José Manuel González Torga (20/2/2006)
Aquello de cuarto poder sonaba muy solemne; pero era algo exagerado. Tanto si lo anticipó Edmund Burke (1729-97) como si lo acuñó Lord Thomas Ratington Macaulay (1800-59) eran brindis interesados a los cronistas parlamentarios de la época. Otra cosa significaría en la pluma de Honorato de Balzac (Revue Parissienne, de agosto de 1840) ya que el escritor francés dedicó páginas envenenadas a la Prensa.
Realmente, en España, sólo hay un viejo periódico que participa directamente del poder, en sentido estricto: el B.O.E., continuador de la Gaceta de Madrid, fundada por don Juan de Goyeneche, hace más de tres siglos. En Guinea Ecuatorial, por cierto, a falta de un equivalente del B.O.E., las disposiciones oficiales hay costumbre de difundirlas por TV (cuando funciona).
Entre los fines del Periodismo, en nuestro tiempo, figura más bien el comportamiento como contrapoder. Como cancerbero para vigilar los excesos del poder, en el territorio de quienes lo encarnan y lo tienen bajo su jurisdicción temporalmente. Lo malo es que algunos políticos en el ejercicio de sus cargos pretenden atar en corto al perro guardián y ponerle bozal.
La revista CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE), dirigida por el veterano periodista Alberto Delgado, publica en su número 97, de febrero de 2006, una substanciosa entrevista que José María Sulleiro (con fotos de Carmen Costa) ha sostenido con Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Del texto total del diálogo, entresacamos dos pasajes relativos a tramitaciones en el telar sobre el ejercicio profesional del Periodismo.
«Los procesos de regulación -explica González Urbaneja– no son exclusivamente de España. Con la disculpa de prevenir el odio y la violencia, Blair consiguió aprobar una ley sobre la información que introdujo restricciones serias en la libertad de expresión y, felizmente, fue corregida en la Cámara de los Lores. En la Patriot Act estadounidense también aparecen restricciones, acordadas entre la Administración y los editores. Ciertamente se está produciendo una corriente contraria a la libertad de expresión basada en los peligros que esa libertad puede significar para la seguridad.
En el caso español, hay un elemento adicional inquietante, y es la convicción de algunos políticos de que el voto legitima cualquier actuación del Ejecutivo. Es decir que la representación del Parlamento es soberana para todo y que puede regularlo todo. Eso es lo contrario de la democracia, que, precisamente, delimita y restringe la actuación ilimitada de cada poder. Por mucha soberanía que encarne el Parlamento, no puede convertir a los niños en niñas ni a las vacas en cobras, porque eso no depende de ninguna voluntad popular. La libertad de expresión es intrínseca a la democracia y está por encima de criterios políticos».
Más adelante, éste es el otro fragmento del diálogo aquí seleccionado:
«- Algunos de los proyectos de regulación parecen muy intervencionistas.
– Efectivamente, estamos en activo combate contra ellos. Intentamos explicar a unos y otros que no pueden meterse y que no deben meterse en esos temas. En el caso del Consejo Audiovisual de Cataluña, hay otro asunto preocupante y es esa asunción que han hecho de que son el Servicio de Estudios de la Buena Práctica Periodística, o sea, que nos va a explicar cómo se hace la información sobre las catástrofes, o sobre el Estatuto, o sobre la vida social o el deporte. Es decir, que van a hacernos un libro de estilo. Es una extravagancia. Debe de ser que les sobra tiempo y buena voluntad.»
Con la actual Junta Directiva, la Asociación de la Prensa de Madrid funciona eficazmente en cuanto a sus tradicionales fines de carácter asistencial con los asociados. Acabo de comprobarlo con un hijo en la madrileña Clínica de la Concepción (Fundación Jiménez Díaz). Pero, además, el Presidente demuestra tener ideas claras sobre aspectos de la actividad profesional como la libertad de expresión, que alcanzan a toda la sociedad.
El Periodismo de denuncia cuenta con una trayectoria luminosa, pese a los intentos de descalificación. Un presidente de los EE.UU., insultó como rastrilladores de estiércol a los periodistas más batalladores de su tiempo, que asumieron con orgullo la descalificación recibida, dignificando su sentido, heredado en generaciones posteriores por los nuevos muckrakers.
La historia de la eclipsada agencia UPI, que merecería la evocación total, muestra perlas anecdóticas para todos los gustos. Por asociación de ideas me viene a la memoria la que sigue:
Uno de los pintorescos personajes que pasó por la presidencia de la agencia de noticias fue John Jay Hooker, abogado de Tennessee, elegido, por votación a través de una revista, como el hombre más elegante de América. Repetía, entre sus anécdotas favoritas, cómo el presidente de Greyhound -firma puntera entre las líneas de autobuses de EE.UU.- instaló retretes de pago, añadiendo así un nuevo producto rentable, para atraer una demanda de los viajeros que buscaban habitualmente los «servicios» en las paradas. Extrapolando el ejemplo, Hooker creía formular de este modo el santo y seña frente a las dificultades económicas que vivía la empresa: «Tenemos que encontrar el retrete de pago para la UPI».
A distancia, las líneas subconscientes, guardan algún paralelismo, entre los dos ejemplos, tanto por el tono escatológico como porque resultaron inservibles para los fines pretendidos.
UPI no descubrió los excusados de Eldorado. La acusación de rastrilladores de estiércol no sólo no detuvo a los afectados sino que la adoptaron y fue recibida en herencia, como apellido con abolengo, por los continuadores. Los nuevos intentos de dirigismo y de mordaza no deben prevalecer. Quien, por la naturaleza de las cosas, ha de ser vigilado, no tiene sentido que se erija en supervisor del guardián.
Cada cual debe atenerse a su papel.
N. de la R.
José Manuel G. Torga es periodista y Profesor de «Redacción Periodística» en la Universidad San Pablo CEU.
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