España
José Luís Heras (3/9/2014)
Acabadas las vacaciones, empieza el curso político y la comparecencia del ministro Montoro ante la Comisión Parlamentaria de Hacienda y Administraciones Públicas, anunciada en el Orden del Día como una “celebración”, podría convertirse en un “peñazo” para “explicar”, “informar”, “dar cuenta” o “analizar” los siete puntos que constaban en la convocatoria.
Sin embargo, había algunas circunstancias que le daban interés: La comparecencia también la había pedido el PP. El contenido de lo que éste y el resto de los Grupos solicitaban se refería al fraude fiscal y a la economía sumergida. Y el Partido Socialista e Izquierda Plural habían pedido información sobre la confesión de Jordi Pujol y sus consecuencias.
El que el PP pidiera la presencia del ministro hacía que ésta se convirtiera en “una comparecencia a petición propia”. Algo tenía que decir (o quería decir) el ministro) en la sesión número 27 a la que acudía. Desde un principio, inmediatamente después de que Gabriel Elorriaga, que presidía la Comisión, otorgara la palabra al compareciente, se vio que “los avances en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida” iban a ceder protagonismo a lo que viniera a continuación.
“Comparezco con la intención de hacer un análisis e informar sobre la lucha contra el fraude fiscal”, afirmó el ministro haciéndose eco de la petición de su grupo. Después se detuvo en la realidad de Gibraltar y en las circunstancias que lo rodean. Pero eso fue el comienzo. A continuación entró en un tema en el que se detendría con especial cuidado: La noticia de que Jordi Pujol había tenido oculta en el extranjero una parte de su fortuna familiar era, a su juicio, motivo suficiente para dar información hasta donde permiten las leyes.
En la mente de algunos aparecieron las cortapisas legales citadas por CIU en la Sesión de la Diputación Permanente, los pactos de pasillo, y las seguridades ofrecidas por la portavoz del PP en aquella ocasión (de que el ministro iba a informar con las restricciones que imponen las leyes). Pero las seguridades y los cambalaches (supuestos) saltaron hechos trizas con el verbo del ministro. Cristóbal Montoro, que es buen orador e improvisa con soltura, en esta ocasión se contuvo y prefirió leer lo que llevaba escrito. Aquello no era la disertación espontánea que narraba hechos o exponía criterios. La lectura demostraba que el discurso era el fruto, ponderado, de un trabajo en el que nada se había dejado al albur: Las referencias al Caso Bárcenas dieron paso a lo que alguien definió como “la especial severidad de Montoro”.
Las frases y conceptos fueron surgiendo descarnadas:
Si Pujol creía que haciendo pública la situación se lograba “borrón y cuenta nueva”, se equivocaba. Nada quedará impune. El fraude es importante y deleznable. El Gobierno se lo va a tomar en serio. No podemos permitir fraudes mientras millones de españoles se sacrifican. Todos debemos contribuir a mantener el Estado del Bienestar. Y el que engaña va contra las Pensiones, la Sanidad, la Educación…
Después, como si midiera el impacto o buscara un descanso, facilitó datos de la economía española y algunas particularidades gibraltareñas: número de cajetillas de tabaco que pasaban por la frontera, sociedades ubicadas en el Peñón con un solo empleado o sin empleados, coches de gama alta matriculados en Gibraltar y que circulan por España, gibraltareños no cotizantes pero sí residentes en España…
Acabado el descanso, entró en lo que resultó el bastión de su discurso: “En realidad, no todos los contribuyentes somos iguales. Los políticos, que gestionamos y hacemos las leyes, tenemos la obligación de demostrar un comportamiento ejemplar y transparente…, los primeros en cumplir con eficacia, honestidad y honradez”. ¿Meditar sobre conspiraciones? No, los indicios son sólo indicios. Los Políticos los primeros (a la hora de cumplir) y el que no lo haga debe pagar por ello. ¿Pujol? Millones ocultados al fisco. No es una anécdota o un error. ¿De qué vale la confesión si no hay voluntad de pagar? Debería haber hecho una declaración ante la Agencia Tributaria. Se ha limitado, justificado y atacado a la Banca Andorrana “que ha puesto al aire sus vergüenzas”. Convencimiento de que (Pujol) ha reaccionado cuando se ha visto acorralado por las investigaciones de la Agencia Tributaria. “El fraude no se expía con una carta novelada de disculpa”. “Procede que explique ante la Administración Tributaria y los tribunales y, en su caso, que pague por ello”. “Los antecedentes no invitan a creer que vaya a colaborar. No podemos creer a alguien que ha engañado”.
El tono, vehemente, se contuvo con un sorbo de agua. El silencio en la Sala de Constitucional era absoluto. Nadie se movía cuando el ministro ofreció la colaboración del ministerio con las autoridades.
Pasado el momento, de sobrecogimiento mágico, el ministro volvió a la carga negando que “el escarnio fiscal tenga que ver con los discursos políticos de los independentistas”. “Respeto a los independentistas, pero no a los que se escudan en ellos y echan un pulso político al Estado sacando beneficio personal”, diría algo después y antes de afirmar: “Cataluña es mucho más fiable que Pujol. La Cataluña real es la que se levanta cada día a trabajar”. “Dejemos que las instituciones hagan su trabajo”. “Llegaremos hasta el final”.
Al ministro le preguntaron los portavoces: Saura (PSOE), Coscubiela (IU), Anchuelo (UPyD), Sánchez Llivre y Pera Navarro (CIU), Azpiazu (PNV), Larreina y Jordá (Grupo Mixto) y Asian (PP), que trató de echar una mano leyendo titulares de periódicos que apoyaban los argumentos del ministro.
Pero las intervenciones de estos no satisficieron al compareciente y, en réplica, abundó en sus argumentos principales (Las instituciones funcionan y El Caso Pujol es la consecuencia de investigaciones anteriores de la Agencia Tributaria) antes de, en palabras de un periodista, empezar a “zurrar badana”: Hoy yo esperaba más de los grupos políticos. Algunos han estado tibios en el caso. No hay bienes superiores (le dijo a la portavoz de ERC, en alusión a lo ocurrido en el Tripartito catalán). Si no le ha gustado mi intervención, a mí lo que no me ha gustado es su intervención tan cautelosa (A Macías Arau, de CIU). Algunos de ustedes hoy han venido aquí a escurrir el bulto. Al defraudador debe definirlo la justicia.
Y una información firme: “El Gobierno va a llegar hasta el final”.
Algunos de los portavoces, también en réplica aunque en tono menor, adujeron razones. De entre ellas, sobresalió una que ponía de relieve la dificultad por la que atraviesa Convergencia i Unió. El ministro había definido, con aparente sorna, la “intervención cautelosa” del portavoz de CIU y éste aprovechó el adjetivo para hacer un canto (al Sol) de la cautela que a su juicio es conveniente para la acción política.
Pero el ministro Montoro no estaba para concesiones: “Vamos a lo que vamos”, terminó antes de que el diputado Elorriaga cerrara la Sesión.
Al salir, algo no preciso y en relación con la situación vasca, que se había deslizado casi sin hacerse patente, quedó en el ambiente. Un senador popular, que asistía al acto, a sugerencia de un preguntador de oficio, se ocupó de él.
Se refería al “Caso Vasco”, o “Caso De Miguel” (del De Miguel del PNV), que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria por una supuesta red de corrupción urbanística, sin que se haya averiguado si es, o no, un caso de financiaciones irregulares, lucros anormales, o la punta de otro iceberg confuso, como del que se ocupó el ministro Montoro en la sesión número 27 de la Comisión Parlamentaria de Hacienda y Administraciones Públicas.
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