España
Javier Martínez (7/1/2014)

Sáenz de Santamaría, Rajoy, Cospedal y Aguirre

La Audiencia Provincial de Madrid ha repetido por segunda vez que el ‘escrache’ de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no fue constitutivo de delito. Es la segunda vez que la Audiencia madrileña tiene que pronunciarse al respecto. La primera fue ante la denuncia de los familiares de la vicepresidenta y, en esta ocasión, ante el recurso que la Fiscalía interpuso contra la primera resolución, que ha quedado desestimado.

La sentencia dice: “El único elemento de observancia inexcusable del derecho de manifestación en la vía pública es que la misma sea pacífica […] y ningún indicio obrante en autos apunta a lo contrario, según las manifestaciones e imágenes aportadas” a los autos, por lo que no procede estimar la petición del Fiscal para que se reabriera la causa”.

El tribunal consideró lo ocurrido amparado por la libertad de expresión “aunque para ellos las palabras y las consignas puedan ofender o perturbar”, dado que el derecho a la intimidad de la vicepresidenta “cede” ante los derechos colectivos “por su carácter de persona de relevancia pública dedicada a la gestión política”.

Las declaraciones de Esperanza Aguirre en su twiter señalando que el Ministro de Justicia Gallardón “ha de tomar medidas en el asunto y debe dar instrucciones a los jueces” de cómo han de dictar las sentencias, son una prueba de su liberalismo.

¡Viva su lectura e interpretación de Montesquieu y de la separación de poderes!

Y ese “diktat” proviene de la boca de la que algunos denominan la “esperanza liberal”.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid pensó incluso en enviar a las Nuevas Generaciones populares al domicilio de la jueza Isabel Valldecabres, “ésta que tiene nombre catalán”, tras su decisión de archivar la causa abierta por el ‘escrache’ a la vicepresidenta del Gobierno.

Señora Aguirre, además del deber de respetar las decisiones judiciales en un estado de derecho, acosar o mandar acosar a un juez por sus decisiones no es equiparable a manifestarse pacíficamente ante un miembro del poder ejecutivo.

Por su parte la alcaldesa Botella ha pedido a la Justicia “instrucciones silenciosas” y que “no se prolonguen indefinidamente”, a lo que ha sumado su rechazo a la tendencia de que los jueces se dejen llevar por “el sentir de la calle”, algo propio “de la Revolución Francesa”, ya que lo que hay que hacer es aplicar las leyes emanadas del Parlamento.

Es curioso que alguien que no ha sido elegido por los ciudadanos, que ha demostrado sus capacidades intelectuales en la candidatura española a los Juegos Olímpicos y que exhala empatía hacia el dolor ajeno como demostró en la tragedia del Madrid Arena tenga esa opinión de la Revolución francesa y del respeto hacia la opinión de la calle, hacia el verdadero poder que ha de residir en los ciudadanos.

A su vez, para completar la galería de los horrores, la señora Cospedal ha equiparado la libertad de expresión, de manifestación pacífica de los escraches al nazismo puro y a los recuerdos a los años previos al 36. ¡Qué miedo!

Señora Cospedal, de tanto pasear en mantilla por los aledaños del Alcazar de Toledo le ha debido dar una “pájara” y confunde las libertades reconocidas en la Constitución española de 1978 y ratificadas por los jueces, con aquellas gentes del orden negro que quemaron el Parlamento alemán, los libros disidentes y después a las personas en hornos crematorios y en su cabeza le vienen vientos de guerra civil cuando en sus juegos a ser demócratas los tribunales les quitan la razón.

¡Qué triste es constatar que en este principio del siglo XXI en España hay todavía una casta que aún no ha aprendido de la evolución política europea de los últimos doscientos años, primero de las revoluciones liberales burguesas y luego de las revoluciones democráticas y sociales de las masas obreras y populares!

Aún hay en España cacatúas casposas que creen vivir en el Antiguo Régimen de la monarquía absoluta donde no existía ni la separación de poderes y el poder estaba en manos de dos estamentos, el de la nobleza y el clero, comandados por un monarca inviolable, inimputable y cuasi divino y todos ellos viviendo cuan sanguijuelas, cortesanos inútiles en Versailles, ajenos completamente a lo que llamaban la “canaille”, ese pueblo ignorado, pues vivían a costa y de espaldas al sentir y al dolor de la ciudadanía, pues no les reconocían como iguales.

Javier Martínez

De ahí que por más leyes que hagan de represión ciudadana amparándose en un falso concepto de seguridad, por más reformas reaccionarias del Código Penal que intenten implantar, existe una legislación internacional, de Convenciones de derechos humanos a escala europea y de las Naciones Unidas que obligan a España como país y por ende a sus jueces, y existe, eso es lo más primordial, una ciudadanía cada día más ilustrada, más crítica y más comprometida frente a los abusos de una casta analfabeta y psicopática.

No señores de la casta, el pueblo español ya no grita “vivan las caenas…” ante la vuelta de su rey absoluto y felón, Fernando VII, ahora y cada vez más el pueblo español, desde la no violencia y el respeto, reclaman una democracia real y verdadera, una democracia política y económica del siglo XXI para todos los pueblos y ciudadanos de España.