España
Alejandra Durrell (15/4/2015)
Los desatinos de este gobierno español son abundantes, llamativos, ilógicos y dan miedo.
No es ningún secreto que cientos de miles de españoles, en su mayoría jóvenes, y bien formados –muchos de ellos científicos- se han visto obligados a salir corriendo de España en busca de trabajo para poder subsistir. El gobierno español, a través de sus ministros, vicepresidenta y presidente, lo ven bien, ya que –para ellos- es una forma de “ver mundo”, “acumular experiencia”, “formarse”, pero la realidad es que se van porque aquí en España, después de haberse formado, no tienen donde desarrollar sus capacidades. Y, encima, nuestro gobierno no hace nada por solucionar un tema tan grave.
Aquí se preparan, se forman, y luego se van, obligados por las circunstancias, al extranjero para poder trabajar en lo que sea. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y otros países son su destino. Los que tienen suerte podrán demostrar su capacidad y buena preparación, aunque le paguen menos que a los locales. Los que, por desgracia no consiguen trabajar en lo que se han formado, se dedican a la hostelería –en el mejor de los casos-, a cuidar niños o a lo que sea. Eso sí, sin cobertura social de ningún tipo; ni sanidad, ni subvenciones. Así es la vida por ahí.
Pues bien, ¿qué hace nuestro gobierno para solucionar esto? Por supuesto, que nada. Bueno sí. Apoyar esa política en beneficio de terceros, de los Estados que acogen a esos jóvenes españoles, y a las multinacionales que se nutren de gente bien formado y a la que pagan poco.
Con esta filosofía por bandera, en el último Consejo de Ministros se analizó –con aplausos- un informe elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la “aplicación de la Sección segunda, sobre movilidad, del Título V de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”.
En concreto, el informe hace mención a la “emigración cualificada, que tiene por objeto buscar una mayor internacionalización de la economía española al atraer talentos y mejorar la competitividad. Se trata de una normativa que ha permitido atender a las necesidades de empresas españolas en proceso de internacionalización y de nuevos inversores en nuestro país”.
Con estas medidas –afirma la referencia de ese Consejo de Minstros- “se ha mejorado la capacidad de acogida de inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y ejecutivos de empresas que operan en España mediante un sistema ágil y específico de concesión de visados y autorizaciones de residencia».
Hasta el 31 de diciembre del año 2014 el Gobierno de España había concedido “3.120 autorizaciones de residencia y visados en este ámbito, y la inversión estimada por el Ministerio de Economía y Hacienda es de 694 millones de euros”.
La burda explicación que da Presidencia del Gobierno es la siguiente: “Es decir, se ha logrado el impulso de una inversión de casi 700 millones de euros mediante las medidas de apoyo a los inversores, a los investigadores y a distintos elementos de emigración cualificada que han deseado establecerse en nuestro país”.
Para “agilizar” el asentamiento de emprendedores e inversores extranjeros el gobierno español minimiza los procedimientos burocrático, tales como autorización de residencia, reconocer la figura de “representante” del emprendedor y “mayor seguridad a los inversores de vivienda, aceptando, por ejemplo, el contrato de arras para que puedan justificar la inversión y obtener un visado de inversión temporal de seis meses, con el fin de que puedan hacerla efectiva”.
Para vender este “paquete” de supuestas buenas intenciones, el gobierno que preside Mariano Rajoy afirma lo siguiente: “Además, se dotará de mayor seguridad jurídica a la clarificación de las valoraciones de los proyectos empresariales, tanto en concesión como en renovación; y también se eliminarán trámites considerados superfluos hacia trabajadores altamente cualificados e investigadores, y en la facilitación de movimientos entre corporativos”.
¿Qué se esconde detrás de esta normativa? Pues, en primer lugar apostar por lo foráneo en perjuicio de lo local. Los de fuera no están al tanto de la putrefacta corrupción que nos asola, eso por lo que respecta a los que vengan con buenas intenciones. Pero ¿qué decir de los que vienen a aposentarse aquí con la intención de invertir dinero negro en el sector inmobiliario?
Para conocimiento de todos, dos hermanos de la Ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, estuvieron muy, pero que muy relacionados, con el ´caso Mercasevilla´, en concreto con la venta de suelo, aunque el asunto de ellos fue archivado por la jueza Alaya. Y el padre de la ministra –fallecido- fue imputado, aunque luego se dijo que por error.
¿Nos merecemos los españoles todo esto que está ocurriendo? ¿Será alguna maldición divina?