España
Diego Camacho (4/2/2015)
Lo que le faltaba a este gobierno era la historia de espías que acaba de desvelar Chris Coleman con 149 correos electrónicos. Según las conversaciones cruzadas, se evidencia la relación operativa que mantuvo, entre el 2008 y el 2011, Murad el Gul, jefe del gabinete del director del Servicio de Inteligencia marroquí (DGED), con varias personas. Una de ellas fue Nadia Jalfi, cónyuge de nuestro embajador en la India, Gustavo de Arístegui.
La labor de Nadia durante esos años era la de un agente de influencia: mandar mensajes a las personas adecuadas, contactar con periodistas o políticos que pudieran dar una opinión favorable de Marruecos, organizar viajes para estas personas, agasajos etc., todo ello bajo la dirección de su oficial responsable, el jefe de gabinete de Yasin el Mansuri, director de la DGED.
La relación con nuestro diplomático se estrecha, cuando Arístegui le propone a Nadia el proyecto de plasmar en imágenes, gracias a documentos inéditos que tenía en su poder, que demostrarían la soberanía marroquí sobre el Sáhara. La amistad se hizo más estrecha y ambos contraerían matrimonio en el 2010. Sería muy interesante saber si a la agente marroquí se le concedió la nacionalidad española y si tuvo avalistas, pues según la Constitución de Marruecos los marroquíes no pueden renunciar a su nacionalidad y están sujetos por el deber de lealtad al sultán mientras vivan.
Durante esos años de vino y rosas, Arístegui era portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados y su nombre se llegó a oír, aunque poco tiempo, como ministrable. Al ganar las elecciones, Rajoy premiaría su capacidad de relación con el reino alauita, así como sus desvelos en beneficio de una potencia extranjera nombrándole embajador de España en la India.
Muy mal funciona nuestra seguridad nacional cuando un alto funcionario, que además ha sido parlamentario, contrae matrimonio con una agente marroquí y es nombrado representante de España en la India. Está muy bien que triunfe el amor, pero no con el dinero del contribuyente ni a costa de su seguridad. El gobierno debería abrir de inmediato una investigación para conocer hasta que punto eran conocidos estos escarceos informativos de Gustavo de Arístegui, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por el CNI, por el Congreso de los Diputados y por el PP.
Este caso pone en evidencia el poder que tiene en Madrid el lobby dirigido desde Rabat y en el que participan miembros importantes de los dos partidos mayoritarios. Por otro lado parece que el estado de la cuestión no incomoda para nada a nuestra Casa Real, visto el grado de proximidad que ambas dinastías mantienen y no solo en el ámbito personal.
Solo así puede entenderse el rechazo del gobierno español en conceder el asilo político a Hassana Aalia, saharaui condenado en rebeldía a cadena perpetua por la protesta de Gdeim Izik de 2010, a pesar de la denuncia de varias organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) como Amnistía Internacional (AI) que han acusado al tribunal de no ofrecer las garantías procesales mínimas y haber obtenido las confesiones gracias a la tortura. Aunque en esta ocasión AI es generosa y se olvida en mencionar la naturaleza ilegal del propio tribunal y por tanto de sus sentencias. Marruecos ocupa el Sáhara Occidental sin ningún título que le legitime internacionalmente, por ello sus actos jurídicos en ese territorio solo se materializan en base a la fuerza, no al Derecho. Contemplamos así a Rajoy continuar la política de ZP en el 2010. Cuando permitió con su inacción el asesinato y la tortura de Gdeim Izik, a pesar de ser responsable de la administración del Sáhara, como todos los años le recuerda la ONU al gobierno español desde 1975.
En resumen, los DDHH son importantes para el gobierno español siempre y cuando nuestro país no esté implicado en la situación, por ejemplo Palestina. Pero si la defensa de los mismos afecta nuestra responsabilidad, Rajoy y sus muchachos son incapaces de defenderlos. Es impresentable que políticos y casta en general estén favoreciendo la ocupación ilegal del Sáhara con su colaboración entusiasta y bien retribuida por el Sultán, sobre todo si ello significa: asesinatos, desapariciones y tortura.
Dentro de tres meses se discute en la ONU las competencias de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental). Mohamed VI, que llevaba 11 meses enfadado con el gobierno francés, ha debido de pensar que no le convenía nada seguir enfadado con un miembro permanente del Consejo de Seguridad, no vaya a ser que utilice su veto en una dirección acorde con el Derecho Internacional. García-Margallo tiene una ocasión de oro para lucirse en beneficio de los intereses y de la dignidad de España, ya que nuestro país es la potencia administradora. Mientras pasan esos tres meses y se lo piensa, podría mandar una nota a nuestros embajadores, en la que les explique que trabajar para los intereses de una potencia extranjera no está bien visto.
N. de la R.
El autor es Coronel del Ejército, escritor y licenciado en Ciencias Políticas.
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