Fotografía de archivo de una protesta organizada por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

Madrid (España)
Espacios Europeos (8/9/2018)
Asociaciones de vecinos de Madrid se han dirigido por carta a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, en la que exigen que el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, informe acerca de los recursos contra las limitaciones de Madrid, Bilbao y San Sebastián al alquiler turístico.

En ese escrito, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Madrid Centro, censura la “inacción administrativa” respecto a la proliferación de viviendas de uso turístico, a la vez que pide que el Congreso de los Diputados cite a declarar a Marín Quemada, según informa hosteltur.

La Coordinadora acusa a la CNMC de hacer oídos sordos a los problemas de convivencia vecinal ante la “hotelización” de los edificios o al vaciamiento de los centros históricos, debido a que los altos precios del alquiler expulsan a los vecinos, informa la misma fuente.

La serie de problemas que padecen los vecinos de las zonas turísticas, “parecen no existir para la CNMC, los minimiza o da para ellos soluciones imposibles o directamente absurdas”, asegura  en su carta la plataforma vecinal, “preocupada porque la CNMC actúe sin rigor y como lobby de empresas como Airbnb, de la que dice que se lucra con actividades ilegales”, afirma Hosteltur.

Estos vecinos comparan los procesos democráticos y fiscalizables de los consistorios con la falta de transparencia de la CNMC: “No sabemos cómo se conforma una decisión en la CNMC, no sabemos a quién escuchan sus directivos. Sabemos muy poco de con quién se reúnen y mucho menos aún sabemos de qué hablan”.

Por esta y otras razones piden que se investigue cómo se elaboró el informe para recurrir las limitaciones al alquiler turístico de estos tres ayuntamientos y qué relaciones existen con Airbnb.

Hay que recordar que el 7 de agosto, la CNMC anunció que recurriría la normativa con la que el Ayuntamiento de Madrid exige la obtención de una licencia para alquilar un apartamento turístico durante más de 90 días al año, al considerarla  -dice la misma fuente- “contraria a la libre competencia. También se opuso a la obligación de crear una entrada independiente para los edificios con alquiler turístico en las zonas con mayor saturación de la ciudad”.