España
D. C. (1/11/2013)
Resultan fascinantes las explicaciones que dio el 31 de octubre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, al explicar lo obvio y situarse en el limbo de la irresponsabilidad, tarea en la que el actual gobierno goza de gran maestría. Ya sabemos que las explicaciones no puede pedirlas el Gobierno de España a la NSA (Agencia Nacional de seguridad), pero tampoco el CNI. Desde el momento que estalla el escándalo de las escuchas, la solución sólo debe ser política y por ello todos los contactos han de realizarse a nivel gubernamental.
La escapada de Santamaría, insinuando que la relación entre ambas agencias es un asunto que en la práctica goza de autonomía es coherente con el aserto de su jefe, un día antes, señalando que iba a recabar toda la información y también con la comparecencia en el Congreso de los Diputados del director del CNI: eludir la responsabilidad política y presentar la cabeza del funcionario como cortafuegos si la presión de la oposición aconseja presentar una dimisión a la escandalizada opinión pública.
La reforma y modernización del Servicio de Inteligencia fue una tarea esencial que no se abordó en la Transición. A los sucesivos gobiernos les resultó muy cómodo heredar los servicios secretos de la dictadura y así poder servirse de ellos para sus intereses particulares o de partido.
En el año 2004 escribí con Fernando Muniesa el libro La España Otorgada” en el que se abordaba en profundidad esta asignatura pendiente. Para aquellos que estén interesados en el tema pueden leerlo en espacioseuropeos.