
España
Ángel Luis Martín (29/7/2926)
El caso de la Sierra de la Culebra.
El impacto de los incendios que aún están transcurriendo en España, especialmente en la provincia de Ávila (el de mayor envergadura de la historia del país), Comunidad de Madrid, Toledo y Castellón, con miles de personas evacuadas o confinadas y un desastre a todos los niveles, ha motivado polémicas, bulos y teorías de todo tipo sobre las causas y también sobre posibles autores o beneficiarios de la catástrofe.
No es nada nueva la supuesta relación de la quema de los montes con intereses ocultos relacionados con negocios.
Para intentar abordar este espinoso tema que inunda las redes sociales y demás mentideros, creo que es apropiado exponer los datos disponibles de un caso concreto: el incendio de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, producido en 2022. Este examen nos permitirá intentar distinguir, de forma racional y documentada, entre lo inventado y lo real, entre el bulo y la duda o la verdad. Será el lector quien se decante libremente.
Tras cada gran incendio forestal en España surge una pregunta recurrente: ¿existen intereses económicos que puedan beneficiarse de la destrucción del monte? La respuesta exige distinguir entre los beneficios económicos que efectivamente aparecen después del fuego y la existencia —o no— de pruebas de que un incendio haya sido provocado para obtenerlos.
En la Sierra de la Culebra (Zamora), el incendio de 2022 arrasó más de 50.000 hectáreas. Las investigaciones oficiales atribuyeron el origen de los principales focos a tormentas secas con caída de rayos, agravadas por una ola de calor y unas condiciones meteorológicas extremas.
Tras el incendio comenzaron importantes actuaciones económicas. Por un lado, el aprovechamiento de la madera quemada mediante contratos públicos; por otro, la restauración forestal financiada por las administraciones. El Ministerio para la Transición Ecológica destinó millones de euros a trabajos de emergencia para estabilizar suelos, retirar árboles peligrosos y favorecer la regeneración del monte.
Al mismo tiempo, la provincia de Zamora ha seguido desarrollando proyectos de energías renovables. En el entorno de la Sierra de la Culebra ya existían parques eólicos antes del incendio y posteriormente han continuado tramitándose proyectos de hibridación, consistentes en añadir plantas fotovoltaicas a parques eólicos existentes compartiendo las mismas infraestructuras de evacuación eléctrica. Entre las empresas presentes en el desarrollo de proyectos renovables en la zona o en su entorno figuran grandes compañías del sector energético, como Iberdrola, Naturgy y otras promotoras especializadas, dependiendo del proyecto concreto.
La existencia de estos proyectos ha alimentado el debate público. Sin embargo, hasta la fecha no existe ninguna resolución judicial ni investigación oficial que haya concluido que el incendio de la Sierra de la Culebra fuera provocado para favorecer explotaciones madereras, parques eólicos o plantas fotovoltaicas.
La legislación española establece importantes limitaciones. La Ley 43/2003, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, dispone en su artículo 50 que los terrenos forestales incendiados no pueden cambiar de uso forestal durante al menos treinta años, salvo excepciones muy tasadas por razones imperiosas de interés público, aprobadas mediante una norma con rango de ley y con medidas compensatorias. Además, durante el periodo de regeneración quedan prohibidas las actividades incompatibles con la recuperación de la cubierta vegetal.
Estas restricciones explican por qué la idea de que un incendio permite automáticamente urbanizar un monte o instalar parques solares carece de respaldo legal. Si un proyecto energético estaba previsto con anterioridad o cumple todos los requisitos ambientales y urbanísticos, puede seguir su tramitación; pero el incendio, por sí solo, no elimina las exigencias legales ni convierte automáticamente un monte quemado en suelo apto para otros usos.
El caso de la Sierra de la Culebra demuestra que tras un gran incendio aparecen contratos públicos, aprovechamientos forestales y proyectos de inversión. Todo ello constituye una realidad económica documentada. Sin embargo, afirmar que esos intereses fueron la causa del incendio requiere pruebas concretas que, hasta el momento, no han sido aportadas por ninguna investigación oficial ni por los tribunales.
La transparencia sigue siendo la mejor herramienta para evitar sospechas. La publicación íntegra de los contratos de aprovechamiento de madera, de restauración forestal, de los proyectos energéticos y de sus evaluaciones ambientales permitiría a la ciudadanía conocer con precisión qué actividades existían antes del incendio, cuáles se aprobaron después y cuáles afectan realmente a terrenos calcinados.
Si se me permite una apreciación de tipo político y a tenor de lo expuesto, es evidente que una verdadera municipalización con participación democrática real de los vecinos que participen y controlen todas las decisiones de su municipio, en federación con el resto de municipios, sería la solución idónea referida a este tema y en general a lo que se entiende por la política actual al uso.
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