España
espacioseuropeos (29/1/2014)Niños
Saveth Cchildren  de España ha presentado hoy la campaña ‘Y a mi ¿quién me rescata?’, en la que denuncia en su informe ‘2.826.549 Razones. La protección de la infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión’, que ha lanzado como parte de esa campaña. Durante la presentación se dijo que “a pesar del compromiso expresado por parte de los poderes públicos con la lucha contra la pobreza infantil, las iniciativas aprobadas hasta el momento son insuficientes. Por eso, exigimos al Estado que cumpla con su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que se garanticen los derechos de la infancia en España y se proteja así a los niños frente a la pobreza y la exclusión social”.

La campaña de Saveth Cchildren, ‘Y a mi ¿quién me rescata?’, denuncia que el 33,8% de los niños y niñas en España viven en situación de pobreza y exclusión social. 2.826.549 es la cifra (el 33,8%) de niños y niñas que hoy vive en España en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone –afirma la ONG- un serio obstáculo para disfrutar de los derechos que tienen reconocidos en la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas.

“Más que en las declaraciones, expresiones de voluntad política, políticas públicas y reformas legislativas, es en los presupuestos públicos donde más claramente se refleja el compromiso político de los gobiernos para abordar la situación de los niños y las niñas en un país. La escasez de inversión pública en políticas de protección a la infancia tiene un efecto demoledor sobre los niños. Seguimos estando a la cola de la UE en inversión en infancia”, afirmó en el transcurso de la presentación de ese informe Alberto Soteres, director general de Save the Children en España.

En España, la inversión en política social en general y en infancia en particular, está lejos de considerarse como una inversión. El porcentaje del PIB destinado a políticas de protección social es del 25, 19%, 3,7 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea, lo que evidencia su escasa capacidad para reducir la pobreza infantil.

Soteres afirmó que “No debemos olvidar que los derechos humanos son líneas rojas que ninguna política debe traspasar. Garantizar la protección de los niños y las niñas frente a la pobreza es una obligación legal de los Estados, pero también una decisión económica que permite romper el ciclo de transmisión de la pobreza y tiene un retorno económico que será la base de una sociedad más próspera y cohesionada”.

La ONG pidió a los poderes públicos, que para luchar contra la pobreza infantil en España, hay que llevar a cabo un diagnóstico riguroso de la situación de pobreza infantil; definir una estrategia común en todos los ámbitos que afectan a la infancia, destinar los recursos materiales, humanos y formativos que sean necesarios para abordar eficazmente la puesta en marcha de las medidas más convenientes; aumentar la transparencia de la información referente a los recursos públicos destinados a la infancia por cada administración; elaborar y poner en práctica un Plan de Apoyo a las Familias que tome como referencia la recomendación de la Comisión Europea ‘Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas’.