España
espacioseuropeos.com (7/6/2012)
La asociación Preeminencia del Derecho que preside el abogado José LuÃs Mazón ha presentado una querella contra Carlos Divar, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), por posible delito de estafa al imputar a «actos de servicio gastos que eran particulares, de fines de semana«.
La querella se remite en sus hechos a la denuncia a la que el Supremo al parecer ha dado carpetazo -según Preeminencia del Derecho- «aunque no existe aun resolución alguna notificada, porque la denuncia no era suficiente para investigar a DÃvar, cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial solo exige querella cuando se trata de delitos jueces en el ejercicio de sus funciones, y no parecÃan las cenas a dos de Puerto Banus juicios», informa la misma fuente.
Con el rechazo de la denuncia «a velocidad lumÃnica«, el Tribunal Supremo ha «proyectado una imagen pública falta de igualdad de todos ante la ley lo cual hecha peso a un edificio en donde ya las columnas están sobrecargadas».
La misma asociación presentó denuncia ante la Sala Segunda del Supremo contra Carlos DÃvar por un «posible delito de estafa de funcionario público 438 del CP, aunque la calificación no es determinante ya que es materia de la fase avanzada de la investigación (auto de transformación en abreviado)», continúa la nota de Preeminencia del Derecho.
Para esta asociación, la conducta del presidente del CGPJ, «imputando a actos de servicio gastos que eran particulares, de fines de semana «de vicio», tiene una relevancia penal patente y resulta incomprensible el archivo por la FiscalÃa, lo que demuestra su completa subordinación a los intereses y conveniencias de los polÃticos del gobierno de turno, que en este caso apoyan al Presidente Judicial que designó directamente Zapatero al margen de las reglas de la voluntad establecidas en la ley».
La asociación que preside Mazón se va a personar en el caso, como acusación, si se abren diligencias penales, «ya que la FiscalÃa, es público y notorio, no defiende el interés público cuando entra en conflicto con los intereses particulares de la clase polÃtica dominante».
Desde el punto de vista constitucional «es evidente que DÃvar al no justificar el carácter público de sus viajes y gastos, ha incurrido en una conducta que obligarÃa a los vocales a declarar la vacante por incumplimiento grave del deber de dignidad. Una persona que incurre en una conducta picaresca no puede presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de un Estado», afirma la denuncia de Preeminencia del Derecho.
La denuncia contra Divar es por estafa o apropiación indebida «cometida por funcionario público contra su empleadora (438 CP) o en su defecto por malversación de caudales públicos». Los hechos denunciados son por «gastos privados a lo largo de 20 fines de semana «caribeños» cargados por el denunciado a los fondos públicos, con defraudación a su empleador, conducta que prima facie reviste indicios de delito, de estafa o apropiación indebida cometida por funcionario del articulo 438 cp».
En la denuncia se recoge que el  Vocal del Consejo Gómez BenÃtez denunció ante la FiscalÃa General del Estado, que el Presidente del mismo órgano, Carlos DÃvar, «habÃa cargado a los fondos públicos asignados a los actos de servicio a favor del Consejo, gastos que eran suyos personales a lo largo de un total de 20 fines de semana pasados siempre en la localidad de Puerto Banús, en el periodo comprendido entre noviembre de 2008 y marzo de 2012».
La asociación afirma que la conducta del presidente del CGPJ es «propia de los ambientes del Lazarillo de Tomes o la PÃcara Justicia, es decir y en suma, que es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraÃdas y con la ética exigible a este alto cargo público el más representativo del Poder Judicial».
La denuncia se basa en los artÃculos del Código Penal que recogen los delitos de estafa y apropiación indebida para altos cargos de la Administración.
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