espacioseuropeos.com (27/8/2010)
La AUGE (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ha expresado su malestar por la presencia de miembros de la Guardia Civil en Afganistán. Y lo ha hecho a través de una nota de prensa emitida por esta asociación, la mayoritaria entre los miembros del cuerpo. Tras los actos fúnebres a los guardias civiles José María Galera Córdoba y Abraham Leoncio Bravo Picallo, la AUGE mostró el «malestar existente en el colectivo, por la gestión gubernamental al respecto de estos hechos».
En primer lugar – dice la nota de prensa- «por el empeño de la clase política en tomar protagonismo en un entierro donde los allegados de los fallecidos habían expresado su decisión de realizar una ceremonia intima». A pesar de ello, los guardias civiles, «compañeros de los fallecidos se les sigue vetando poder estar junto a familia y guardias civiles afectados, pues nuevamente, a los representantes de las asociaciones profesionales del Cuerpo, se nos sigue impidiendo la asistencia a estos actos».
Una vez más, la AUGE -lo viene haciendo desde que dura la misión ISAF en Afganistán- ha manifestado la «precipitación del Gobierno a la hora de enviar y mantener a guardias civiles en escenarios que son -por más que se quiera negar- bélicos».
El comunicado de prensa afirma que la «Guardia civil está realizando misiones internacionales con éxito, en tareas de apoyo y formación a cuerpos policiales en otros diversos países, pero este Cuerpo de Seguridad no está preparado para actuar en zona de guerra, como es Afganistán. Lo que abre de nuevo del debate sobre la indefinición estatutaria en la que se empeña en mantener el Gobierno a la Guardia Civil, cuando, porque pese al mandato normativo, elude sistemáticamente regular de una vez por todas -por medio de Real Decreto- las misiones militares que deben desempeñar sus componentes».
La AUGC se pregunta, como nosotros hacemos reiteradamente, «¿si estamos ante un acto de guerra, o según se empeña el Ministro del Interior, de terrorismo? Porque sostener lo segundo, nos aboca al absurdo de remitir diligencias judiciales por delito terrorista a la Audiencia Nacional de España, frente a no se sabe bien qué imputados».
El comunicado termina así: «El Ejecutivo debe afrontar y aclarar el estatus del Guardia Civil y evitar el recurso fácil de atribuirse éxitos que únicamente corresponde a la profesionalidad de los miembros de la Institución».