España
espacioseuropeos (11/9/2016)
El Tribunal Supremo acusa a la diputada socialista María del Puerto Gallego de adjudicación ilegal de contratos en la etapa en la que era alcaldesa del Ayuntamiento de Santoña (Cantabria). Puerto Gallego, diputada nacional del PSOE por Cantabria comunicó la pasada semana su decisión de dimitir de como diputada en el Congreso de los Diputados tras conocer que estaba siendo investigada por el Tribunal Supremos por un delito (presunto) de prevaricación continuada cuando era alcaldesa de Santoña.
La ahora exdiputada comentó –según recoge el diario Atlántico– que presentaba su dimisión para dar cumplimiento a su “compromiso público de no esperar ni un minuto» para dimitir y entregar su acta como diputada si se confirmaba la condición de “investigada”. Gallego comentó que estaba siendo investigada por un supuesto «error administrativo», pero que se consideraba “inocente», y que no había “enriquecido a terceras personas».
Eso sí, mostró su indignación por haber tenido conocimiento de su imputación a través de los medios de comunicación.
Hay que recordar que el Tribunal Supremo abrió esta investigación a causa de un presunto delito “continuado de prevaricación administrativa”, relacionado con el fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Santoña durante su etapa como alcaldesa durante los años 2003 y 2009.
Según la misma fuente, en septiembre del pasado año la “Audiencia de Cantabria “validó” la opinión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña sobre los indicios existentes contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento siendo alcaldesa Gallego, por fraccionar contratos y adjudicarlos directamente a distintas empresas, básicamente a cuatro, sin convocar el correspondiente concurso abierto”.
Pero ahora el TS ha nombrado instructor de la causa al juez Pablo Llanera, “mientras que se acuerda que la causa continúe ante el órgano competente respecto de los hechos imputados al resto de investigados por estos hechos, que no tienen condición de aforados”.
En la causa hay ocho concejales del PSOE de la misma localidad que siguen estando como “investigados” por la misma están, son: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle. Todos ellos –afirma el Atlántico- seguirán siendo investigados en Santander. La Audiencia validó los indicios obrantes en la instrucción que apuntan a que los contratos se fraccionaron y adjudicaron a pesar de los reparos de legalidad que «de forma constante y repetida» formuló el interventor municipal.
¿En cuántos ayuntamientos de España han ocurrido casos como este?