Mi Columna
Eugenio Pordomingo (5/9/2018)
En más de una ocasión hemos publicado en Espacios Europeos textos de Marea Granate –colectivo de españoles y españolas que se han visto obligados a salir de España para encontrar un trabajo-, y lo hemos hecho porque compartimos sus anhelos de poder regresas a España algún día. Compartimos, asimismo, la denuncia que hacen, en asuntos de migración, de la actuación de las instituciones españolas. Y en más de una ocasión hemos publicado “cartas” de personas de este colectivo en las que contaban sus experiencias y sinsabores como migrantes. Lo hicimos y lo seguiremos haciendo, con su permiso. Pero ahora me veo obligado a publicar una pequeña columna de protesta por su –a mi modesto entender- falta de visión, de objetividad y de tolerancia extrema con las “políticas” de Pedro Sánchez y su Ejecutivo.
En un artículo titulado ´Marea Granate denuncia el racismo institucional en las fronteras del norte global´, una práctica “opuesta a los Derechos Humanos y que pone en riesgo la vida de millones de personas”. Estoy de acuerdo en eso que dicen y en su denuncia “del aumento del racismo institucional que está llevando al reforzamiento de las fronteras de los países del norte global con dramáticas consecuencias para quienes intentan cruzarlas”.
En un párrafo de ese artículo se afirma que “reconocen el gesto de Pedro Sánchez de acoger a los supervivientes del Aquarius, pero esto no es suficiente: muchos de estos migrantes van a ser devueltos a sus países de origen, llegarán muchos más y es necesario una política de asilo, solidaria y en consonancia con los Derechos Humanos, que no está nada presente en otras naciones europeas”.
Tras denunciar el racismo y la xenofobia que anida en Italia, Austria, Francia, Alemania, Hungría, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Polonia, República Checa y Dinamarca, dedican un apartado a España, titulado “Y no nos olvidamos del Estado español…”, que textualmente dice: “Y también en nuestro país, donde hasta hace muy poco tiempo prácticamente les negábamos la sanidad a las personas sin papeles. Aunque el gobierno de Pedro Sánchez parezca intentar llevar a cabo una política más aperturista con los migrantes, con la concesión de sanidad para quienes lleven 90 días en el país o la acogida de numerosos refugiados en las costas mediterráneas, la situación sigue siendo preocupante, ya que sigue habiendo concertinas en las vallas de Melilla y Ceuta y se mantienen los CIEs, cárceles para personas cuyo único delito fue cometer una falta administrativa”.
Se olvidan –y han tenido tiempo de comentarlo y criticarlo, si así lo consideraban-, mencionar la devolución a Marruecos de 116 migrantes que 24 horas antes asaltaron la valla de Ceuta. El gobierno de Pedro Sánchez devolvió en caliente a esos 116 migrantes, acogiéndose a un acuerdo firmado por España y Marruecos en 1992 en la etapa en la que Felipe González era Presidente del Gobierno y José Luis Corcuera, Ministro de Interior.
Para más inri, a pesar de que el Ministro de Interior, Grande-Marlasca, dijo que se “habían cumplido escrupulosamente con todos los trámites”, entre ellos ser asistidos por letrados, intérpretes, identificación y apertura del expediente de expulsión, lo cierto es que –según algunas ONGs- eso no ha sido verdad, entre otras cosas porque no ha dado ni tiempo para llevar a cabo esos trámites.
La activista española de Derechos Humanos, Helena Maleno, declaró que veía «racista» y “nefasta” la expulsión por el gobierno de los 116 migrantes, a la vez que calificó de «giro terrible» esas expulsiones.
El Gobierno de España no se ha preocupado de conocer a dónde ha mandado Marruecos a los 116 migrantes –suele abandonarlos en las cercanías del caluroso Sáhara-, aunque en esta ocasión, todo apunta a que el reino alauita los ha “ingresado” en una de sus cárceles.
La llegada al gobierno de Pedro Sánchez estuvo acompañada de promesas de hacer “otra política migratoria” y “retirar las concertinas”, pero la realidad –una de las muchas rectificaciones que lleva en los tres meses de gobierno- se impuso.
El gobierno ha comenzado a devolver –expulsar en caliente- a los migrantes, a juzgar a los que emplean métodos violentos contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y, al menos de momento, a no retirar las concertinas. Por cierto que no las puso ni González, ni Aznar, ni Rajoy. Las concertinas se pusieron durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, ahora convertido en aliado de Mohamed VI en su política con el pueblo saharaui.
Menos mal que el presidente del Gobierno ha asegurado que por fin “España tiene ya una política migratoria de la que carecía”. Y, cómo no, dentro de esa “política migratoria”, cabe la decisión de crear centros de internamiento a nivel europeo, decisión que apoyan Italia, Alemania, Francia y España.
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