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espacioseuropeos.com (4/7/2012)
Cuatro directores de geriátricos han sido imputados por la Guardia Civil por usar tarjetas sanitarias de personas fallecidas. Los imputados adquirían medicamentos y otros productos sanitarios con las tarjetas electrónicas de los ancianos que fallecían en los geriátricos
La operación PÓCIMA -denominada así por la Guardia Civil- ha sido llevada a cabo en la provincia de Cádiz (Sanlúcar de Barrameda, Jerez y San Fernando), y hasta el momento han sido imputadas cuatro personas, todas ellas directores de centros geriátricos. Los imputados adquirían medicamentos y otros productos de forma fraudulenta «usando las tarjetas electrónicas sanitarias de personas que ya habían fallecido», según informa la Guardia Civil.
Las investigaciones comenzaron cuando agentes del cuerpo tuvieron conocimiento a través de un informe de la Inspección de Farmacia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía de que «en cinco residencias de la provincia de Cádiz se podía estar utilizando la tarjeta sanitaria de ancianos fallecidos».
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha sido la encargada de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos. Tras comprobar la denuncia se contrastaron los datos, las fechas y las partidas de defunción, así como los medicamentos y diversos productos sanitarios que se habían adquirido fraudulentamente.
«Una vez contrastados los hechos y recabadas las pruebas, se citó a declarar a los directores de los geriátricos implicados en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, quienes finalmente fueron imputados por un delito de estafa y puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y San Fernando», informa la misma fuente.
Fuentes d la Guardia Civil informan que las investigaciones continúan abiertas y está pendiente de realizarse nuevas imputaciones. En el desarrollo de las investigaciones ha colaborado activamente la Inspección de Farmacia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.
No es de extrañar que es modo de operar no esté extendido por toda España. Y no sólo en geriátricos, sino en residencias de ancianos.
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