años atrás, cuando la mayoría de los franceses y de los holandeses se inclinaron por rechazar el tratado constitucional de la UE. «Hace meses, a los responsables de los Estados de la UE se les recomendó no señalar que el viejo tratado constitucional y el Tratado de Lisboa eran lo mismo».

Porque, y no nos engañemos, el texto aprobado en Lisboa el pasado otoño, sometido al dictamen de los irlandeses, no es sino el viejo tratado constitucional con algunas leves modificaciones.

 No se olvide al respecto, por cierto, que hace unos meses los responsables de los Estados integrantes de la Unión recibieron la recomendación expresa de no señalar, bajo ningún concepto, que el viejo tratado constitucional y el Tratado de Lisboa eran en sustancia lo mismo, no fuera a ser que, al menos en Francia y en Holanda, se hiciese valer algún legítimo descontento.

 ¿POR QUÉ SÓLO SE CONSULTA A LA CIUDADANÍA IRLANDESA?

Al margen de lo anterior, y ahora ya en relación con el referendo irlandés, los partidarios del Tratado de Lisboa han repetido en los últimos días dos argumentos que, en sí mismos, se antojan incontestables. «Irlanda es el único Estado miembro de la Unión Europea que, por imperativo constitucional, ha organizado una consulta popular en relación con el Tratado de Lisboa». Mientras el primero ha tenido a bien recordar que en el no irlandés se han dado cita posiciones políticas extremadamente dispares (otro tanto cabe decir, bien es cierto, en lo que se refiere a los sucesivos síes que se han hecho valer en los últimos meses), el segundo ha venido a subrayar que no parecía razonable que un pequeño país, más bien irrelevante, procediese a dictar el camino que el conjunto de la UE debía aprestarse a seguir.

Aunque esos dos argumentos anotan ideas tan respetables como razonables, uno tiene derecho a certificar que, sin embargo, parecen olvidar lo principal: sabido es que, de manera un tanto sorprendente, Irlanda es el único Estado miembro de la Unión Europea que, bien que por imperativo constitucional, ha organizado una consulta popular en relación con el Tratado de Lisboa. «El resultado de la consulta es más llamativo por cuanto que Irlanda es el país de la UE en el que ésta ha generado los efectos más saludables». Si se trata de preguntarse por qué los demás países no han convocado referendos, la respuesta es sencilla: porque los gobiernos correspondientes tenían motivos suficientes para concluir que, de haberlo hecho, lo más probable es que los hubiesen perdido.

El resultado de la consulta celebrada el pasado día 12 es tanto más llamativo, por añadidura, cuanto que Irlanda es desde hace un par de lustros el país de la Unión Europea en el que -según dicen- ésta última ha generado los efectos más saludables. Si el tratado de Lisboa ha naufragado en Irlanda, ¿qué es lo que nos sucedería en otros escenarios menos beneficiados por las aparentes venturas que la Unión genera?

DOS POSIBLES CAMINOS

Si lo he entendido bien, y por lo demás, los estamentos directores de la UE parecen sopesar dos únicas posibilidades para salir de este liviano atolladero. «A buen seguro que la reciente aprobación de esa impresentable ampliación de la semana laboral le ha abierto los ojos a más de un ciudadano irlandés». Si la primera pasa por forzar una repetición del referendo irlandés (con el escándalo, los cambalaches y los riesgos esperables), la segunda, y hoy por hoy la más probable, se asienta en la idea de seguir adelante con la ratificación del texto aprobado en la capital portuguesa y dejar, mal que bien, en la estacada a Irlanda.

Aunque la sociedad civil europea (si es que tal cosa existe) parece más bien desmovilizada, o, en su defecto, sólo saca la cabeza cuando expresamente se le pregunta algo, quiere uno creer que los dirigentes comunitarios están forzando en demasía las potestades que se hallan a su alcance.

Si, como se intuye, lo van a seguir haciendo, la Unión Europea puede adentrarse en una grave crisis que no tendrá su origen, pese a las apariencias, en el resultado de una u otra consulta popular celebrada en uno u otro país: nacerá, muy a contrario, de la creciente desafección de tantos ciudadanos que se sentirán legítimamente estafados y que, con su conducta futura, bien pueden colocar a una UE cada vez más tecnocratizada y burocratizada, y cada vez menos democrática, en un callejón sin salida.

A buen seguro, por cierto, que la reciente aprobación de esa impresentable ampliación de la semana laboral le ha abierto los ojos a más de un ciudadano irlandés.

N. de la R.

Para más información, ver el trabajo de Eugenio Pordomingo, en Mi Columna, titulado  «Irlanda, el único país consultado, dice NO al Tratado de Lisboa«.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los mayores expertos en Rusia y Europa del Este. Da clases en el Master en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid y ha publicado decenas de libros sobre política internacional.

Este artículo se publica gracias a la gentileza del autor y de Safe Democracy.

 

 



Kosovo desde España. Los grandes partidos políticos en contra de la independencia, frente al júbilo de los nacionalistas

kosovoInternacional
Ricardo Angoso (12/6/2008)
DE LA MISMA FORMA, Izquierda Unida (IU) se sumó al consenso y condenó lo que era más que una vulneración del Derecho Internacional; también los partidos comunistas de Europa se unieron al rechazo por la decisión y numerosas voces, de distinto signo político, también criticaron la precipitada declaración unilateral de independencia de esta región serbia.

En la política española, sin embargo, las grandes formaciones nacionalistas, entre las que destacaban el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se mostraron muy satisfechas por el proceso iniciado por los radicales albanokosovares y expresaron su solidaridad y apoyo al nuevo Estado nacido, según algún dirigente de ERC, democráticamente. Los temores a que el efecto de la independencia de Kosovo tuviera alguna influencia en la política interna española no se cumplieron, pues como suele suceder en España, y sobre todo en plena campaña electoral, los asuntos internacionales no preocupan en exceso a una opinión pública poco conocedora de estos embrollos tan lejanos pero a la vez tan cercanos.



Caso Emilia Casas. Razones para una dimisión

Emilio Campmany (9/6/2008)

Con el fin de controlar los daños, el Gobierno ha filtrado a El País la trascripción de la conversación telefónica entre la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, y una abogada, presunta instigadora del asesinato de su marido. La noticia de que tal conversación había sido grabada en el marco de la investigación del asesinato de un hombre que acababa de obtener la custodia de su hija había sido publicada en exclusiva por ABC. Se supo entonces que la juez que investiga el caso remitió al Tribunal Supremo la grabación por si resultara de ella la comisión de un delito por parte de la presidenta del Constitucional.

Con ocasión del debate acerca de la constitucionalidad de la enmienda Casas (la que ha permitido que la presidenta siga siéndolo a pesar de haber transcurrido el plazo de tres años que fija la Constitución), el tribunal decidió que el listón de la integridad de sus miembros debía ponerse tan alto que una opinión sobre una ley sometida a debate dirigida en privado a un compañero tenía que ser causa suficiente para que prosperara una recusación. Esto apartó a dos magistrados conservadores del debate y la enmienda Casas fue considerada constitucional.

La noticia de que la presidenta del tribunal había asesorado a una persona sobre un asunto de violencia de género, cuya ley ha sido cuestionada por inconstitucional, ponía en entredicho la conducta de Casas, dispuesta, al parecer, a ver la paja en el ojo ajeno y a no contemplar la viga en el propio.

Por eso, este miércoles, El País ha publicado la trascripción de la conversación, con el fin de demostrar, ante todo, que en ella la presidenta no emite ninguna opinión sobre la constitucionalidad de la ley de violencia de género.

Y, en efecto, no la emite. Sin embargo, el periódico se ve obligado a interpretar favorablemente otros aspectos de su conducta. Así, afirma que la trascripción demuestra que la presidenta no cometió ningún delito, pues, aunque el artículo 441 del Código Penal tipifica como tal el asesoramiento que un funcionario pueda realizar en asunto en el que deba intervenir por razón de su cargo, se supone que eso no incluye la emisión de una mera opinión por razón de amistad.

Lo cierto es que el asesoramiento del que habla el Código Penal no es sólo el permanente, sino también el accidental. ¿Entonces? Ocurre que la presidenta, según lo trascrito, no llega a asesorar, pero no porque no tenga intención de hacerlo, sino porque en la fecha en la que llamó a la abogada para asesorarla, después de un largo tiempo dedicado a estudiar los papeles, el marido ya estaba muerto y, por lo tanto, el asesoramiento para ver el modo de quitarle la custodia de la niña y que la madre la recuperara ya no era necesario. O sea, el delito no ha llegado a cometerse. Pero ¿cabría una condena por comisión en grado de tentativa?

Por último, el periódico de izquierdas recuerda que los magistrados del Constitucional sólo pueden ser sancionados cuando cometen un delito.

Esto no es así. El artículo 23 de la Ley Orgánica que regula el Tribunal establece que: «Los magistrados del Tribunal Constitucional cesan (…) por violar la reserva propia de su función». Tal cese, en su caso, ha de ser decidido por el pleno del mismo tribunal. De la conversación no resulta que María Emilia Casas esté incursa en esta causa de cese, pero no cabe duda de que ha estado a punto de estarlo, pues, al final de la conversación, le pidió a la abogada que, en el caso de llegar a interponer por cualquier motivo el recurso de amparo al Tribunal Constitucional, volviera a llamarla. Y ¿para qué iba a llamarla si no era precisamente para violar la reserva propia de su función?

Jurídicamente es probable que el caso no merezca otra cosa que su archivo. Sin embargo, eso no quita para que la predisposición de la presidenta a llevar a cabo un asesoramiento que, de haberse dado, pudiera haber sido un delito, y a vulnerar la reserva a la que está obligada debiera conducir a su dimisión. Especialmente si consideramos que ostenta su cargo en virtud de una prórroga que fue considerada constitucional por no permitir a dos magistrados conservadores votarla al exigírseles un grado de integridad superior al que parece haberse exigido a sí misma.

N. de la R.

Emilio Campmany es licenciado en Historia Contemporánea y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es Registrador de la Propiedad. Su novela «Operación Chaplin», cuya trama gira alrededor del atentado que sufrió José María Aznar en 1995 a manos de la ETA, fue finalista del V Premio Río Manzanares en 2003.  Colabora con la revista Chesterton y con Libertad Digital.

Este artículo se edita gracias a la gentileza del autor y del GEES (Grupo de Estudios Estratégicos).



El PP tiene miedo a que “asuntos” desconocidos le hagan perder otro millón de votos

Baltasar Pérez (30/5/2008)
El Centro de Investigaciones Sociológicas ha hecho público los esperados resultados del primer barómetro electoral, realizado tras las elecciones del 9 de marzo de este año. La encuesta  se llevó a cabo en la última semana de abril. A pesar de que el Partido Popular había entrado en crisis, todavía los casos de María San Gil y José Antonio Ortega Lara, entre otros, no habían tenido lugar.

De acuerdo con los datos aportados por el CIS, la distancia entre el PSOE y el PP, en esta «fotografía» sociológica, es de  6 puntos, más o menos, el doble de la que se dio en las últimas elecciones generales. Por otro lado, tan solo el 36,8 por ciento de los que declaran haber votado al PP valoran como buena la labor de la oposición.

La intención de voto en las fechas en que se realizó la encuesta nos ofrece una franja de 16 puntos entre los que opinan que votarían al PSOE y al PP, a favor del primero.

Estos datos han caído como un jarro de agua fría entre los sectores cercanos a Mariano Rajoy, ya que confiaban que la «sonrisa» y el «buen rollito» con los partidos periféricos (nacionalistas) les iban a añadir una riada de votos.

Las encuestas que con ansiedad todos esperaban, han provocado más destrozos que una bomba de racimo en los pisos altos de Génova 13. Menos mal que el CIS, caritativo en estos aciagos días, le ha dado a Mariano Rajoy un 4.24 en valoración personal (no aprueba), superior a la que tenía en la última encuesta.

La pérdida de confianza entre los votantes del PP es muy significativa, pues sólo consigue el 20,5 por ciento; mientras que la desconfianza llega al 75 por ciento de los encuestados. Por lo que respecta a las personas que declaran haber votado al PP, un 36,8 por ciento valoran como «buena» o «muy buena» la labor de oposición de Mariano Rajoy.

Un escalofrío recorre las espaldas «no mojadas» de los nuevos jerifaltes del PP. ¿Qué datos daría ahora el CIS, tras los nuevos «sucesos» de María San GilJosé Antonio Ortega Lara, Alejo Vidal Cuadras, el artículo de Gabriel Elorriaga y  las «movidas» de Alberto Ruiz-Gallardón?

Para terminar de hundir a Rajoy y a otros muchos del PP,  sólo faltaría que alguien se atreviera a «salir del armario», que se hicieran públicas algunas de las cintas grabadas por orden judicial en la «Operación Malaya», que «reviviera» algún hermano presuntamente gallecido de un líder popular, o que se descubriera algo de la «ruta Canadá»… Sería el acabose.



¿Quién apoya a Evo Morales en Bolivia?

Alberto Montero (28/4/2008)

La última encuesta de Gallup sobre Bolivia pone de manifiesto dos cosas importantes en relación con los apoyos con los que Evo Morales cuenta entre la población boliviana.

Una de ellas es más que evidente y la encuesta sólo viene a confirmar la percepción que cualquiera que siga la realidad de Bolivia puede tener: Evo Morales cuenta con el apoyo mayoritario -el 64%- de la población pobre y de la clase trabajadora. Es el presidente de los pobres, de los desposeídos que esperan que promueva un cambio social, político y económico que, de una vez por todas, acabe con las situaciones de exclusión y pobreza en las que vive la mayoría de la población de ese país.

Pero, además, la encuesta revela que, en su proyecto transformador, Morales no sólo está arropado por quienes pudiera pensarse que son sus partidarios tradicionales e incondicionales sino que también cuenta con el apoyo del 40% de las clases media y alta.

Esto significa que la imagen de una Bolivia quebrada por las políticas indigenistas o populistas del actual gobierno es muy poco cierta en sus líneas generales. De hecho, el último informe del Latinobarómetro para el año 2007 mostraba que el 60% de la población apoyaba la gestión del gobierno actual.

Hay razones que permiten explicar el porqué del mantenimiento de ese apoyo popular que, sin embargo, tanto desde la oposición como a través de los medios de comunicación trata de minusvalorarse o, lo que es peor, de rechazarse.

La razón principal la aporta también el Latinobarómetro. Según el mismo, Bolivia es el país de América Latina en donde más ha avanzado el apoyo a la democracia por parte de la población desde que gobierna Evo Morales: del 49% en 2005 al 67% en 2007. Es más, la confianza en que el sistema democrático es el mejor sistema de gobierno ha aumentado 20 puntos en los últimos cinco años y llega actualmente hasta el 81%. Y, más aún, la percepción de la población de que Bolivia es un país cada día más democrático ha ido en ascenso desde la llegada al poder de Morales.

Evidentemente, esto significa que la población boliviana percibe que su capacidad de influencia en la política a través de mecanismos institucionales de naturaleza democrática ha ido en aumento; que el poder está dejando progresivamente de percibirse como un reducto controlado por las élites criollas tradicionales y pasa a extenderse de forma horizontal entre el pueblo. Ello sólo es posible cuando desde las instituciones se promueve esa participación democrática y se alienta la implicación de los ciudadanos en la actividad política; cuando se incita a las clases populares a que asuman su responsabilidad de participación democrática como cauce ineludible para aumentar su nivel de empoderamiento y, con ello, sus posibilidades de avanzar en la transformación social tal y como lo está haciendo el gobierno de Evo Morales.

Pero hay más elementos que contribuyen a explicar el apoyo popular y el refuerzo de la confianza en la democracia en Bolivia. Y son razones que también tratan frecuentemente de ser tergiversadas: mientras que en el año 2004 el 68% de la población tenía dificultades para llegar a fin de mes, en 2007 ese porcentaje se ha reducido al 47%, esto es, más de 20 puntos. Evidentemente, todo ello gracias a que, por ejemplo, entre los años 2006 y 2007 se redujo la tasa de paro desde el 24% al 15%.

Así, el reforzamiento de la percepción democrática del país ha ido acompañado de una mejora tanto en la situación objetiva como en la sensación subjetiva sobre la evolución económica. El avance es paralelo: la confianza en la democracia y la mejora en los niveles de ingreso han ido en aumento durante estos dos años de gobierno y ello sin duda -y a pesar de todos los errores de gobierno y lo que pudiera haberse hecho y no se hizo- redunda en el mantenimiento del apoyo a Evo Morales.

Pero si seguimos analizando los datos nos encontramos con nuevos elementos que también conviene destacar.

La realidad cultural y política de Bolivia es tan compleja que los apoyos a Morales no pueden entenderse exclusivamente en términos ideológicos vinculados a los conceptos tradicionales de derecha e izquierda.

De hecho, cuando se realizan los análisis desde esa perspectiva, que es una de las predominantes en muchos medios de comunicación, se plantea que aquél sólo encontraría sustento entre el electorado de izquierdas y, seguidamente, se pasa a la descalificación de su proyecto transformador acusándolo de su presunto talante socialista como si ello, por otra parte, fuera una opción ilegítima.

Para rebatir la simpleza de tal análisis bastan dos elementos que no pueden ser obviados. En primer lugar, que, precisamente, es el pueblo boliviano el que cada vez desconfía en mayor medida de la economía de mercado como sistema que permita promover el desarrollo económico: el porcentaje de población que cree que ese es el camino se ha reducido del 64% en 2005 al 54% en 2007.

Y, en segundo lugar, el Latinobarómetro también muestra que el país ha ido reduciendo los niveles de polarización política y va situándose en posiciones más centradas políticamente sin que por ello disminuya el apoyo popular al gobierno.

Por lo tanto, y en la medida en que el apoyo no se sustenta sobre posiciones ideológicas muy definidas, deberán introducirse algún elemento adicional para tratar de comprender la complejidad de la situación.

En este sentido, lo que nunca puede obviarse en Bolivia son los factores étnicos y culturales. Desde ese punto de vista, Evo Morales es considerado como el presidente capaz de impulsar un proceso de transformación social generador de inclusión social para la mayor parte de la población y, especialmente, para los pueblos y naciones indígenas originarios; como el líder de lo que en algunos ámbitos se conoce como la «segunda independencia».

Ese planteamiento queda reforzado por el dato de que el 71% de la población boliviana opina que, en su país, el conflicto entre personas de distinta raza es fuerte o muy fuerte, lo que constituye la expresión inequívoca de que estamos ante un conflicto étnico y cultural en el que el presidente aglutina las esperanzas de cambio de los tradicionalmente oprimidos y excluidos. Unos excluidos que no sólo lo son étnica y culturalmente sino que también lo son económicamente, según nos indica el dato de la encuesta de Gallup con el que abríamos este texto.

De esta forma, en la medida en que el proceso de transformación avanza a través del refuerzo de la legitimidad de las instituciones y de los mecanismos democráticos de participación y los excluidos tienen mayores posibilidades de acceso a los mismos, se mantiene e incluso crece el apoyo popular al Presidente de un Estado cuya población indígena y mestiza es mayoritaria y ésta, a su vez, es mayoritariamente pobre.

Pero, además, ello ocurre con independencia de la ideología y de la posición en la escala social porque cabría plantear, desde esa perspectiva, la existencia de barreras para los mestizos de las clases media y alta para la promoción social o el acceso a los resortes del poder. Esto que explicaría parcialmente el que el 40% de los integrantes de esas clases medias y altas apoyen el liderazgo de Morales por considerar que su proyecto intenta eliminar la discriminación a todos los niveles.

Todo ello nos conduce a una conclusión muy evidente y que constituye, a su vez, la respuesta a la pregunta que da título a este artículo: a Evo Morales le apoyan la mayoría de los excluidos de Bolivia, lo sean económica, cultural o étnicamente. Y eso, en Bolivia, significa que lo apoya la mayor parte de la población. Guste o no guste y le pique a quien le pique.

 N. de la R.

Este artículo se publica gracias a la gentileza del autor, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, y miembro de la Fundación CEPS, que también pueden ver en su bloq, La Otra Economía.



España: el golpe a ETA no supone su fin

Sin Acritud…
Sagrario Morán (27/5/2008)
¿Qué sucederá tras la captura del “nido político-militar” de la banda terrorista en Francia?

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS EN LAS QUE ETA figuraba como protagonista fueron consecuencia de su actividad terrorista. Los asesinatos del ex concejal socialista Isaías Carrasco y del guardia civil Juan Manuel Piñuel, así como numerosos atentados en diferentes poblaciones vascas, han colocado a ETA en los últimos meses en el centro de la diana mediática.



La política exterior de México, en la encrucijada

Luciano Anzelini (24/5/2008)

LOS MANDATARIOS de Estados Unidos (George W. Bush), México (Felipe Calderón) y Canadá (Stephen Harper) concluyeron su participación en la cuarta cumbre de América del Norte a finales de abril con una cerrada defensa del pacto comercial que los une desde el uno enero de 1994 (Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN).

El encuentro, celebrado en Nueva Orleans (Estados Unidos), permitió que los presidentes de los dos primeros países debatieran asuntos claves de la agenda bilateral como la seguridad y las migraciones.

Lo discutido vale como de punto de partida para reflexionar acerca de los dilemas que enfrentará la política exterior mexicana en el futuro cercano.

EL ESTANCAMIENTO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL

Más allá de la defensa enérgica que hicieron los mandatarios del tratado comercial que los vincula, lo cierto es que el TLCAN está siendo centro de múltiples cuestionamientos. «La apuesta de México por la globalización económica se ha complicado a tal grado que se requieren ajustes a la estrategia original en materia comercial y de integración regional». Por el lado de Estados Unidos, los precandidatos demócratas Hillary Clinton y Barack Obama han planteado que, de ganar en noviembre, impulsarán una renegociación integral del mismo. Del lado mexicano, buena parte de la dirigencia política, los analistas y la opinión pública han empezado a percibir un fuerte desgaste del proceso iniciado hace más de catorce años.

Entre los factores que llevan a pensar en la necesidad de cambios en materia comercial y de integración se cuentan aspectos tanto globales como regionales. Cabe señalar, entre ellos, el estancamiento de las negociaciones multilaterales en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC); el fracaso de las negociaciones hemisféricas para un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA); los nuevos acuerdos bilaterales de comercio firmados por Estados Unidos con América Central y otros países de América Latina; y el rápido avance de China en el mercado estadounidense, que ha desplazado a México como segundo socio comercial de Washington. «Se ha gestado un incipiente proceso de securitización del narcotráfico y otras actividades delictivas en la frontera binacional mexicano-estadounidense».

Como afirma el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE), en su informe México y el Mundo 2006: La apuesta por la globalización económica en la que se embarcó México en los últimos quince años se ha complicado a tal grado que se requieren ajustes a la estrategia original en materia comercial y de integración regional. No hay condiciones para impulsar una relación más estrecha de integración económica con Estados Unidos y Canadá. El país ha perdido competitividad, ha quedado al margen de los procesos de integración en América del Sur (como el Mercosur y la Comunidad Sudamericana de Naciones) y los beneficios iniciales del acceso preferencial al mercado norteamericano que le abrió el TLCAN se han diluido ante el avance del bilateralismo comercial de Estados Unidos.

INICIATIVA DE MÉRIDA Y SECURITIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS FRONTERIZOS

«La intención de los agentes securitizadores es obtener poderes especiales para hacer frente a esa amenaza específica, escapando de reglas que hubieran constreñido su accionar». Paralelamente a la pérdida de competitividad de México en el plano comercial se ha venido gestando en los últimos años un incipiente proceso de securitización del narcotráfico y de otras actividades delictivas que tienen lugar en la frontera binacional mexicano-estadounidense. ¿Qué significa que los asuntos bilaterales se securitizan? Conviene ser precisos en este punto, dado que el uso del neologismo securitización se ha generalizado en los últimos tiempos, y no siempre del modo apropiado.

Barry Buzan y, miembros de la llamada Escuela de Copenhague en Relaciones Internacionales, entienden a la securitización como el proceso de construcción, a partir de la percepción de los actores, de una amenaza existencial con efectos políticos sustanciales. Para estos autores, la intención de los agentes securitizadores (es decir, los actores que definen a un fenómeno como amenaza) es obtener poderes especiales para hacer frente a esa amenaza específica, escapando de procedimientos y/o reglas que de otra manera hubieran constreñido su accionar.

En otra palabras, y ciñéndonos al caso que nos ocupa, los gobiernos de Estados Unidos y México (agentes securitizadores) impulsan la aprobación de medidas extraordinarias (las reformas comprendidas en la Iniciativa de Mérida) para hacer frente a las amenazas del delito transnacional que se expanden por la frontera compartida. «A los retrocesos recientes experimentados por México en materia comercial, se suma el hecho de que la seguridad ha pasado a dominar la agenda bilateral».

En este contexto, y con características similares al proceso que culminó con el diseño del Plan Colombia hace siete años, el presidente mexicano Calderón viene acicateando una reforma penal que incluiría juicios orales, una policía nacional y una figura legal como la extinción de dominio, que permitiría que los bienes del narcotráfico pasaran a manos del Estado sin juicios de por medio. En esta línea, el Procurador General mexicano, Eduardo Medina Mora, afirmó recientemente que la experiencia colombiana es un referente obligado en la lucha contra la delincuencia organizada para la reconstrucción de las capacidades del Estado.

En definitiva, la Iniciativa de Mérida vendría a completar un cuadro sombrío que comenzó con el endurecimiento de las medidas de seguridad y control fronterizo y con el estancamiento del debate legislativo sobre la reforma a las leyes migratorias vigentes en Estados Unidos. De este modo, a los retrocesos recientes experimentados por México en materia comercial, se suma el hecho de que la seguridad ha pasado a dominar la agenda bilateral, lo que tendrá efectos ostensibles sobre el futuro de la política exterior mexicana.

EL QUIEBRE DEL VIEJO CONSENSO EN POLÍTICA EXTERIOR

La política exterior mexicana durante casi todo el siglo XX (desde la Revolución hasta la década de 1990) estuvo dominada por una serie de principios de carácter nacionalista-defensivo. «La firma en 1992 del TLCAN por parte del gobierno de Salinas implicó un quiebre sustancial con los principios tradicionales de la política exterior mexicana». Como se indica en el mencionado informe del CIDE: Esta visión, que dominó el período anterior a la firma del TLCAN, concibe la política exterior como un dique de contención frente a los múltiples problemas que se derivan de un entorno mundial esencialmente hostil e inseguro.

El núcleo duro de esa política exterior comprendía, entre otros aspectos, una visión del sistema internacional y una identidad nacional construidas desde el Sur; un distanciamiento crítico (siempre que fuera posible y realista hacerlo) del poder omnímodo de los Estados Unidos; una participación acotada en los foros multilaterales; y una acérrima defensa de los principios de la soberanía nacional y la no intervención.

Sin embargo, la firma en 1992 del TLCAN por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (y su puesta en marcha a partir del uno de enero de 1994) implicó un quiebre sustancial con los principios tradicionales de la política exterior mexicana. «El triunfo de Fox condujo a la revisión de los postulados nacionalistas herederos de la Revolución. Se tejió así una política exterior activa en la promoción de los derechos humanos y de la democracia».

Si bien la visión nacionalista y defensiva (que cultiva una soberanía fuerte) se mantuvo inalterada en materia de derechos humanos y seguridad, en el plano económico comenzaron a aplicarse de manera acelerada las recetas de apertura hacia el Norte. El comercio floreció (las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentaron en un 400 por ciento) y también treparon las inversiones (México recibió 120.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses en los últimos catorce años, un promedio anual cinco veces superior al que recibía antes de la firma del tratado).

Las transformaciones de la política exterior mexicana no quedaron limitadas a la apertura comercial en el marco del TLCAN. Seis años más tarde, el histórico triunfo de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), tras setenta años de predominio priísta, condujo a la revisión de los postulados nacionalistas y defensivos herederos de la Revolución. De este modo, se tejió una política exterior activa en la promoción de los derechos humanos, la defensa de la democracia y una participación extendida en los foros multilaterales.

COYUNTURA CRÍTICA Y NUEVOS DESAFÍOS

Pese a los cambios experimentados en los últimos años en materia de inserción internacional (muchos de ellos, sin duda, positivos), lo cierto es que la estrategia mexicana pareciera haber encontrado un límite en lo comercial, y renovados desafíos políticos y de seguridad. Se trata, en definitiva, de un círculo complejo que se realimenta con consecuencias impredecibles.

«Está la discusión acerca de con qué regiones debería México fortalecer sus vínculos. Esto es, el debate de la diversificación de los vínculos externos». El endurecimiento de las medidas de seguridad en la frontera binacional, el estancamiento de la reforma migratoria en Estados Unidos y la securitización del narcotráfico y otras actividades delictivas han reducido notoriamente las posibilidades de profundizar el proceso de integración iniciado en 1994. Los temas de seguridad han pasado a dominar la agenda bilateral, complicando así el futuro de la relación entre los países.

En este contexto, tres asuntos asoman como prioritarios en la agenda del presidente Calderón. En primer lugar, la alternativa de profundizar o renegociar el TLCAN, cuestión que dependerá, en grado sumo, de quién sea el candidato que triunfe en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre.

En segundo lugar, despunta el debate acerca de la identidad y los valores que orientan la política exterior. En este sentido, la experiencia liberal del PAN (proactiva en lo que hace al intervencionismo humanitario) ha renovado la polémica sobre el principio de no intervención. En otras palabras, se trata de la tan mentada discusión sobre soberanía absoluta versus soberanía limitada.

Finalmente, está la discusión acerca de con qué regiones debería México fortalecer sus vínculos. Esto es, el debate (que muchas veces fue simplificado con la opción mutuamente excluyente de la mirada puesta en el Norte o en el Sur) de la diversificación de los vínculos externos. Así pues, fuertemente limitada como está la profundización de las relaciones con América del Norte, cabe preguntarse acerca de si podrá México acoplarse a las experiencias australes del Mercosur o la Unión Sudamericana de Naciones.

Las respuestas a estos interrogantes no son sencillas ni están exentas de disyuntivas. Todo lo contrario, en el interior del debate está la más axial de las cuestiones de la política internacional: el dilema de cómo combinar valores e intereses en un mundo incierto y hostil.

N. de la R.

Luciano Anzelini es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Máster en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Es docente e investigador de la UBA y ha sido becario de la Fundación Ford de los Estados Unidos y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en proyectos de investigación sobre las relaciones Estados Unidos-América Latina. Además es como consultor en un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y como analista internacional en diversos medios.

Este artículo se publica gracias a la gentileza del autor y de Safe Democracy.




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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826

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