España
Diego Camacho (24/4/2013)
Ahora resulta que los que necesitaban una limpieza a fondo eran ellos. Aznar y Álvarez–Cascos poco antes de ganar las elecciones generales de 1996 parece que percibían sobres mensuales de Bárcenas durante varios años. Sólo se conoce la cantidad de 10.000 € que percibía el que llegaría a ser Vicepresidente del Gobierno, aunque en pura lógica su jefe debía igualar al menos esa cantidad, pues la jerarquía también se nota en las retribuciones.
Esta pareja de políticos “vocacionales”, a quienes Fraga inculcó el patriotismo a base de gratificaciones en “sobres”, nada más alcanzar el Poder se pusieron la tarea de engañar a los ciudadanos y así ocultar el incumplimiento de sus promesas electorales, a saber: la desclasificación de los papeles del CESID (ahora CNI) y la limpieza del Servicio de Inteligencia con el cese de los agentes que estuvieran implicados en el GAL o en actividades ilegales.
La desclasificación, tantas veces publicitada, no se haría realidad. Como primer paso, Aznar permitió que el Rey le cambiara el ministro de Defensa y así Eduardo Serra ocupó el puesto que estaba reservado para Rafael Arias Salgado. El paso siguiente sería poner al frente del CESID a Javier Calderón y como asesor en Moncloa a José Luis Cortina, que en 1981 habían sido los principales artífices en la coordinación del golpe de Estado. Todos estos nombramientos facilitarían que la principal promesa electoral cayera en el olvido, a la vez que se recompensaban los servicios prestados por estos dos militares a la Corona en esos aciagos días.
La limpieza prometida del CESID se presentó con el cese de 28 agentes. Ninguno de ellos había participado en el GAL, escuchas ilegales, manejo irregular de los fondos reservados o actividades delictivas como las operaciones ´Menguele´, ´Crillón´ u otras. Algunos si se habían enfrentado a estos golpistas en el año 81 y habían impulsado una investigación interna que sería ocultada por el gobierno de Calvo Sotelo a las defensas de los implicados en el juicio de Campamento. Calderón sí ascendió a todos los agentes que habían participado en los delitos mencionados, manera segura de garantizarse la lealtad de estos a su persona.
Ser Diputado y aceptar sobresueldos de origen incierto si no es un delito, le corresponde decidirlo a un juez, es al menos una pillería indigna de dos personas que aspiran a sentarse en el Consejo de Ministros. Aunque bien mirado, es lo que puede esperarse de dos individuos que para encubrir el crimen y el delito con la disculpa de la razón de Estado, faltan a la palabra dada y utilizan los ceses de unos agentes que nada tenían que ver en esos delitos.
N. de la R.
El autor es coronel del Ejército, diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y escritor.