Ana Camacho (1/2/2010)
El juez Baltasar Garzón tiene más razón que un santo cuando dice que es muy grave que en los tribunales se vulnere el secreto de un proceso penal. A él, por ejemplo, la filtración de una correspondencia suya con el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, le ha provocado una «grave e irremisible indefensión». Como él dice, la publicación en un periódico de esas cartas que estaban en poder del Tribunal Supremo y que reflejan lo muy amigos que son Garzón y el banquero, es más que probable que haya sido «interesada». ¿Acaso hay filtraciones que no lo sean?
Sí, algo raro pasa con los jueces españoles, que este tipo de problemas se produce muy a menudo. Hay de qué estar preocupados porque incluso quienes no le tengan simpatía a Garzón, tendrían que abordar el tema como un preocupante síntoma de mal funcionamiento de la justicia española que hoy le ha tocado al superjuez de la Audiencia Nacional, pero mañana podría tocarle a Perico el de los palotes.
Garzón lo ha comprobado a pesar de que no se tomó muchas molestias por resolver esta cuestión en su propia casa, la Audiencia Nacional, con las terribles consecuencias que ello puede arrastrar con los asuntos tan peliagudos que allí se llevan. Ya podrá él quejarse amargamente pero, en su caso, puede darse con un canto en los dientes porque no hay más consecuencias que las jurídicas y él está en condiciones de protestar y denunciar la irregularidad ante el Consejo General del Poder Judicial. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el beneficiario de esas filtraciones es un Al Capone elevado al cubo (por lo menos) como el todopoderoso y temible dictador Teodoro Obiang?
No estamos con divagaciones teóricas. Saturnino Mbomio Nkono, un opositor guineano que militaba en el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial y que vivía en la antigua Santa Isabel, pagó con su vida una de estas filtraciones interesadas. Saturnino (al que en un principio se identificó erróneamente como Saturnino Ncogo Mbomio) fue uno de los primeros detenidos en la redada desatada por la tiranía guineana en abril de 2008 tras enterarse Obiang de que en España se estaba investigando una presunta trama que planeaba derrocarle y matarle.
Había secreto de sumario en este procedimiento que llevaba la Audiencia Nacional de Madrid. Pero alguien filtró interesadamente a Obiang que se le acababa de salvar de una buena al descubrir un supuesto tráfico de armas con las que iban a asesinarle. Con un país que flota sobre una de las mayores reservas de petróleo y gas de África, Obiang (dueño absoluto de esa colosal riqueza) tiene una gran facilidad por tener amigos hasta en el infierno, dispuestos a lo que sea menester con tal de beneficiarse de la munificencia con la que el dictador compensa a quienes velan (o le venden que velan) por su seguridad y permanencia en el poder.
Garzón, que no estuvo entre los cuatro magistrados que trataron el asunto en la Audiencia, tiene suerte de gozar de las ventajas, a pesar de sus imperfecciones, del estado de derecho. Saturnino, en cambio, fue asesinado brutalmente a golpes en una celda de la cárcel de Black Beach de Malabo, un centro de tortura gestionado con tal eficacia de sufrimiento que, a su lado, la Escuela de Mecánica de la Armada de la dictadura argentina fue un hotel de cinco estrellas.
El resto de los quince militantes del Partido del Progreso que también fueron detenidos esos días no tuvieron tan mala suerte. De momento. Seis de ellos siguen pudriéndose en los calabozos.
El resto f
ueron liberados con cuentagotas al cabo de un tiempo aunque, las palizas y torturas que han sufrido a manos de los esbirros de Obiang los han condenado a una muerte lenta, pero tan inevitablemente prematura como la de Saturnino. Juan Ondo Micha, por ejemplo, no logró celebrar el 2010 a pesar de haber logrado trasladarse a España para intentar aplazar su ejecución con los medios y solvencia de los médicos de un hospital de Sevilla.
El juez Garzón, que tiene en Guinea una de sus dos excepciones en materia de justicia universal (la otra, hasta que no rectifique fehacientemente es la del Sáhara), no tuvo bajo su responsabilidad la investigación de la supuesta trama golpista. Pero se echa de menos que él, tan sensibilizado como está con el problema de la vulneración del secreto en los tribunales, hasta el momento no haya dicho esta boca es mía.
N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de Ana Camacho, periodista, activista intelectual y física, de los derechos humanos, que a partir de ahora tendremos la oportunidad de leer en espacioseuropeos.com y en su blog arenasmovedizas.
La fotografía de portada es de Ricardo Aznar.