España
espacioseuropeos.com (8/8/2012)
El Consejo de Ministros celebrado la pasada semana acordó la «continuación en vía judicial de la petición de extradición, realizada por las autoridades suizas, contra el ciudadano francoitaliano Hervé Daniel Falciani, al que se imputan los delitos de encubrimiento y revelación de secretos».
Hay que recordar que Hervé Falciani fue detenido en Barcelona el pasado 1 de julio de de este año. En la actualidad Falciani se encuentra en prisión provisional por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional «a causa de esta petición de extradición».
De acuerdo con la referencia del Consejo de Ministros, la solicitud de las autoridades suizas se fundamenta a los hechos que se remontan al periodo comprendido entre febrero de 1997 y diciembre de 2007, cuando el reclamado era empleado de informática en el Banco HSBC Private Bank de Ginebra (Suiza), y «aprovechó esta situación para extraer gran cantidad de datos de clientes del sistema informático del banco». Más tarde, el l 4 de febrero de 2008 el acusado se «presentó en el Banco AUDI de Beirut con el fin de negociar la venta de los datos sustraídos».
Cinco meses después (julio) Falciani «transmitió a un agente del fisco francés una lista de siete clientes franceses del HSBC, lo que inició un proceso de transmisión de datos a las autoridades francesas. Gracias a esos expedientes, Francia pudo identificar a unos 3.000 contribuyentes que evadieron impuestos y otros países también tuvieron acceso a información sobre nacionales incluidos en la base de datos robada».
Dos años más tadre (2010), Falciani puso en manos de España la lista de 3.000 españoles con dinero en la banca suiza, pero como en muchas otras cuestiones, nuestro país hizo caso omiso de esa excelente información.
El gobierno francés se hizo con esa lista de clientes de la filial en Suiza del HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking). La Hacienda Pública española -por entonces gobernaba Zapatero– dio 15 días a esos 3.000 titulares de cuentas opacas para que regularizasen su situación fiscal y penal. En definitiva, como suele ser habitual, el gobierno prefirió ingresar ese dinero en las arcas públicas que «meter en cintura» a los defraudadores. Y de paso se evitaba la posibilidad de encontrarse con alguna sorpresa.
Sin embargo, las asociaciones de funcionarios de Hacienda (inspectores y subinspectores del ministerio de Hacienda) se mostraron contrarios a que el gobierno indultase a esos presuntos evasores. Al parecer la cifra de dinero evadido puede superar los 60.000 millones de euros, como mínimo, que se encuentran fuera de España en paraísos fiscales.