La APM condena rotundamente la supresión de la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros

Hoy no habrá rueda de prensa. Otro día será.

España
Espacios Europeos (6/7/2020)
La APM condena rotundamente la supresión de la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros celebrado el 3 de julio, a la vez que “recuerda que esta decisión limita la función democrática de los periodistas de mantener informados a los ciudadanos”.

Tras el anuncio por parte del Gobierno de la supresión de la rueda de prensa –afirma la nota de prensa de la APM-, “posterior al Consejo de Ministros extraordinario” el pasado viernes, la asociación ha expresado “su rotunda condena por dicha decisión, prácticamente sin precedentes, ya fuera el Consejo ordinario u extraordinario”. Recuerda la APM que la “última ocasión fue tras la reunión de junio de 2014 en la que se aprobó el proyecto de ley orgánica que reguló la abdicación del rey Juan Carlos I, durante el Gobierno de Rajoy”.

A causa de esa inusual decisión, los periodistas no tuvieron la ocasión de preguntar, durante el acto de firma del acuerdo entre patronal y sindicatos, al presidente Pedro Sánchez ni a los representantes de los empresarios y trabajadores por el “importante acuerdo alcanzado, ni siquiera han podido acceder a La Moncloa. Solo estaba permitido el acceso a los redactores gráficos”.

El Gobierno anunció que informaría de los acuerdos adoptados a través de notas de prensa, “sin opción a preguntar ni repreguntar; y al ser consultado por periodistas que habitualmente cubren estas ruedas de prensa, argumentó falta de tiempo para su organización”.

Esta decisión gubernamental supone “un incumplimiento del deber de los responsables políticos a someterse al escrutinio de la opinión pública a través de los medios de comunicación”, argumenta la APM.

En el marco de su campaña #Sinpreguntasnocobertura contra las comparecencias sin derecho a preguntar, la APM recuerda que esta decisión adoptada por el Gobierno limita la función de los periodistas y los medios de mantener informados a los ciudadanos, en cumplimiento del mandato constitucional del derecho a la información.

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