CEIM, CEOR, CC. OO. y UGT

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España
espacioseuropeos (13/3/2016)
El Consejo de Ministros, celebrado el viernes día 11 de este mes, acordó autorizar al “Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) una subvención por importe de 31.038.690 millones de euros a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo para financiar sus gastos de funcionamiento e inversión”.

El formalismo que se emplea como subterfugio para camuflar esa ayuda a los sindicatos (trabajadores y patronal) es que “ La Ley que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, del 9 de septiembre de 2015, establece en su artículo 25 que la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo actuará como entidad colaboradora y de apoyo técnico del Servicio Público de Empleo Estatal en dicha materia, y que tendrá funciones de apoyo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo estratégico del sistema de formación profesional, en los términos que se establecen legal y reglamentariamente”.

La referencia ministerial de esa ayuda afirma que “La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal, tiene carácter tripartito y su patronato está constituido por la Administración Pública (con representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas) y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas”.

Y añade: “El pasado mes de diciembre la Fundación adaptó sus estatutos a la Ley de Fundaciones, que establece la exigencia de que la mayoría de los miembros del patronato sean designados por las entidades del sector público estatal».

Todos los años, por estas fechas, el Gobierno de España subvenciona a esta Fundación con una cantidad similar.

La Fundación para la Formación en el Empleo iba a ser renovada el pasado año por el Ejecutivo; antes se denominaba Fundación Tripartita, pero de acuerdo con uno de los Consejos de Ministros celebrado en abril de 2015, iba a pasar a adoptar la “denominación de Fundación Estatal para la Formación en el Empleo”, pero por lo que se aprecia no ha sido así.

Nos gustaría conocer la auditoría que, de acuerdo con la legislación vigente, debe presentar tal fundación –no hemos logrado encontrar alguna-, para saber con exactitud en que se gastan esos 31 millones de euros anuales, en “funcionamiento e inversión”.

Sería conveniente que un partido de los emergentes –los de antes no lo han hecho- indague por esa subvención, especialmente en averiguar si ese gasto tiene alguna incidencia en mejorar las condiciones laborales y de formación  de los españoles. Y de paso, volvemos a repetir, ¿sabremos algún día el dinero que emplea el Estado español en subvenciones a Fundaciones, ONG, y asociaciones? Mucho nos tememos que nunca.


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