España
Diego Camacho (1/10/2011)
Lo más reseñable del ágape organizado por Bono, para despedir la legislatura, fueron las reflexiones del Jefe del Estado al augurar las muchas dificultades y sacrificios que nos esperan, aunque «no hemos llegado hasta aquí para darnos ahora por vencidos».
Contemplando la foto de los comensales que encarnan los «poderes», se comprende perfectamente que nuestra situación haya llegado a ser tan penosa como la percibe el Rey.
De derecha a izquierda: el Fiscal General, nada preocupado por mancharse la toga con el polvo del camino; el Presidente del Tribunal Constitucional, capaz de sustanciar sentencias en 24 horas si con ello se permite introducir a ETA en las instituciones; el Presidente del Congreso de los Diputados, cuya enorme fortuna tiene un origen tan poco claro como la necesidad de construir un aeropuerto en Ciudad Real; el Rey; ZP, paradigma de la incompetencia gubernamental; el Presidente del Senado, de currículo manifiestamente mejorable aunque al estar al frente de una cámara inútil políticamente no se nota demasiado; y el Presidente del TS, incapaz de imponer las sentencias del tribunal que preside en Cataluña.
La corrupción es la lacra de nuestra nación y en su desarrollo tienen más responsabilidad estos felices comensales que cualquier español. Si la clase dirigente, pues de una clase se trata por los privilegios que se han ido procurando, es corrupta es preciso terminar políticamente con ella, pues el objetivo de servir a la comunidad que debía inspirar su liderazgo, ha sido sustituido por su interés personal.
El papel del Rey si está exento, constitucionalmente hablando, de responsabilidad no lo está de crítica pues en numerosas ocasiones la acción de la Corona no ha sido ejemplar sino todo lo contrario. Para quien quiera profundizar, los trabajos de Jesús Cacho (El negocio de la libertad) y de José García Abad (La soledad del Rey) le permitirán conocer suficientes datos para formarse una opinión. La monarquía se ha consolidado, sobre todo, por dos razones: la benevolencia periodística en silenciar los errores o escándalos de su titular y la lealtad mayoritaria de los ciudadanos al régimen constitucional establecido al mirar hacia otro lado cuando el Jefe del Estado no estaba a la altura. Desde Fernando VII, en España ningún personaje político debió tanto a tantos.
En una situación de crisis generalizada, no sólo económica, sería magnífico hacer de la necesidad virtud y cambiar costumbres y usos. Para hacerlo los principales responsables sólo pueden predicar si lo hacen con el ejemplo personal. Se empieza a practicar la democracia interna en los partidos, se procesa a los corruptos, se obliga a devolver el dinero público sustraído, se instala la igualdad fiscal, se persigue la domiciliación en paraísos fiscales, se legisla a favor de una justicia independiente del poder político y se aplican las incompatibilidades a todos no exceptuando a jueces y fiscales cuyo sometimiento al poder ejecutivo es una de las principales causas de nuestra crisis de identidad.
N. de la R.
El autor es coronel diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Junta Directiva de APPA (Asociación para el Progreso de los Pueblos de África).