Internacional
Espacios Europeos (25/3/2018)
Por si nos acusan de mentir, de alterar información o cualquier otra maldad, hemos preferido recoger la denuncia que ha hecho Amnistía Internacional acerca de las barbaridades que se están cometiendo en Yemen. Y la principal es la venta de armas que hacen, entre otros países, Estados Un
idos, Reino Unido y España. Entre tanto, la ONU –como casi siempre- mira hacia otro lado.
En su denuncia, Amnistía Internacional reitera que los ataques contra Yemen los realiza la coalición dirigida por Arabia Saudí –cierto-, pero se obvia que lo hace con el RESPALDO de estados Unidos.
He aquí la denuncia de AT:
Yemen: Tres años después, La venta de armas de EEUU y Reino Unido a la coalición dirigida por Arabia Saudí destruye vidas civiles
España exportó material de defensa a la coalición saudí por valor de más de 1.200 millones de euros entre 2015 y junio de 2017
El ataque de la coalición dirigida por Arabia Saudí con una bomba de fabricación estadounidense que convirtió en escombros una vivienda civil y mató o hirió a seis miembros de la misma familia es el último de una larga cadena de posibles crímenes de guerra que Amnistía Internacional ha documentado en los tres años del devastador conflicto de Yemen.
Desde que comenzó la campaña de ataques aéreos contra el grupo armado huzí el 25 de marzo de 2015, Amnistía Internacional ha documentado cómo todas las partes en el conflicto han violado una y otra vez el derecho internacional.
“Tres años después, el conflicto de Yemen no muestra ningún signo real de remitir y todas las partes siguen infligiendo un terrible sufrimiento a la población civil. Escuelas y hospitales han quedado reducidos a ruinas, miles de personas han perdido la vida y millones están desplazadas y en necesidad urgente de ayuda humanitaria”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.
“Hay numerosos indicios de que el flujo irresponsable de armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí ha causado enormes daños a la población civil yemení. Pero esto no ha disuadido a Estados Unidos, Reino Unido y otros Estados, como Francia, España e Italia, de continuar transfiriendo estas armas por valor de miles de millones de dólares. Además de destruir vidas civiles, esto es una burla del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas”.
“El Gobierno español debe sumarse al creciente número de países que, como Alemania, Suecia, Noruega o Bélgica, han cesado las exportaciones de armas a los países miembros de la coalición saudí que opera en Yemen desde marzo de 2015 debido al riesgo sustancial de que se puedan utilizar para cometer crímenes de derecho internacional”, ha manifestado Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional España.
Según datos oficiales, entre 2015 y junio de 2017 (últimos datos disponibles), España autorizó 202 licencias de exportación de armas a Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos y Qatar, integrantes de la coalición encabezada por Arabia Saudí que bombardea Yemen desde marzo de 2015. El valor de las autorizaciones de exportación de armas en este período asciende a 1.569 millones de euros y el importe de las exportaciones realizadas es de 1.229 millones de euros. “Esta cantidad supone casi mil veces más que la destinada a ayuda humanitaria a Yemen desde el inicio del conflicto, que ascendía a 1,3 millones de euros hasta diciembre de 2017”, denuncia Beltrán.
Ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí
El 27 de enero de 2018, entre las 6 y las 8 de la mañana, un ataque aéreo de la coalición dirigida por Arabia Saudí alcanzó una vivienda civil en Rakab, gobernación de Taiz, en el sur de Yemen. Resultaron afectados los seis miembros de la familia Naji que vivían allí: la madre, Roweyda, y dos hijos de 10 y seis años murieron. El padre, Riyad, y su hijo de tres años sufrieron heridas de metralla en el estómago, mientras su hija de un año sufrió heridas leves.
Amin Mohamad Naji, un familiar, llegó al lugar a los 10 minutos del ataque. Dijo a Amnistía Internacional: “Ayudé a rescatar a los heridos y [muertos] de debajo de los escombros. Cuando llegué allí, vi la casa destruida […] [dos de] los niños estaban bajo los escombros, habían muerto; también murió la esposa de mi hermano. Mi hermano Riyad y dos de sus hijos resultaron gravemente heridos”.
Según testigos, el lugar estaba al menos a tres kilómetros de cualquier objetivo militar y en aquel momento no había presente ningún combatiente. Amnistía Internacional analizó un vídeo grabado después del ataque y confirmó que la munición empleada fue una bomba de 500 libras GBU-12 guiada por láser fabricada en Estados Unidos por Lockheed Martin.
En agosto de 2017, un ataque nocturno de la coalición dirigida por Arabia Saudí contra un barrio residencial del sur de Saná mató a 16 civiles e hirió a otros 17; la mayoría de las víctimas fueron niños y niñas. También en ese incidente Amnistía Internacional concluyó que se había utilizado una bomba estadounidense fabricada por Raytheon contra una vivienda civil.
Estos sucesos están muy lejos de ser casos aislados. Desde que comenzó el conflicto, Amnistía Internacional ha documentado 36 ataques aéreos de la coalición que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario, muchos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra. Estos ataques han causado 513 muertes de civiles (de los que al menos 157 eran menores) y 379 heridos.
Violaciones del derecho internacional de las fuerzas huzíes y otras fuerzas terrestres
El grupo armado huzí y las fuerzas contrarias a él han matado o herido a civiles cuando han lanzado indiscriminadamente municiones explosivas con efectos en una superficie amplia en zonas residenciales. En concreto, la ciudad de Taiz sufrió ataques intensivos con bombas de mortero y proyectiles de artillería en fechas tan recientes como enero y febrero de 2018.
En Saná y otras zonas bajo su control, los huzíes y sus aliados continúan deteniendo arbitrariamente y recluyendo a sus presuntos adversarios. Decenas de hombres y mujeres han sido sometidos a desaparición forzada, y algunos recibieron duras condenas en juicios manifiestamente injustos.
Desde que comenzó 2018, Amnistía Internacional ha documentado dos casos en los que un total de cuatro personas fueron condenadas a muerte por el Tribunal Penal Especializado de Saná controlado por los huzíes: Hamid Haydara, miembro de la comunidad bahaí de Yemen, y Asmaa al Omeissy, Saeed al Ruwaished y Ahmed Bawazeer, que fueron acusados de ayudar a un Estado enemigo. Los procesados fueron sometidos a juicios manifiestamente injustos; desaparición forzada, reclusión preventiva prolongada, tortura y otros malos tratos y no tuvieron acceso a un abogado.
Dado que los huzíes cometieron estas violaciones en relación con el conflicto armado de Yemen, podrían constituir crímenes de guerra.
Crisis humanitaria
Yemen sufre actualmente una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con al menos 22,2 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria y más de un millón de presuntos casos de cólera. Esta crisis está causada por los seres humanos, y la guerra agudiza y exacerba la situación humanitaria, mientras todas las partes dificultan la entrega de ayuda humanitaria.
Después de que, a finales de noviembre, las fuerzas huzíes lanzaran un misil lanzado ilegítimamente a zonas civiles de Riad, la capital de Arabia Saudí, la coalición dirigida por este país endureció de forma ilegítima su bloqueo marítimo y aéreo a Yemen.
Aunque el bloqueo se ha suavizado con posterioridad, la coalición sigue imponiendo restricciones a la ayuda y a las importaciones comerciales de productos esenciales como alimentos, medicinas y combustible. Según la coalición, las restricciones hacen cumplir el embargo de armas de la ONU a los huzíes, pero están agudizando la crisis humanitaria y contribuyendo a que se violen el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado.
Personal médico ha dicho a Amnistía Internacional que la falta de suministros básicos o el peligro que representan los combates en las proximidades ha hecho que muchas instalaciones médicas cierren o suspendan sus actividades.
“Miles de civiles yemeníes han perdido la vida y millones más están en juego en medio de una de las peores crisis humanitarias del mundo en decenios”, concluyó Lynn Maalouf.
“La larga lista de violaciones pone de manifiesto la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas enérgicas. Aunque la tercera declaración del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Yemen, la semana pasada, ha sido un paso positivo, vigilaremos de cerca la situación para garantizar que se implementa en el terreno”.
Información complementaria
A fecha febrero de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que, desde marzo de 2015, más de 5.974 civiles habían muerto y más de 9.493 habían sido heridos en Yemen.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, más de 20 millones de personas (el 80% de la población) necesita asistencia humanitaria. En un informe publicado este mismo mes, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) declaró que hay más de dos millones de personas internamente desplazada en Yemen.
La noticia positiva fue la aprobación en septiembre de 2017 de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se encargaba a un grupo de expertos la investigación de los abusos cometidos por todas las partes en Yemen y la identificación de los responsables en lo posible.
El 15 de marzo de 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una declaración de la Presidencia sobre la situación humanitaria en Yemen. La declaración representa un paso adelante para hacer que todas las partes en el conflicto de Yemen rindan cuentas de sus abusos. Entre otras cosas, pide el pleno acceso humanitario y comercial, así como que todas las partes cumplan sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario. Sin embargo, no se ha establecido ningún mecanismo de presentación de informes sobre la aplicación de la declaración.