España
espacioseuropeos.com (6/9/2010)
En una nota de prensa la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), comunica que ha impugnado ante los Tribunales de Justicia, la Orden del Ministro del Interior, por la que se destina al General de División, en situación de reserva, Rogelio Martínez Masegosa, ex jefe de la Agrupación de Tráfico, «para que sea el nuevo presidente de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil».
De acuerdo con el comunicado de la AUGC, este nombramiento «se ha hecho de espaldas a los miles de guardias civiles que han de sufragar los presupuestos de la Asociación, de forma obligatoria, sin posibilidad alguna de darse de baja en la misma». Por otro lado, «no se ha producido convocatoria electoral alguna, que cumpliera con el principio general que debe regir la vida de cualesquiera tipos de asociaciones, incluso las de derecho público, que es el de democracia interna y pluralismo».
La Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil cuenta con un ingente patrimonio, la mayor parte de naturaleza inmobiliaria, «que es de todos los guardias civiles y cuya gestión no puede llevarse a cabo como si de una unidad militar se tratase».
Por otra parte, el destino del General Rogelio Martínez Masegosa -según la AUGC- «bien conocido por los guardias civiles por su ineficaz etapa al frente de la Agrupación de Tráfico, ahora se le premia con este nuevo cargo en lo que supone un nuevo acto de agravio y desprecio a los derechos de miles de guardias civiles y de sus familias»; lo que supone para esta asociación «un nuevo acto de agravio y desprecio a los derechos de miles de guardias civiles y de sus familias, y una preclara conculcación de la ley derechos que prevé la participación de las asociaciones profesionales en los procesos electorales de elección de los órganos de gobierno de las mutualidades, asociaciones y restantes entes de previsión social y asistencial oficialmente constituidos por miembros de la Guardia Civil».
Con este nombramiento, el Ministerio del Interior «pretende crispar aún más la situación a la que se ha llevado a los guardias civiles y sus familias y no afrontar compromisos políticos y mandatos legislativos, todos encaminados a la plena ciudadanía de aquellos».