España
espacioseuropeos.com (19/8/2012)
El abogado José Luís Mazón, representante legal del Partido Soberania de la Razón (SOBERANIR) presentaron, el pasado 14 de este mes, un escrito dirigido al Tribunal Constitucional en el que «formulan» una «RECLAMACION ADMINISTRATIVA previa, en su caso, a la interposicion de recurso contencioso administrativo para la proteccion de los derechos fundamentales ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a fin de que, en el plazo máximo de veinte días», se le faciliten los «expedientes íntegros, incluyendo los justificantes de los gastos, de los viajes efectuados por el Tribunal Constitucional, sus presidentes, magistrados, al extranjero durante los ejercicios 2005 a 2012, ambos incluidos, a fin de que este partido pueda ejercer los siguientes derechos fundamentales«.
Entre esos derechos fundamentale se citan los siguientes: «El proceso justo o debido o con tutela judicial del artículo 24.1 de la Constitución, ya que para poder, en su caso, ejercitar acción de rendición de cuentas por posibles irregularidades (por ejemplo si se hubiesen pagado con fondos del Tribunal Constitucional gastos de parientes o excursiones o viajes de puro ocio anejos a los que figuraban como motivo oficial, tanto de magistrados como de cónyuges o asimilados especialmente en los viajes al extranjero del Tribunal Constitucional), es indispensable la expresada información documental que, si hubiera una política de transparencia inexistente en la praxis de ese alto tribunal -caracterizado tradicionalmente por su opacidad y secretismo- transparencia que sería señal de que no se tiene nada que ocultar, estaría libremente disponible por la web del propio Tribunal la información que en términos de pura exigencia jurídica, por este conducto se reclama» y «El derecho de participar en asuntos públicos del artículo 23.1 de la Constitución, ya que desde la Declaracion de Derechos del Hombre y de Ciudadano de 1789 forma parte de los derechos humanos: Artículo 14.- Todos los ciudadanos tienen el derecho de verificar por sí mismos o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración».
Asimismo, en el escrito se cita el Artículo 15 (La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público sobre su administración».
En otro punto del escrito se menciona el derecho de obtener o recibir información veraz (artículo 20.1 d), «mucho más cuando esa información está en poder de las instituciones públicas que son las primeras obligadas a no ocultar el uso de los fondos públicos».
A título de ejemplo -según el escrito de SOBERANIR- en la Memoria 2009 aparece un «viaje caribeño» del «Tribunal Constitucional» a la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, «destino turístico de primer orden mundial, ubicado a orillas del Mar Caribe; en la Memoria citada hallamos». En dicha Memoria aparece: «En el marco de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional: El Tribunal Constitucional participó en el seminario Justicia y Ciudadanía celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) del 25 al 27 de marzo, sobre los «Principios de comunicación para un sistema de Justicia basado en la cohesión social», organizado por Eurosocial Justicia y FIIAPP. Se elaboró un documento final con los principios que deben regir las políticas de comunicación en el ámbito de la Justicia -incluída la constitucional- orientadas a la cohesión social».
SOBERANIR se pregunta si se ha producido un «¿Asalto al presupuesto del TC para fines de molicie?», argumentando que «El citado viaje tiene toda la apariencia, a reserva de la ulterior comprobacion de datos que se noe faciliten, de constituir un disimulado «asalto» al supermercado de las cuentas del TC, organizado, no por románticos bandoleros amantes de la justicia, sino por la entonces presidenta del mismo Sra. Casas, y no para cubrir necesidades primarias como el comer, de muy necesitados, sino de los de molicie, afán de ocio, gusto por el lujo de personas que creen que el cargo les hace merecedores de todo y pierden el norte o sentido de la realidad. ¿Quiénes son exactamente los que acudieron? al viaje caribeño. La sospecha natural de viaje fraudulento para satisfacer afanes de ocio de lujo descuella a la vista de cualquier observador objetivo sobre otras hipótesis».
Otros argumentos respecto a ese «viaje caribeño» son los siguientes: «Además si buscamos en google vemos que el seminario citado era de un contenido falto de toda sustancia, banal, ajeno a las competencias del TC, con un régimen de asistencia de magistrados, en principio no controlado«. En el escrito se preguna si «¿es posible que suciediese que se iban de turismo mientras se celebraban las sesiones del citado seminario carente de todo interés jurídico constitucional? ¿Y es cierto que se pagaron a cargo del presupuesto gastos del tipo un «crucero caribeño» para magistrados y acompañantes?»
De verificarse estas hipótesis, el caso del presidente del CGPJ (Consejo General de Poder Judicial), Carlos Dívar, sería «pecata minuta» y el «Supremo no podría dejar de intervenir por posibles delitos que llevan pena de cárcel aparejada». Valga como memorandum de que todo esto -se afirma en el escrito- «tiene que ser aclarado a través de la entrega de la documentación integra del expresado seminario que ponga al descubierto los detalles de la verdad».
Otro asunto al que se refiere el escrito del abogado Mazón es el de la «¿CONTRATA EN EL TC PARA SERVIR EL CAFÉ Y LAS GALLETAS?», que se comenta así: «En vez de maquinitas de monedas donde cada uno se sirve el café con su peculio, parece que esa institución está dilapilando fondos públicos, por ejemplo, con una contrata ¡para servir café, galletas y zumos! al personal del TC o a un selecto grupo del mismo». Y se preguna «¿A como le sale al presupuesto el café de cada magistrado del TC?»
El escrito finaliza cpn «Tal despilfarro e hiriente conducta puede sobrepasar los límites de la prudencia e incurrir en desvio de fondos públicos para placeres personales de los magistrados catalogable como rúbrica de responsabilidad personal y hasta presumiblemente penal».
El partido político SOBERANIR ha solicitado en ese mismo escrito los documentos relativos a la «contrata de los últimos cinco ejercicios y todo el expediente de la misma».
Mucho nos tememos que el oscurantismo y la falta de transparecia prevalecerán.