Más de 17.000 niñas, que viven en España, corren riesgo de ser víctimas de mutilación genital

España
espacioseuropeos (7/2/2016)
La Organización Mundial de la Salud  (OMS) declaró el 6 de febrero Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, y con este motivo el Consejo de Ministros de España en su reunión del pasado día 5, aprobó una Declaración que, entre otras medidas, contempla acciones legislativas.

La mutilación genital femenina está reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos y es un reflejo de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. Además viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, “el derecho a no ser sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte”, afirma la referencia del citado Consejo de Ministros

La Declaración que realizó ese Consejo dice, entre otras cosas, que «La mutilación genital femenina es una práctica especialmente dañina para la salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas y 17.000 de ellas de acuerdo con los estudios más recientes, corren riesgo dentro de España de ser víctimas de mutilación genital”.
Las Acciones legislativas, así como otras medidas, entre ellas la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, el actual Código Penal, introducen agravantes por “razón de género que podrá resultar de aplicación al delito de mutilación genital femenina, sancionado en el artículo 149.2 del Código Penal, lo que implica un mayor rigor de la sanción penal y una mejora de la protección penal de mujeres y niñas”. Asimismo, la  Ley 26/2015, de Protección a la Infancia (artículo 11) incluye, dentro de los principios rectores de la actuación administrativa, “la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, incluida la mutilación genital femenina. Al amparo de este artículo, los poderes públicos desarrollarán actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, estableciendo los procedimientos que aseguren la coordinación entre las Administraciones Públicas competentes.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Salud aprobó el 14 de enero del pasado año, el «Protocolo común de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en el Sistema Nacional de Salud».

La Cooperación Española (SECI) financia –junto a otras instituciones y donantes- el Programa Conjunto de UNICEF y el Fondo Mundial de Población contra la mutilación genital femenina, “cuyo objetivo es impulsar en aquellos países en los que aún se practica de forma habitual, las transformaciones sociales y legales necesarias para su erradicación”.

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