España
espacioseuropeos.com (14/5/2012)
La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo designa Ponente al magistrado Perfecto Andrés en la querella interpuesta por el partido político ´Soberanía de la Razón´ (Soberanir) contra José Luís Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno, y Francisco Caamaño, ex ministro de Justicia, por el indulto al banquero Alfredo Sáenz. Asimismo, el TS pedirá al Congreso el certificado de la condición de diputado de Caamaño.
Posteriormente el TS pedirá informe al Fiscal y decidirá sobre la admisión o inadmisión de la querella. Si decidiera admitirla, la Sala nombraría un Instructor encargado de tomarle declaración a los querellados (Zapatero y Caamaño) y practicar diligencias.
Hay que recordar que el abogado José Luís Mazón se querella contra el ex presidente Zapatero y el ex ministro de Justicia Francisco Caamaño por el indulto al banquero Alfredo Sáenz. La querella se circunscribe al hecho de que el gobierno en funciones presidido por Zapatero concedió el indulto a Sáenz «desde su posición de Presidente de Gobierno y de Ministro de Justicia en Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2011, ya en funciones, pasados cinco días del 20-N que resultó en un gran batacazo electoral de su partido (el PSOE), decidieron indultar a Alfredo Sáenz, Consejero Delegado del Banco de Santander y a otros dos compañeros de delito de estafa y acusación falsa, traspasando los «semáforos rojos» de la legalidad».
Los querellados le concedieron a «Sáenz un indulto que no se circunscribía a los límites de la potestad del derecho de gracia (las penas objeto de condena por la sentencia) sino que, entrando en el terreno de lo prohibido, le indultaron lo que el indulto no les podía indultar, las consecuencias de tipo administrativo bancario o extrapenal de la comisión de un hecho delictivo (pues recordemos que el indulto no borra el delito como la amnistía, sino las consecuencias punitivas impuestas por el tribunal sentenciador), de tal grado que el decreto del indulto» dispone, entre otras, «conmutar a don Alfredo Sáenz Abad la pena de arresto mayor y la accesoria de suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección, públicos o privados, vinculados con entidades bancarias, crediticias o financieras impuestas por la de multa en la cuantía máxima prevista en el artículo 74 del Código Penal de 1973, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 3/1989, dejando subsistente la otra pena de multa y quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente real decreto».
En la querella figuran algunas interrogantes muy importantes. Por ejemplo, «¿por qué un Presidente de Gobierno actúa contra su propia credibilidad y la de au partido, concediendo un indulto tan ignominioso y de extremado escándalo?» Y como hipótesis aportan los querellantes algunas informaciones bien documentadas sobre «la ´refinanciación´ de la deuda del PSOE con el Banco de Santander (el banco del cual es Consejero Delegado el indultado Sáenz), en cuya refinanciación el Banco del indultado perdonó 12 millones de euros al PSOE según se supo por informe del Tribunal de Cuentas. También resulta curioso que el propio Presidente del Gobierno (…) concertó una hipoteca con el banco del principal indultado para la compra de un chalet en Vera».
También hay que recordar que entre las diligencias solititas figura la «Declaración de los querellados», testificación de Alfredo Sáenz Abad; «Documental de la condonación de la deuda del Banco de Santander al PSOE por importe de 12 millones de euros a que se refiere el informe del Tribunal de Cuentas relativo al año 2006» y del «expediente de préstamo hipotecario sucrito por Rodríguez Zapatero o su esposa con el Banco de Santander para la compra de una segunda residencia en Vera (Almería)».
Un vergonzoso indulto a Alfredo Sáenz, del que alguien se tiene que responsabilizar y, en consecuencia, rendir cuentas ante la Justicia y los ciudadanos.