Sin Acritud…

El fin del modelo económico español ¿Cómo reconvertir un sistema abocado al fracaso?

Ricardo Angoso (22/10/2008)
NADA MÁS COMENZÓ a atisbarse la reciente crisis económica internacional, las señales de alarma se encendieron en el m

odelo español. Aumentó el desempleo, la inflación, la economía en general se desacel

eró, bajo el índice de ocupación turística, el sector estrella

 de la economía española, la construcción, paró en seco y los precios del mercado inm

obiliario comenzaron a caer sin remisión.

«Somos un país escasamente industrial, donde se produce poco, caro y mal, con una grave dependencia del exterior en materias primas». Un país



La corrupción, el flanco débil del gobierno argentino

Julio Miranda (17/10/2008)
LA REPÚBLICA ARGENTINA siempre ha sido una nación de grandes contrastes. Hasta hace no muchas décadas, y fruto del desarrollo cultural de sus grandes e influyentes colonias extranjeras, particularmente la italiana, Buenos Aires, la Capital Federal fue la única ciudad de la América del Sur que recibía a los más grandes artistas, realizadores cinematográficos, escritores e intel

ectuales de talla mundial, y en forma casi simultánea a la de los grandes centros culturales del mundo.



El Gobierno de Guinea Ecuatorial desmiente que Obiang esté muerto, pero hasta ahora no se le ha visto en público

Abaha (16/10/2008)
La presidencia de Guinea Ecuatorial ha negado los rumores «difundidos por la oposición en el exilio», acerca de que el presidente Teodoro Obiang Nguema había «muerto o caído en coma irreversible». Los portavoces presidenciales afirman que los rumores son totalmente «falsos», pero hasta ahora el presidente guineano no ha comparecido públicamente.

Hoy, el «digitalcastillalamancha.es», en un artículo titulado «Le daban por muerto, pero acaba de entrevistarse con El Pocero», comenta que Francisco Hernando, «El Pocero» ha mantenido una entrevista con Obiang Nguema, pero que



España y la venta (irresponsable) de armas

Mabel González Bustelo (15/10/2008)
La importancia de mejorar el control y la transparencia en las exportaciones de Defensa.

ESPAÑA VENDIÓ EN EL AÑO 2007 material de defensa y de doble uso por valor de 932 millones de euros, según la información que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados y que posteriormente ha explicado la secretaria de Estado de Comercio Exterior en su comparecencia anual ante la Comisión de Defensa. Esto significa un 10 por ciento más que el año anterior, y confirma la tendencia al alza de los últimos años. En 2006 las ventas se habían duplicado y, desde el año 2001, se han multiplicado por cuatro. Esto nos sitúa en el octavo lugar del mundo por exportaciones de este tipo de material.

«En 2007 se vendieron armas a Colombia por valor de más 15 millones de euros, la mayor parte de los cuales podría corresponder a la venta de 13 carros lanza obuses para el Ejército colombiano».

Los datos confirman varias tendencias preocupantes que ya se apuntaban en los años anteriores. El principal, quizá, son los preocupantes destinos de muchas de estas armas. En 2007 se vendieron armas a Colombia por valor de más 15 millones de euros, la mayor parte de los cuales podría corresponder a la venta de 13 carros lanza obuses para el Ejército colombiano. El Gobierno no ha aclarado con qué criterio autoriza esas ventas a un país sumido desde hace décadas en un conflicto armado y donde todas las partes violan de forma grave y sistemática los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

A Israel, por su parte, se le vendieron 1,5 millones de euros, sin ninguna garantía de que ese material no contribuirá a mayores violaciones de los derechos humanos y más represión. Otro tanto podría decirse de Pakistán, que vive una espiral de recorte de derechos y libertades y represión, o de Marruecos, donde además existe un conflicto territorial no resuelto. Y estos son sólo algunos ejemplos de los destinos de las armas españolas, pero podrían mencionarse otros como Egipto, El Salvador o Indonesia.

ACUERDOS Y TRANSPARENCIAS EN ENTREDICHO
Este año el Código de Conducta de la UE sobre exportaciones de armas cumple una década. Este instrumento, no vinculante, establece ocho criterios por los que los Estados miembros no deberían autorizar ventas de armas a ciertos países, entre ellos el hecho de que estén en conflicto armado; el respeto de los derechos humanos en el país de destino; el riesgo de posibles desvíos a terceros países: «Los datos oficiales proporcionados por el Gobierno no coinciden con los que da la Agencia Tributaria a través de sus registros arancelarios» el cumplimiento de los compromisos internacionales en cuanto a sanciones y embargos; la compatibilidad del gasto en defensa y armamento con el cumplimiento de los servicios sociales básicos; etcétera. Dados los destinos antes mencionados, queda claro que el Gobierno no está aplicando el Código estrictamente, y tendría que explicar si ha recibido garantías de que las armas cuyas ventas autoriza no serán usadas para violar estos criterios.

Un aspecto muy preocupante son las elevadísimas cantidades de munición y armas para caza y tiro deportivo que España exporta todos los años sin control, especialmente a África Subsahariana. Somos el primer exportador a la región, donde destaca Ghana como destino preferente: en el año 2007, volvió a recibir el equivalente a 3,5 millones de euros en este material, cifra similar a la de los años anteriores. «La Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso de diciembre de 2007 establece ciertas mejoras en materia de transparencia y control». Estas cantidades resultan desmesuradas, y sugieren la pregunta de si estas armas no estarán atravesando alguna de las porosas fronteras para llegar a países vecinos, varios de los cuales están en situación de conflicto o posconflicto. La propia secretaria de Estado reconocía, en su comparecencia, que el destino final puede ser Nigeria, un país con grave inestabilidad. Además, la Comunidad de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), de la que forma parte, decretó en 1998 una moratoria sobre la importación, exportación, producción y distribución de armas pequeñas y ligeras y sus municiones.

Un elemento adicional de preocupación es la falta de transparencia. Los datos oficiales proporcionados por el Gobierno no coinciden con los que da la Agencia Tributaria a través de sus registros arancelarios, o figuran con importes, volúmenes o cantidades diferentes. Y en ocasiones, ninguno de ellos coincide con los que se aportan al Registro de Armas Convencionales de Naciones Unidas. Esto lleva años ocurriendo, y la cuestión inmediata es por qué no se da más información y de forma más clara o, dicho de otra forma, qué tienen que ocultar los vendedores de este material.

LA LEY SOBRE COMERCIO EXTERIOR
En diciembre del año 2007 el Parlamento aprobó la Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. El texto, aunque mejorable, establece ciertas mejoras sobre la situación de los últimos años en materia de transparencia y control. Por ejemplo, se dará más información sobre los productos exportados, y se exigirá a las empresas que aporten documentos e información sobre los países de tránsito y los métodos de transporte. «Cada año mueren como media 300.000 personas en contextos de conflicto armado y otras 200.000 son abatidas por la violencia en sociedades con altos niveles de violencia social y criminal». También establece que el Gobierno, para autorizar o denegar una transferencia, debe tener en cuenta los informes sobre la situación de derechos humanos, etc., de la ONU y de otros organismos de reconocido prestigio. Y se someterán a control las armas y municiones de caza y tiro deportivo.

La mayoría de estos avances no aparecen en la información relativa al año 2007, dado que corresponde a ventas anteriores a su entrada en vigor. La Ley también amplía el control parlamentario. A partir de ahora, los diputados miembros de la Comisión de Defensa no sólo recibirán esos datos, sino que podrán elaborar un dictamen con cuestiones y recomendaciones al Gobierno, que éste deberá cumplir para el año siguiente (o justificar por qué no lo hace).

En este momento los diputados se encuentran debatiendo sobre ese dictamen, lo que puede ser una oportunidad para avanzar. Hay algunas preguntas que sería clave hacer: ¿Con qué criterios se han autorizado ventas a determinados países? ¿Se dispone de garantías de que no serán usadas con fines no previstos? ¿Se han tenido en cuenta los informes internacionales sobre la situación de derechos humanos? ¿Cómo se está interpretando el Código de Conducta?

ASUMIR RESPONSABILIDADES
En el mundo hay un arsenal de armas pequeñas y ligeras superior a los 600 millones de unidades y cada año se fabrican ocho millones más. «Aplicar la Ley de la forma más avanzada posible, es decir, estrictamente respetuosa con su espíritu y su letra, sería un buen ejemplo de compromiso con la paz». También cada año mueren como media 300.000 personas en contextos de conflicto armado y otras 200.000 son abatidas por la violencia en sociedades con altos niveles de violencia social y criminal. Es cierto que no son las armas las que causan la violencia, pero sin duda agravan sus efectos, incrementan su letalidad y la hacen más difícil de abordar. En países que salen de un conflicto, la proliferación pone en grave peligro los procesos de reconstrucción.

El mundo debería avanzar hacia una mayor regulación y control del comercio de armas por su coste humano, social e incluso económico, ya que obstaculizan un desarrollo sostenible. Están en marcha negociaciones para lograr un Tratado Internacional que regule estas transferencias. En el año 2006, la ONU decidió iniciar a redactar ese Tratado, con el apoyo de numerosos Gobiernos, y en 2007 más de cien Estados respondieron a la consulta del secretario general. Actualmente, 28 expertos gubernamentales de los cinco continentes debaten las líneas generales del Tratado.

Lograrlo sería un paso muy importante, pero además cada país debe asumir su responsabilidad. El Gobierno español, que apuesta por el multilateralismo y por la resolución pacífica de los conflictos en el ámbito internacional, podría demostrar que ese compromiso es real dando pasos para mejorar el control y la transparencia de las exportaciones de armas. Así quedaría claro que no sitúa los intereses comerciales por encima de los derechos humanos. Aplicar la Ley de la forma más avanzada posible, es decir, estrictamente respetuosa con su espíritu y su letra, sería un buen ejemplo de compromiso con la paz.

N. de la R.
Mabel González Bustelo es periodista y analista de temas internacionales. Profesora de varios posgrados en universidades españolas (Facultad de Periodismo de la UCM, entre otras) y extranjeras. Colaboradora habitual de medios como Público, El Mundo, El Correo y numerosos medios audiovisuales. Ha trabajado en terreno como investigadora y consultora en Colombia, Ecuador, Angola, etc. Forma parte de la junta directiva del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional (IPPAI). Actualmente es responsable de la campaña de desarme de Greenpeace.
Este artículo se publica gracias a la gentileza de la autora y de Safe Democracy.

 



Una foto que vale 30 mil millones de euros

Alberto Montero (14/10/2008)
Está visto y comprobado: los banqueros de este país no se hacen fotografías gratis. La que se hicieron con Rodríguez Zapatero en la reunión de hace unos días en La Moncloa ya tiene precio: un fondo anticrisis de 30 mil millones de euros ampliables hasta 50 mil (entre el 3% y el 5% del PIB) para, en palabras del propio presidente del Gobierno, «el sistema financiero más sólido del mundo».



Argentina: Distintas formas de ejecución de los Derechos Humanos

Alberto Buela (25/9/2008)
El fin de la dictadura militar que duró del 76 al 83 supuso la restauración del sistema democrático en la Argentina.

Así, desde diciembre de 1983 a mayo de l989 gobernó el Partido Radical bajo la presidencia de Raúl Alfonsín quien renunció, en sus palabras «resignó» el poder a manos de Carlos Menem surgido de las filas del peronismo.

El régimen político de Alfonsín vino a restaurar el Estado de derecho con en cual, siempre según sus palabras «se come, se vive y se educa». La democracia para él no era un sistema de gobierno, seguramente el mejor para las sociedades de masas, sino «un sistema de vida». Error típico de la ideología liberal en su variante socialdemócrata que confunde y reduce las múltiples y variadas formas de vida a una forma de gobierno.

El rescate de los Derechos Humanos, tomados en sorna por la dictadura militar del 76 al 83 bajo el slogan «los argentinos somos derechos y humanos», está íntimamente vinculado al Estado de derecho reinstaurado por el gobierno radical. Estos Derechos Humanos tenían su anclaje en las Declaraciones liberales de los derechos del hombre de la Revolución francesa de 1789, y más acá, en la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, que supuso una mayor elaboración teórica del tema al que aportaron sus meditaciones dos centenares de filósofos y pensadores.

Así, los Derechos Humanos fueron el marco de referencia de un Estado de derecho que realizó eficazmente el juicio a los máximos responsables del terrorismo de Estado (cuando desde el Estado la fuerza legítima se transforma en violencia) aplicado durante la Dictadura militar.

El tema de la convivencia política y social civilizada e ilustrada con su teoría de los dos demonios sostenida, entre otros, por Ernesto Sábato en el libro Nunca Más, fue el objetivo propio y específico de este gobierno. Objetivo que no le permitió ni ver ni resolver las sucesivas crisis económicas. Así, inflación galopante, desempleo, nueva moneda con el «austral», crecimiento desmedido de la fraudulenta deuda externa, etc. Todo ello hizo que el radicalismo derrotado en forma contundente en elecciones presidenciales entregara, seis meses antes, el gobierno al menemismo triunfante.

Menem al asumir el poder cambió, en el mismo día de su asunción, de ideología, pasando a militar en el liberalismo más rancio llamado neoliberalismo (su primer ministro de economía Rapanelli fue el último gerente de la multinacional Bunge y Born).

En este gobierno que dura diez años(1989-1999) se deja de lado la teoría de los Derechos Humanos como marco de referencia del accionar democrático para sostener que «la sociedad fue víctima inocente» de las acciones de la Dictadura militar. Se proclamó en nombre de un pragmatismo político que sólo leía a Sócrates, la superioridad de los fines con lo que se vino a legitimar el uso de cualquier medio, incluso aquellos que iban en contra de los Derechos Humanos como había sucedido durante la Dictadura y se terminó indultando a los militares condenados, sabia y prudentemente, por el tribunal formado en el gobierno anterior.

Le sucede a Menem, el radical liberal De la Rúa quien, como ha sucedido históricamente en Argentina, se limitó a respetar la formalidad democrática, esto es, a la democracia procedimental pero no supo resolver las sucesivas crisis económicas cada vez más agudas, que terminaron por expulsarlo del poder en diciembre de 2001. Llevándose a cuestas en su conciencia una veintena de muertos.

Superada la debacle económica por el gobierno provisorio de Duhalde asume en mayo de 2003 Kirchner quien instala como «un absoluto ético» de su régimen de gobierno los Derechos Humanos.

Con la creación de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos como usina ideológica del gobierno se tomó distancia del viejo Estado de derecho y se llevaron los Derechos humanos y su defensa al paroxismo de extenderlos a toda la actividad humana. Se dejó de lado el criterio según el cual los Derechos Humanos se fundaban en la inherencia a la persona para ser establecidos por consenso. Aparecieron así infinita variedad de «derechos humanos» según el lobby que los fogoneara. Por ejemplo, Derechos Humanos de los gays al matrimonio o a la adopción de hijos, de las mujeres al aborto, al ejercicio de la prostitución, al consumo de drogas, etc.

Se lo estableció como «un absoluto ético» en cuya defensa convergieron las Madres de Plaza de Mayo, quienes son las que verdaderamente rescataron en Argentina la función política de los Derechos Humanos, y la militancia montonera de los años 70. Esto es, «los imberbes» echados por Perón de la Plaza de Mayo en 1974. Sin contar con todos aquellos, que son muchísimos, que vieron en el manejo e instrumentación de los Derechos Humanos una salida laboral o el inicio de una carrera política.

Esta convergencia produjo la anulación de los juicios de Alfonsín y la anulación de los indultos de Menem a los responsables del terrorismo de Estado, lo que llevó a la realización de nuevos juicios con seguras nuevas condenas, pero esta vez no ya en el marco del Estado de derecho sino más bien ligados a la revancha entendida como resentimiento político, en tanto que rencor retenido durante veinte años por aquellos que fueron vencidos militarmente por la Dictadura militar.

El régimen de Kirchner al transformar los Derechos Humanos en «un absoluto ético», según el cual ningún fin ni ninguna acción de la oposición al gobierno se puede justificar si va en contra de ellos, los que a su vez como vimos se transformaron en infinitos, hizo que su gobierno no pueda ser criticado sin ser el crítico inmediatamente estigmatizado. Así, sus decisiones no se discuten y su pluralismo es entendido como poner al otro, al que se opone o disiente, de rodillas. Su gobierno se transformó más en personal que en institucional. No otorgó ni una sola conferencia de prensa en todos sus años de gobierno ni realizó ni una sola reunión de gabinete. Gobernó a través de decretos de necesidad y urgencia relegando al Congreso Nacional a una mera formalidad democrática. Se manejó al mejor estilo staliniano rodeado de la troyca que formó el círculo áulico.

Este breve recorrido deja una lección, los absolutos éticos elevados a normas políticas nos llevan, lo quieran o no así sus gestores, a regímenes políticos de corte personal y arbitrario.

Hoy Kirchner terminó, al menos formalmente, su mandato. La que está en el gobierno es su señora Cristina Fernández, y ella tiene la ocasión de tomar nota de esta evolución político-ideológica de los Derechos Humanos y así puede ver que si gobernar es crear instituciones como lo hizo Sarmiento con el Colegio Militar donde canalizó todas la inquietudes belicosas que perduraban de las guerras civiles del siglo XIX y Perón lo hizo con los sindicatos donde superó las tensiones políticas e ideológicas venidas desde Europa entre anarquistas, comunistas y socialistas. Por qué no institucionalizar el ejercicio del poder político en Argentina fundándolo en la simpleza y claridad de realización de «los valores patrios».

N. de la R.
Alberto Buela (Argentina) es profesor de Filosofía, autor de numerosos libros, ensayos y artículos. Asimismo, es miembro de CEES (Centro de Estudios Estratégicos).

 



Renovación del Constitucional. ¡Muera Montesquieu!

Emilio Campmany (21/9/2008)
Es sabido que el PSOE reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que su presidenta, María Emilia Casas, pudiera seguir siéndolo transcurridos los tres años de mandato que fija la Constitución y que la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña se retrasara todo lo que al Gobierno conviniera. De paso, también se reformó el sistema de elección de los cuatro magistrados del Constitucional que vota el Senado. Se estableció que la Cámara Alta los elegiría de entre los candidatos que propusieran los diecisiete parlamentos autonómicos.

El 29 de septiembre vence el plazo para presentar nombres, dos como máximo por parlamento. La mayoría de ellos apenas tiene interés en el asunto. Y es casi seguro que algunos no propondrán a nadie. ¿Para qué iban a hacerlo? Cualquiera que propusieran las Comunidades Autónomas de segunda, aunque fuera el mismísimo Savigny, no tendría ninguna oportunidad por el sólo hecho de haber sido designado por ellas. Díganme, si no, qué puede esperar un candidato proveniente de Murcia o de La Rioja.

Otra cosa es Cataluña. Allí se da por hecho que al menos uno de los que digan será magistrado del Constitucional. Están tan seguros porque la reforma tiene precisamente ese objeto: otorgar a Cataluña el privilegio de designar directamente a uno de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Privilegio que, naturalmente, no tiene sentido reconocer a las demás, con la excepción quizá del País Vasco. Tan es así que lo más probable es que la propuesta de Cataluña se limitará a un nombre para evitar equívocos y que los senadores sepan muy bien a quien tienen que votar.

Las dificultades que está teniendo el Parlamento catalán para dar con la persona adecuada no se deben a la escasez de catalanistas estudiosos de la Constitución (la mayoría para ver el modo de cargársela), sino porque casi todos participaron de uno u otro modo en la elaboración del Estatuto. El haber colaborado en la redacción puede ser causa de recusación. Naturalmente, la Generalidad no quiere que el catalanista que vaya al Constitucional, que irá para votar a favor de la constitucionalidad del Estatuto, se vea privado por una recusación de hacer precisamente aquello para lo que se le nombra.

Seguro que al final encuentran a alguien. Pero quién sea es lo de menos. Lo escandaloso es que, en un procedimiento abierto en el que diecisiete parlamentos supuestamente iguales han de proponer a treinta y cuatro candidatos, hoy ya sabemos que el que venga de Cataluña, sea una lumbrera o un zote, será con toda seguridad elegido. Y lo será además para defender, en el seno del Tribunal, la constitucionalidad de las muchas inconstitucionalidades que pesan sobre el Estatuto de Cataluña.

No se sabe qué ocurrirá con los nombres que vengan del País Vasco. Para las demás, la única posibilidad que hay de que sea nombrado alguno de sus candidatos se limita al caso de que alguna de las cúpulas de los dos grandes partidos les haga la caridad de decirles qué nombres quiere que salgan.

Si en España reina la división de poderes, que venga Dios y lo vea. Y encima, el Supremo, ilegalizando por unanimidad a golpe de látigo del Gobierno. ¡Muera Montesquieu!

N. de la R.
Este artículo se publica gracias a la gentileza del autor y del GEES (Grupo de Estudios Estratégicos).

 

 



Notas sobre la autoridad

Alberto Buela (11/9/2008)
Uno de los puntos débiles del pensamiento políticamente correcto es el obviar, ignorar o no considerar ciertos temas de todos los días como es el caso del dolor, el envejecimiento, la muerte, la jerarquía, el orden, la autoridad.

Respecto de este último tema sabemos que desde la Ilustración (siglo XVIII) hasta el progresismo de nuestros días se ha producido la negación sistemática de la autoridad para remplazarla por los criterios que brinda la sola razón. Sin percatarse que no puede existir ningún tipo de conocimiento libre de la autoridad pues ella es elemento constitutivo de él. Si bien la autoridad no puede reemplazar al juicio propio, ello no excluye que la autoridad sea fuente de verdad.

Por otra parte, ningún  hombre puede pensar  a partir de «su sola razón» sino que comienza a pensar dentro de una determinada tradición de pensamiento o cultura. Todo hombre nace dentro de grandes ecúmenes culturales que son las que condicionan su sentido de ser en  el mundo.

Cualquiera que escucha el término autoridad inmediatamente lo asocia con la figura del que manda y su correlato aquel que obedece. La relación mando-obediencia se impone de entrada como la dupla a partir de la cual comenzamos a entender aquello que menta el concepto de autoridad. Esta última la podemos caracterizar en una primera definición como la imposición de la voluntad de un hombre sobre otro.

Pero a poco que nos detengamos a pensar vemos que esta determinación no es del todo suficiente porque nos habla más bien de la consecuencia del ejercicio de la autoridad y no de la autoridad misma. Y las definiciones para ser completas y acabadas tienen que encerrar la esencia de aquello que se quiere definir y no sólo su finalidad.

La versión autoritaria de la autoridad la vincula con la obediencia «por principio» ciega o mecánica. De hecho, esta concepción de la autoridad ha estado vinculada a las órdenes militares o religiosas sobre todo en el período de formación de sus miembros.  Autoritario es aquel que ejerce su poder para obtener la obediencia de otro.

Pero como dijimos, la naturaleza de la autoridad no se agota en la obediencia sino que hay que buscarla a partir del acto de reconocimiento de un saber superior en cualquier aspecto de la vida que un hombre realiza de otro. La superioridad del saber del otro sobre el de uno mismo es el origen de la autoridad.

La autoridad no se recibe sino que más bien es concedida por un hombre a otro. Es concedida por aquel que reconoce en el otro un saber o conocimiento superior al que él posee en la materia o tema determinado de que se trate. Nadie es autoridad en todo, se es siempre autoridad en algún orden de cosas, dominios o disciplinas, aunque ninguno de nosotros está libre de «los todólogos». La única tuttología aceptable es aquella de los padres que se ocupan de sus hijos y solo hasta los seis o siete años.

La autoridad se funda en el saber reconocido de alguien y en la necesidad que ese conocimiento genera. El centenario filósofo Hans Gadamer (1900-2002) escribió: La autoridad correctamente entendida tiene que ver no con la obediencia, sino con el conocimiento.

El hombre desde el momento en que reconoce a otro como autoridad confía en que lo que dice es cierto, es verdadero. Es por ello que la autoridad presupone el conocimiento o saber de aquel que la ejerce, mientras que la obediencia manifiesta el poder, nos está indicando el ejercido concreto de la autoridad de aquel que la ejerce.

Así, la autoridad que como ejercicio se manifiesta en el plano político-social pudo ser definida muy acertadamente por filósofo escéptico Giuseppe Rensi (1871-1941) en su libro «Filosofía de la autoridad» (1920) como: «el acto que determina lo que de hecho vale como justicia y moral (…) entre opuestas verdades teóricas racionalmente posibles es la autoridad la que decide lo que de hecho debe valer como si fuese la justicia, el bien, la verdad» [1].

La objeción que nace desde la politología y la sociología al observar que en nuestras sociedades no todas las autoridades dicen la verdad, pues existen autoridades que infunden conocimientos falsos para manipular el control de las personas, objeción que también puede aplicarse al control y manejo de grupos sociales menores. Esta objeción es difícil de remontar. Hay que hacer la distinción entre potestas y auctoritas. La autoridad en tanto es entendida como poder puede mentir y de hecho miente para logar la obediencia, pero la autoridad en tanto auctoritas, es decir, en sí misma se funda en la verdad. Pues conocimiento es siempre verdadero, un falso conocimiento es un desconocimiento.

Si bien la autoridad genera obediencia, ella no es obediencia, ésta es la consecuencia del ejercicio de la autoridad. Pero, ¿la autoridad tiene por finalidad sólo el logro de la obediencia o busca o puede logar algo más?

Una vez más tenemos que aplicar el viejo principio metodológico de la filosofía clásica distinguere ut iungere (distinguir para unir) y así discriminar entre bienes externos e internos. La autoridad en el campo de los bienes externos puede en una práctica mal hecha (una pseudo investigación) lograr prestigio, fama y dinero. Hay tantísimos académicos de pacotilla que padecemos hoy día. Pero, por el contrario, la autoridad en los bienes intrínsecos solo se puede afirmar realizando bien la práctica en cuestión. Los bienes internos a determinada práctica solo se pueden obtener realizando bien esa práctica.

Así, ha podido afirmar ese gran filósofo escocés Alasdair MacIntayre (1929) que la virtud (analógicamente la autoridad) solo puede ser definida en relación con las prácticas y con sus bienes internos.

Y estos bienes internos no son solo para el que los realiza sino bienes para toda la comunidad. Una autoridad, aun la más aislada,  es siempre una autoridad socialmente reconocida.

Así el pseudo investigador del ejemplo, estos especialistas de lo mínimo del Conicet y las academias, usurpadores de becas, prestigios y canonjías podrán tener un curriculum abultado y ganar buen dinero, pero aquello que nunca tendrán es la satisfacción de haber podido ampliar los conocimientos de sus disciplinas metodológicamente garantizados por la práctica de investigar y la autoridad que los guía.

Vemos entonces como la naturaleza o esencia de la autoridad se nos muestra a dos puntas: por un lado en el reconocimiento del superior por el inferior y por otro el servicio del superior al inferior para el logro de una práctica bien hecha. La finalidad última de la autoridad sería el progreso existencial de aquellos que la acatan. Se da por cumplido así el último sentido etimológico de auctoritas que los romanos entendían como reconocimiento, respeto y aceptación, que deriva del sustantivo auctor-creador, autor, instigador, a su vez derivado del verbo augere que significa aumentar, hacer progresar.

N. de la R.
Alberto Buela (Argentina) es profesor de Filosofía, autor de numerosos libros, ensayos y artículos. Asimismo, es miembro de CEES (Centro de Estudios Estratégicos).



“La España necesaria” frente a la España prescindible

José Manuel G. Torga (9/9/2008)
«La España necesaria» es un tomito, lanzado con el cuño de Editorial Universitas, dentro del cual hay ideas clarificadoras y muy útiles, en momentos en que una densa polvareda de despropósitos dificulta la visibilidad conceptual de la nación de nuestra nacencia, herencia y querencia.



Los planes de guerra en Irán y la pérdida de poder estadounidense. Del fracaso de los neoconservadores al nuevo realismo

Arshin Adib-Moghaddam  (9/9/2008)
CUANDO IRÁN lanzó las pruebas de misiles Shahab hace unas pocas semanas, muchos analistas interpretaron el hecho como otro indicador del intransigente desafío de Irán a la comunidad internacional.

Sí, es cierto que Irán ha construido un autosuficiente complejo militar-industrial, que está produciendo en masa tanques, cazas a reacción y




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