Sáhara Occidental
Ana Camacho (5/6/2011)
Evidentemente, la familia de la española María Belén López Díaz ha sido víctima de la escalada de aversión antisaharaui que, desde el vértice del majzén, está calando en la cadena de mando hasta sus soldados raso, tanto si son residentes del Sáhara Occidental ilegalmente ocupado o en cualquier otra parte del territorio marroquí, especialmente en esa franja de la antigua Tarfaya, situada un poco más al sur de Gulimín y también conocida como el país de los Tecnas Libres (tribu a la que pertenece el marido de María Belén), que España entregó a Marruecos en 1958 y que quedó incluida del lado marroquí del paralelo 27′ 40.
No es el único caso de brutalidad antisaharaui. Ya las atrocidades que siguieron a la batalla campal en Gdaim Izik en diciembre demostraron que ni siquiera los saharauis que se habían mostrado afines a la anexión se libraron de la ira de los invasores. El acoso a la familia de Said Dambar, un joven tiroteado a bocajarro cuando salía de un cibercafé de ver un partido de la Liga Española, es otro ejemplo criminal de esta nueva ola de odio contra el pueblo saharaui (en la foto, Jamila, la hermana de Said, muestra un retrato de su hermano pidiendo justicia).
Otro dato del caso: María Belén acusa al consulado de Agadir de no haberla defendido con el pretexto de que el que estaba detenido era su marido, con pasaporte marroquí. El cónsul José Pintor Aguilar asegura en cambio que atendió a María Belén que, efectivamente le informó de la detención del marido pero no le comunicó seguidamente que, lo que había por medio, era un vil chantaje.
P. D.
Moraleja, no le echemos la culpa a la ONU, ni a Bruselas ni a la crisis de lo que ocurra en el Sáhara Occidental, salidas facilonas y socorridas para echar balones afuera. La impunidad y soberbia marroquí no tendría tanta capacidad de maniobra si España cumpliese con el derecho internacional. Estar fuera de la ley, nos hace vulnerables en cualquier comisaría marroquí. Por eso soy partidaria y firmante de la campaña de la APDH para que España cumpla con la legalidad de la ONU. Quien quiera consultar y adherirse, pinche aquí.
Este artículo se publica con la autorización de Ana Camacho, periodista, activista intelectual y física, de los derechos humanos, además de secretaria de la asociación APPA (Asociación para el Progreso de los Pueblos de África), que también e puede leer en su página de Internet En Arenas Movedizas.