España
Diego Camacho
(31/3/2012)
Cada día que pasa, resulta más desalentador enfrentarse a la realidad cotidiana que han cocinado nuestros políticos, me refiero tanto los electos como a los hereditarios. La corrupción  se ha convertido en España en un imperativo categórico. La desvergüenza y el desprecio al ciudadano son la norma de conducta de estos aprovechados que han hecho del servicio público un medio eficaz para enriquecerse sin tasa y de paso convertir al país en una comunidad clientelar, de las subvenciones y del mamoneo, dónde el Estado de Derecho no funciona gracias a su acción política.

El flamante gobierno “popular” poco sabe hacer con su mayoría absoluta, sólo parece preocupado por seguir las directivas de Bruselas para hacer económicamente viable un país que casi todos sabemos no lo es. La crisis política existente es de más difícil solución que la económica pues aquella se basa en la insolidaridad regional y en la ausencia de un proyecto nacional común, mientras que ésta, con una buena gestión  podría hacer que se recuperara la confianza y el dinamismo para la creación de empleo y así lograr la reactivación económica.

El planteamiento gubernamental es impresentable. No puede pedirse el sacrificio que se solicita a la ciudadanía sin dar ejemplo. No puede estarse hablando de reducciones de sueldo, pensiones o de incremento de impuestos y tener a la Secretaria General del partido con varios cargos y varios sueldos públicos y que encima a los dos días de ganar las elecciones intente colocar a su marido o versus, la Vicepresidenta con el suyo. ¿Es tan difícil erradicar el nepotismo cuando se alcanza el Poder? Tampoco puede basarse la salida de la crisis financiera en el aumento continuo de los impuestos, pues ello sólo sirve para enjugar temporalmente el déficit pero también retrae la inversión, el consumo y no crea empleo. Armonizar el déficit con la creación de empleo es el único camino que existe para salir de la crisis. Para acabar con el derroche es necesario planificar nuevamente a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y suprimir las Diputaciones Provinciales. En resumen una reducción inicial del sector público del 30%.

Por si fuera poco, el flamante Presidente del Congreso de los Diputados nos ilustra abogando por un trato especial en las comparecencias judiciales de los miembros de la Casa Real. Ni a Calomarde se le hubiera ocurrido estulticia semejante. Nos dice este buen señor que fue un olvido cuando se hizo la Constitución. La Carta Magna lo que consagra es la igualdad ante la Ley de todos los españoles no los privilegios, que él y sus colegas se han preocupado de establecer a lo largo de todos estos años y que ha sido lo que podríamos denominar como el “consenso perpetuo” entre PP y PSOE. En ese ámbito no tuvieron nunca fisuras, había unidad ideológica si de lo que se trataba era de asegurar mamandurrias varias. A la tercera autoridad del Estado le debe parecer normal, sin embargo, que colgar una pintura con la efigie de José Bono en el Congreso nos cueste 82.600€. Podía haber hablado con “el Pocero” y con Obiang, que también son amigos de Bono, y animarles a ejercer el mecenazgo artístico para que la efigie de su antecesor fuera imborrable para la posteridad.

La nueva Ley de la Transparencia es la típica movida política para parecer que se hace algo contra la corrupción sin hacerlo. No son creíbles cuando condenados por estafa un político y un empresario, catalanes, son indultados el mismo día por el gobierno. Mejor que una nueva ley lo que ustedes necesitan en Génova es un departamento de Asuntos Internos y fichar a Elliot Ness, ya que toda su organización se percibe desde fuera como suficientemente corrupta para alcanzar a la del PSOE en poco tiempo. Es primordial hacer respetar la legislación vigente antes de hacer brindis al sol con leyes nuevas que nada aportan. Por si lo han olvidado, en Cataluña los poderes públicos del Estado, la Generalitat, se niega a obedecer las sentencias del Tribunal Supremo y de manera simultanea el máximo representante de esta institución hace declaraciones independentistas y en su despacho exhibe sólo la bandera autonómica aunque a fin de mes tiene el descaro de ingresar un sueldo que procede de los presupuestos del Estado.

A mayor abundamiento, como diría un jurista, el partido gubernamental pacta con semejante individuo en lugar de imponer el cumplimiento de la Constitución. ¿Tenemos que entender que el PP apoya la secesión de Cataluña, o solamente mira a otro lado hasta que el tema se haga ingobernable?

La acción política seguida por ZP y ahora por Rajoy hace inevitable plantearse seriamente un cambio constitucional profundo si realmente quiere enderezarse la situación. Si de lo que se trata es de parcelar y vender España podemos seguir mareando la perdiz.

La corrupción que afecta a la Casa Real no ha hecho más que agravar el problema nacional. El régimen político se encuentra en un grave peligro y no por culpa de quienes lo decimos sino por la mala praxis del titular de la Jefatura del Estado. Juan Carlos I no puede quejarse del apoyo recibido, ni de la clase política ni del estado llano. Los españoles que empezamos por blindarle judicialmente, sí tenemos bastantes motivos de queja por su trayectoria a lo largo de estos años. El eximirle de responsabilidad era un cheque en blanco que con generosidad los ciudadanos le daban a su rey, quizás nadie le dijo que era para no ser utilizado. El prestigio de la Corona y por lo tanto su permanencia en el corazón de los españoles dependía de no tener que hacer valer ese privilegio, al hacerlo se ha puesto por encima del espíritu de la Constitución, que le protege, y ha cuestionado la soberanía de la nación española. Esa paradoja es donde reside el núcleo del problema. Es evidente, que la Zarzuela siempre encontrara cortesanos como el Presidente del Congreso o jueces preocupados en no estigmatizar las acciones impresentables de una Infanta de España, pero con ello no podrá recuperarse el prestigio institucional.

N. de la R.
El autor es coronel diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Junta Directiva de APPA (Asociación para el Progreso de los Pueblos de África).