Sáhara Occidental
Brahim Baba Yusef (7/10/2024)
El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) desestimó el viernes pasado los recursos de Pesca y Agricultura entre la Unión Europea y Marruecos, los recursos del Consejo y la Comisión Europeos, en línea con la sentencia del Tribunal General de la UE del año 2021, así como con las consideraciones hechas por la jurista de la Abogada General, Tamara Cápeta, que exigía un etiquetado espacial para todos los productos procedentes de los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio de 2023, lo que supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias de pesca que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria.
La sentencia del TJUE afirma que “los acuerdos comerciales de 2019 entre la Unión Europea y Marruecos, sobre productos pesqueros y agrícolas, que no fueron aprobados por el pueblo del Sáhara Occidental, se celebraron sin tener en cuenta los principios del derecho a la autodeterminación de este pueblo”.
En su decisión, sobre la ilegalidad de estos acuerdos, el tribunal afirma que “el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, para implementar acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, en materia de pesca y productos agrícolas, en este territorio no autónomo, es una condición para la validez de las decisiones aprobadas por el Consejo en nombre de la Unión Europea”.
En este contexto, el tribunal subraya que el Frente Polisario “sigue siendo el único representante legítimo del pueblo saharaui y tiene derecho a recurrir las decisiones controvertidas ante los tribunales europeos, en beneficio del pueblo saharaui”.
El tribunal también se pronuncia sobre la demanda interpuesta por el sindicato de Agricultores Franceses, contra empresas de ese país que importan productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental, en contravención de las decisiones del Tribunal Europeo y de las leyes de protección al consumidor y de su “consagrado derecho” a conocer el origen de esos productos agrícolas. El TJUE confirma que “las marcas de productos deben indicar el Sáhara Occidental como país de origen”.
Sin esta sentencia ha sido un espaldarazo, una victoria, para la causa saharaui y a su derecho a la soberanía sobre sus riquezas naturales. En general, esta sentencia va a tener consecuencias a todos los niveles y que se pueden resumir en estos puntos:
- El Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios separados; y, legalmente, Marruecos no tiene soberanía sobre el territorio saharaui.
- El pueblo saharaui es el dueño exclusivo de los recursos naturales.
- El Frente POLISARIO es el único representante legítimo del pueblo saharaui.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) estiman que es sumamente importante que España y a la UE den paso a unas conversaciones con el POLISARIO para analizar en profundidad la sentencia del TJUE y tratar de que los beneficios de la explotación de productos procedentes del Sáhara Occidental repercutan sobre el pueblo saharaui.
La alegría que nos ha causado a los saharauis esta sentencia, contrasta con el quehacer del gobierno español que de nuevo ha procedido a deporta a Marrakech (Marruecos) a 25 saharauis, entre ellos la joven saharaui, Rbab, que sufrió un aborto en la sala de Barajas, así como a su marido y al hijo de ambos de año y medio. Entre esos deportados hay otra madre con otro bebé.
Ya va siendo hora que seamos claros y señalar a los culpables, al culpable que no es otro que Pedro Sánchez. Basta ya de echar tanta leña sobre Grande-Marlaska, él hace lo que le dice Sánchez. Y a Sánchez, ¿quién se las da?
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