Carlos Trotta (13/11/2008)
Tengo que volver a Argentina, y lo hago porque la Presidente Cristina Kirchner ha resuelto que el régimen de capitalización ya no se aplique en el país y, en cambio, anunció la reestatización de las jubilaciones administradas por los fondos privados.
Manifestó que se trata de «una decisión estratégica», afirmando que nos encontramos ante «un cambio de época».
Para ello, la Presidente rubricó un proyecto de ley que irá al Congreso para su tratamiento.
La controversia está servida.
El Gobierno adopta esta medida aduciendo que dada la crisis financiera internacional se debe atender la situación de los jubilados y trabajadores que, desde 1994, por medio de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), tienen sus ahorros ingresados en el sistema financiero. De modo que en medio de esta crisis, tienen el riesgo de no contar con el beneficio cuando les llegue la edad.
Esta es la cuestión en la que se basa el Gobierno argentino: preservar las jubilaciones que por mandato constitucional el Estado está obligado a garantizar.
Los opositores manifiestan que «será un saqueo», porque temen que el Gobierno utilice los recursos de las AFJP como «caja de fondos» para otros fines, por eso anteponen una supuesta falta de independencia de la caja estatal de jubilaciones (ANSES).
Hay que destacar que esos recursos previsionales alcanzan al 50 por ciento del presupuesto nacional, lo que significa que el Gobierno dispondría de un presupuesto y medio cada año. Es comprensible que la oposición reclame autarquía para la ANSES, que administra los fondos de los jubilados y pensionados porque en Argentina, es sabido, por triste experiencia, que todos los gobiernos han saqueado históricamente las cajas jubilatorias.
En 1952 Juan Domingo Perón utilizó los fondos previsionales y desde entonces han sido una caja de financiamiento del Estado para muchos de los gobiernos de la Argentina. Y desde que gobierna
Cristina Kirchner, en los 10 meses que lleva de 2008, según datos de la Secretaría de Finanzas, el Tesoro ha utilizado fondos jubilatorios que administra la ANSES, por un total de 5.050 millones de pesos (1.200 millones de euros). Un 57 por ciento más que en 2007.
Pero esta medida del Gobierno trajo como consecuencia graves connotaciones internacionales, sobre todo en España.
El periódico español «El País» expresa en su edición del 23-10-08: «es una decisión que traerá consecuencias graves no sólo para las inversiones en Argentina y la credibilidad de su Gobierno, sino también para el área económica latinoamericana y para las empresas españolas que operan en ella. La Bolsa de Buenos Aires caía anoche con estrépito (un 10,11%), y el Ibex sufrió el segundo mayor retroceso del año, más del 8%, arrastrado por el golpe que han recibido Telefónica, Repsol, el Santander o el BBVA. Los mercados entienden la nacionalización como una mera apropiación de los activos de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) y rechazan la versión oficial de que se trata de prevenir la descapitalización de los fondos».
Y continúa: «El Estado argentino tiene graves dificultades para cumplir con los vencimientos de la deuda, agravados por los precedentes de impago de sus compromisos internacionales y de una gestión pública muy discutible. Los fondos privados ofrecen sustanciosos activos, que ahora pasan a formar parte de las arcas del Estado y podrán ser utilizados a discreción para cubrir los vencimientos. Esta es la interpretación dominante en los mercados. La nacionalización agrava el descrédito de Argentina ante las instituciones internacionales y entenebrece la ya de por sí difícil situación económica en Latinoamérica. La desconfianza no se va a detener en las fronteras con Brasil y Chile. Éste es uno de esos errores económicos mayúsculos que hay que evitar, y más todavía en medio de una grave crisis internacional, porque eleva el recelo hacia una parte importante de los activos financieros mundiales, agrava las recesiones y condena al país que lo comete a largos periodos de ostracismo financiero. Si Argentina sufre de alguna descapitalización, es, sin
duda, en la capacidad de gestión de su clase política».
Y más lamentable aún es que estos conceptos vienen precedidos del titular DISPARATE ARGENTINO…
La medida adoptada por el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner para nacionalizar los fondos de pensiones, atemorizó a los inversores, que tienen miedo que sea un nuevo «corralito», como sucedió en 2001 con los depósitos bancarios de millones de ciudadanos. Esta vez están en juego más de 22.000 millones de euros, que pueden aliviar las necesidades del Estado, a costa de los ahorros de 9,5 millones de afiliados.
Otro dato más que es importante reseñar: el Estado argentino impuso como condición, a las administradora de fondos, que en el momento de hacer sus inversiones, las que aseguraban a los que hacían sus aportes, que esos dineros crecerían, que estarían movilizados y no estáticos. Con la condición añadida de que estaban obligadas a destinar el 55 por ciento de sus recaudaciones en la adquisición de bonos públicos o, lo que es lo mismo, a prestarle al Estado. Pero esos bonos tenían pérdidas constantes por la manipulación del Estado sobre el Indec.
Así las cosas, el Gobierno argentino sigue manteniendo que se toma esta medida, que debe ser refrendada por ambas Cámaras del Congreso (Diputados y Senadores), para preservar los fondos de quienes han hecho sus ahorros para asegurar su futura vida de jubilado, pero también podemos deducir, dado los antecedentes, que esos fondos en sus manos pueden ser utilizados para fines distintos a los que los originaron.
Deberán tomarse medidas muy estrictas, muy rigurosas, para que los jubilados y pensionados no vuelvan a sentirse estafados y para que la República Argentina no siga deteriorando su imagen en el ámbito internacional.