Fungairiño, el fiscal que defendió el derecho de los saharauis a la nacionalidad española

Eduardo Fungairiño

Sáhara Occidental
Alfonso Lafarga (7/7/2019)
·        Fungairiño fue crítico con los políticos del PSOE y del PP, que mantienen una postura en la oposición y otra en el Gobierno.
·        Denunció la vulneración de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental por parte del régimen marroquí y la pasividad de la MINURSO.
·        Alertó de la ilegalidad que podía cometer la UE si pactaba con Marruecos un acuerdo sobre bienes que son del pueblo saharaui.

Eduardo Fungairiño, que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional y destacado investigador del terrorismo de ETA, tuvo una especial sensibilidad con la causa del pueblo saharaui, para el que defendió su derecho a la nacionalidad española, y criticó la actuación de los políticos españoles en el conflicto del Sáhara Occidental.

Fungairiño, que ejerció en la fiscalía del Tribunal Supremo hasta hace poco más de un año y falleció el 30 de junio de 2019, opinó con frecuencia en diferentes medios de comunicación y en conferencias sobre la situación del pueblo saharaui y su lucha por la independencia.

En agosto de 2011 escribió sobre la conveniencia de reformar el Código Civil para que los saharauis, “españoles hasta que España abandonó la provincia del Sáhara Occidental”, pudieran adquirir la nacionalidad española por residencia de dos años, “plazo privilegiado que la ley otorga a los nacionales de países iberoamericanos, de Portugal, de Andorra, de Filipinas, de Guinea Ecuatorial y a los sefardíes”.

“Es curioso –opinó- que España se acuerde de los judíos, expulsados en 1492, y de los ecuatoguineanos, independizados tras un referéndum en 1968; pero que no se acuerde de los saharauis, abandonados en 1975”.

Volvió sobre este tema en otro artículo, en noviembre de 2012, en el que apuntó que España tenía “una oportunidad histórica para enmendar un yerro cometido al abandonar el Sáhara” con el reconocimiento de la nacionalidad española “de los que fueron compatriotas nuestros”. “Sería triste e injusto –señaló- que hubiera que esperar a que, como propuso en 2006 D. Mansur Escudero, Presidente de la Junta Islámica de España, se otorgue la nacionalidad española a los moriscos, que la esperan desde 1609”

Los Derechos Humanos estuvieron presentes en artículos e  intervenciones del fiscal Fungairiño. En unas jornadas celebradas en Zaragoza en febrero de 2013 habló de la constante vulneración de los DDHH en la excolonia española y dijo que junto a la pasividad de la MINURSO, “que esta ciega y muda”, originan “una situación insostenible”.

Las críticas a la efectividad de la MINURSO fueron reiteradas: en septiembre de 2013 expresó el contraste que suponía que mientras los EE.UU promovieron que este organismo de la ONU monitorizase el respeto de los Derechos Humanos, otros países como Francia (el tutor de Marruecos) y Rusia vetasen la iniciativa. “España –escribió- ha tachado la sugerencia como «inviable», y eso que formamos parte del Grupo de Amigos del Sahara. ¡Qué no harán sus enemigos!”.

La escandalosa y vergonzosa postura del Gobierno del PP
Con motivo de la renovación del mandato de la MINURSO en abril de 2014, Eduardo Fungairiño subscribió un manifiesto pidiendo al Gobierno una “política digna” sobre el Sáhara Occidental y recordando que España “sigue siendo la Potencia Administradora de iure” del territorio, por lo que debe “asumir de una vez sus responsabilidades” y propiciar “un mayor papel de Naciones Unidas en la resolución del conflicto y en la tutela de los Derechos Humanos”.

El manifiesto calificó de “escandalosa y vergonzosa” la postura que el Gobierno del PP sostuvo el año anterior al bloquear, junto a Francia, la propuesta de Estados Unidos para ampliar al ámbito de los Derechos Humanos las competencias de MINURSO.

Las consecuencias de que la ausencia de competencia de la MINURSO en materia de DDHH quedó reflejada en un extenso artículo, en febrero de 2017, en el que detalló los constantes abusos de las autoridades marroquíes sobre la población saharaui: “detenciones arbitrarias, represión de manifestaciones pro independencia, apaleamientos, allanamientos de viviendas sin orden judicial, exclusión de los saharauis de los trabajos en agricultura y pesquería, maltratos policiales, homicidios en comisarías, prisiones preventivas sin fechas de juicio, privación de los propios recursos naturales, etc.”

La ilegalidad de un acuerdo UE-Marruecos
Como si temiera lo que iba a ocurrir con el acuerdo alcanzado entre la Unión  Europea y Marruecos en materia de pesca, en diciembre de 2013 Fungairiño afirmó que la UE podía  cometer una ilegalidad pactando con Marruecos “el reparto o la gestión de unos bienes que no son suyos, las pesquerías saharianas, pues están en aguas de un territorio que está sujeto a descolonización y pendiente de la celebración de un referéndum sobre su independencia. Y lo que es peor, sin consultar a la población saharaui, que es la titular de dichas pesquerías”.

“Sería lamentable –concluyó- que la Unión Europea siguiera, en cuanto atañe a las poblaciones de los pueblos de los territorios invadidos y sometidos a un régimen colonial, un rumbo diferente del que marcan las resoluciones de las Naciones Unidas”.

Los medios de comunicación no estuvieron exentos de las críticas del fiscal. “Es llamativo –escribió en el artículo de febrero de 2017– que ninguna noticia del Sáhara Occidental trascienda a los mass media españoles” y el “gran público español solo tiene noticia de los saharauis cuando sus hijos son acogidos en España en las vacaciones de verano” o cuando se recolectan alimentos y material escolar para los campamentos de Tinduf. “Nada se informa al público de la represión, de las felonías que perpetra Marruecos en el Sáhara ¡el último territorio del mundo sujeto a un poder colonialista! Tan cerca de España, tan cerca de las Islas Canarias…”

Críticas a los políticos del PSOE y del PP
En el mismo escrito mencionó la actitud de los políticos, tanto del PSOE como del PP, “que mantienen una postura cuando se encuentran en la oposición y otra radicalmente contraria cuando ostentan responsabilidades de gobierno”.

Citó a Felipe González, que proclamó en 1976 ante los saharauis su compromiso ante la historia de estar con ellos hasta la victoria final y “no tomó durante su largo mandato ninguna medida favorable a los saharauis”,  y a Trinidad Jiménez que “se manifestaba en Madrid el 12 de julio de 2003 a favor de la independencia del Sáhara Occidental exhibiendo pegatinas saharauis” y siendo Ministra de Asuntos Exteriores en 2010 “alegó no tener información sobre el ataque y desmantelamiento (con muerte de varios saharauis) del campamento de Gdeim Izik o Campamento de la Dignidad, pacíficamente establecido en las afueras de El Aaiún”, cuando las agencias de prensa, el Congreso y el Parlamento Europeo conocían ya lo sucedido. “Ni una acción en beneficio de los saharauis, ni una palabra de condena de las brutalidades marroquíes”, sentenció.

Sobre el eurodiputado popular Esteban González Pons dijo que exhibió una bandera española junto a las banderas saharauis en una manifestación en Madrid el 13 de octubre de 2010, “queriendo hacer patente así el compromiso de España con los saharauis”, a lo que añadió que el Gobierno del PP “no tomó ninguna medida a favor de los saharauis”, como condenar los abusos marroquíes contra la población, reconocer la nacionalidad española de los pobladores censados o de sus descendientes o disuadir a las empresas españolas que comercian con productos extraídos del suelo sahariano, o con pescado de sus aguas, en contra de la Carta de las NN.UU. y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“Aguas que, por cierto, el ahora Comisario español en la Unión Europea Miguel Arias Cañete situaba al sur de Agadir”; y el Instituto Cervantes, que tiene centros en Marruecos, en Argelia y en Túnez, “anuncia que va a abrir un centro en El Aaiún, que sitúa ¡en el norte de África! como si la expresión Sáhara Occidental fuera nefanda. Todo sea para no molestar al Comendador de los creyentes”, ironizó.

Eduardo Fungairiño expresó que “sin embargo, la realidad judicial es terca“. Citó el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantiene abierta la investigación por el asesinato del ciudadano español Baby Handay Buyema en el campamento de Gdeim Izik, y el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 que procesó a once funcionarios marroquíes por genocidio cometido durante la invasión y posterior ocupación del Sáhara Occidental. “Lo relevante -concluyó- es que se recuerda que España, por mandato de las NN.UU. sigue siendo formalmente la administradora del Sáhara Occidental y, por tanto, tiene jurisdicción sobre el territorio”.

Fuente: Contramutis.




Compartir:



Espacios Europeos © Copyright 2005-2019 No nos copiéis, nos cuesta mucho trabajo mantener esta página.
Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826

POLÍTICA DE PRIVACIDAD | Política de Cookies | Aviso Legal | CONTACTO