España
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(26/1/2018)
La Coordinadora Estatal de Pensionistas, cuya portavoz es Victoria Portas, nos envía una Nota de Prensa, en la que manifiesta su repulsa por la actitud del Gobierno de España, al “rescatar” a las autopistas, como antes hiciera con las Cajas de Ahorros y bancos. El comunicado de prensa es el siguiente:
O la formulación legal del timo de la estampita: 3.718 millones para las autopistas quebradas.
Después de ser negado por distintos dirigentes del Partido Popular, el Gobierno va a pagar el dinero que adeudan las concesionarias de las autopistas quebradas. Y lo van a pagar en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración que significa darles dinero por las inversiones que éstas realizaron en su construcción.
Pero ¡no lo harán a las empresas quebradas!, sino a unos Fondos buitres que compraron la deuda financiera de las mismas: los 3.718 millones de euros que estima el Tribunal de Cuentas y que si los Fondos carroñeros litigan probablemente llegarán a 4.500 millones, según sus propias estimaciones.
Y todo esto en una economía capitalista, en una economía de mercado, en un sistema económico neoliberal dónde se predica la mínima intervención del Estado. El sistema capitalista está fundamentado en la empresa privada y en el beneficio y pérdidas para las mismas según su gestión. Pero he aquí que de pronto esto cambia. El Gobierno del Partido Popular se convierte al socialismo y asume para que la pague toda la ciudadanía española la deuda de unas empresas privadas.
Pero hasta ahí llega ese ataque de socialismo. Las autopistas serán gestionadas por la empresa estatal SEITTSA mientras preparan un nuevo concurso de licitación que las devuelva, libres de polvo y paja al sector privado. Ya que la nación española va a comprar, en realidad, una serie de autopistas, sería bueno aprovechar para nacionalizarlas, estatalizarlas y hacerlas públicas. Así los sufridos ciudadanos, si hay beneficios los disfrutaríamos y si hay pérdidas, las pagaríamos igual que ahora: con los Presupuestos Generales del Estado. Nada más lejos de las intenciones del Partido Popular: sigue aplicando a troche y moche el timo de la estampita.
¿Y qué tiene que ver todo esto con los pensionistas? Mucho. Veamos. En España se abonan mensualmente 8.700 millones de euros para sufragar nueve millones y medio de pensiones, cuya cuantía media mensual es de 922 euros.
En tanto se burlan del colectivo de pensionistas aplicando un aumento de 2 € al mes a una pensión media y en simultáneo nos roban 310 € al año sólo con la subida del IPC. La congelación del año 2011 supuso una pérdida del 2,9 %, la del 2012 el 1,9%, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en 2016 fue del 1,35% y la del año pasado 2017 tiene un promedio del 1,8% de pérdida, es decir, en los últimos años la pérdida del valor de nuestras pensiones sólo por el IPC supera el 7%.
Pues aquí está el robo. Si les diesen el dinero a los pensionistas en vez de a los fondos buitres de las autopistas correspondería 391,36 euros de subida en este año a cada uno. Y repartido equitativamente subiría al alza muchas pensiones con cuantías de miseria.
Pero está claro que para este Gobierno del Partido Popular es mucho más importante rescatar a los fondos buitres, al poder financiero que a las clases más desfavorecidas convirtiendo a España en uno de los países con más desigualdad social de Europa, si no el que más. Aunque para nosotros en un exceso de responsabilidad patriótica no nos parecería mal que nacionalizaran definitivamente las autopistas: un sector estratégico de la comunicación y de la economía del país.
N. de la R.
Hay que recordar, un ejemplo, la actuación de la empresa Autopistas, filial de Abertis y propietaria de Iberpistas, concesionaria de la AP-6, que fue incapaz de solucionar los problemas que ocasionó la nevada del 5 de enero que tuvo a miles de personas encerradas en sus coches durante casi 17 horas. Su incapacidad e irresponsabilidad se vieron compartidas con Fomento y la DGT.