España
Miguel Jara (1/11/2014)
¿Pueden venderse los datos personales de los enfermos atendidos en la sanidad pública a empresas privadas? Pues eso es lo que al parecer quieren hacer en Cataluña y ya hacen en Reino Unido. El “trafico de datos” es muy rentable para compañías aseguradoras, consultoras, sanitarias y para los laboratorios farmacéuticos.
Los datos del proyecto los han investigado y analizado los periodistas de la revista catalana Cafeambllet. Se llama Proyecto Visc+ y es una herramienta que permitirá al Gobierno de la Generalitat de Cataluña poner en manos de la industria sanitaria internacional los datos médicos de los 7 millones de usuarios del sistema sanitario catalán.
Uno de los máximos responsables del proyecto, Josep María Argimón, lo explica con claridad:
El proyecto Visc+ proporcionará valor aportando mayor capacidad para que las industrias sanitarias, las farmacéuticas y las biotecnológicas desarrollen su actividad” beneficiando al ‘tejido económico e industrial’. Según Argimón la apuesta por hacer participar al sector privado en el proyecto Visc+ tiene como objetivo ‘la promoción y comercialización de los servicios que ofrece el proyecto’”.
Los datos generados en el entorno de la sanidad suelen ser datos con información personal y privada, lo que dificulta su liberación ya que los datos de salud requieren generalmente el consentimiento del sujeto. Una de las compañías que presionan en Cataluña desde hace años es la consultora PriceWaterHouseCoopers (PWC), una de las cuatro grandes consultoras del mundo. En un informe explica que
queda mucho por hacer ya que la confidencialidad y la protección de la privacidad parecen poner barreras al movimiento de allliberament de datos de salud”.
PWC también explica: Pero el reto más difícil será convencer a todos los que actualmente se creen “dueños de los datos”, en clara referencia a las administraciones que custodian la información de los ciudadanos. Es en este punto en el que entra en juego el fenómeno de las “puertas giratorias”. El proyecto Visc+ lo desarrolla la Agencia de Evaluación y Calidad Sanitarias. Este organismo de la Generalitat encargó a PWC el asesoramiento para llevar a cabo el proyecto.
Se da la circunstancia de que el actual director de la división sanitaria de PWC (que elaboró el informe recomendando la liberación de datos) es Joan Guanyabens, quien llegó al cargo directamente de la citada agencia, de la que era máximo responsable. Así Guanyabens pasa de “propietario de los datos” a trabajar para “convencer a quien se cree propietario de los datos”.
Por la génesis del proyecto, bien estudiada como escribo por los compañeros/as de la citada publicación se entiende que no es tanto una demanda del Gobierno catalán como de una “sugerencia” de las compañías interesadas en este negocio de los datos.
¿Qué empresas serían beneficiadas? Consultoras como la citada o IMS Health o Deloite (con gran presencia de ex altos cargos públicos, como David Madí o Jordi Sevilla, máximos hombres de confianza de Artur Mas y Zapatero respectivamente), Atos, Everis y McKinsey. Encontramos también a las tecnológicas Accenture, T-Systems, HP y ECISA, filial de El Corte Inglés. También aseguradoras e industria farmacéutica.
En el resto de España desconozco si se hará algo similar pero en el Reino Unido ya desarrollan algo parecido y hubo polémica en su introducción pues aunque gobiernos y empresas aseguran que los datos personales seguirán siendo confidenciales, se ha demostrado que con diferentes técnicas informáticas el anonimato puede romperse.
N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de su autor, Miguel Jara.