Urkullu pide perdón por el caso De Miguel. (EFE)

País Vasco (España)
Espacios Europeos (14/5/2020)
Hace unos días el lehendakari Iñigo Urkullu, fue abucheado en su visita al hospital de Cruces de Baracaldo. El abucheo y los pitidos tenían mucho que ver con la crisis del COVID-19. Profesionales de la sanidad del hospital de Cruces esperaban a Urkullu para manifestarle su profundo malestar. Al grito de “¡Fuera, fuera!», varios profesionales sanitarios le criticaban por la deficiente gestión de la pandemia de coronavirus.

Urkullu se encontró, el lunes pasado, de sopetón con un tremendo abucheo cuando en compañía de la consejera de Salud, Nekane Murga, y el director general de Osakidetza, Juan Luis Diego, cuando se acercaba a saludar a los profesionales de la sanidad. El centro hospitalario de Cruces cuenta con el mayor número de personas infectadas por el coronavirus, y por lo que se ha podido apreciar el personal sanitario no está muy de acuerdo con la gestión del gobierno vasco.

La causa de ese recibimiento está en las críticas que profesionales sanitarios vienen haciendo al gobierno vasco y al líder del PNY por la carencia de materiales para protegerse durante la pandemia, tales como escasez de EPIs o mascarillas defectuosas, así como la falta de test para los equipos.

La verdad es que no es usual que sucedan estas cosas en el País Vasco. Allí todo parece estar muy controlado. Casi todo se cuece en las cocinas del poder, los comensales no deben participar en ello. Hay una especie de omertá. Pero el tiempo pasa y el personal se cansa.

Pero no ha sido el único asunto  que ha centrado las críticas de los ciudadanos vascos. Las basuras y los basureros son otro foco de malestar. A Gipuzkoa se van a llevar alrededor de  70.000 toneladas de residuos urbanos, destinados a la incineradora de Zabalgarbi o al vertedero de Artigas, en Bizkaia.

La exportación de residuos a ciudades, fuera o dentro del País Vasco, no es la solución. Varias plataformas sociales y sindicales luchan por lo que llaman el  “problema a final de tubería”. Según algunas asociaciones la solución está en origen y, además, hay que elaborar una Ley de Residuos.

Desaparecidos en el vertedero de Zaldibar
Familiares de las dos personas que desaparecieron en el vertedero de Zaldibar, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, denuncian el «despropósito» del rescate y «su puesta en escena vacía de contenido ante la inminencia de las elecciones«, al mes del derrumbe del vertedero. Como es sabido las elecciones se pospusieron a causa del COVID.19, pero el asunto volverá a ver la luz cuando se acerquen esos eventos.

La muerte  y desaparición entre el enorme montículo de basuras pudo haberse evitado. UN informe técnico, oficial, garantizó la estabilidad del vertedero de Zaldibar 17 días antes de su derrumbe. A estas alturas, los cadáveres de esos dos trabajadores no han aparecido. Las críticas sobre la mala gestión de las autoridades, y no sólo en la búsqueda de los desaparecidos, sino en el mismo tratamiento y asentamiento de ese y otros vertederos. La polémica llegó hasta el Parlamento Europeo donde se estudia la legalidad o ilegalidad de ese vertedero.

El espectáculo del intento de rescate ha sido bochornos a tenor de lo que afirman compañeros de los desaparecidos y de expertos en la materia. A la vista de los enfrentamientos entre instituciones y falta de recursos, los familiares se preguntan por qué no acudió el Ejército como en otras situaciones similares.

Los vertederos vascos son los más baratos de la Unión Europea. Y ahí están algunas de las causas de lo que acontece.

Con más tranquilidad analizaremos la “gestión” del PNV en el Congreso de los Diputados en la creación y sostenimiento del Intergrupo Parlamentario de Amigos del Sáhara Occidental y otro similar de Amigos de Guinea Ecuatorial.

Pero aquí mostramos una síntesis de otro asunto, de otra perspectiva, la de la corrupción política.  Y para ello hemos escogido un texto publicado en El Confidencial, escrito por Javier Caraballo el 18 de diciembre de 2019.

Corrupción vasca, ni más listos ni más guapos

El mito del nacionalismo vasco consistía en la limpieza y en la transparencia; la política del País Vasco, a diferencia de la española, jamás había visto un caso de corrupción.

Hace justo un año, el lendakari,  Iñigo Urkullu , dijo algo que casi todo el mundo sabe pero que, a lo mejor, ignoran algunos vascos ultranacionalistas: “No somos más listos, ni más altos ni más guapos que nadie”. Era la fiesta de Navidad, la tradicional recepción a la sociedad vasca que ofrece el Gobierno vasco, y la relajada referencia del lendakari tiene gracia recordarla ahora, justo después de la sentencia que ha condenado a varios exdirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Con esa condena, se ha caído el último falso mito del nacionalismo en España; primero se vino abajo el ‘oasis catalán’ y ahora ha ocurrido lo mismo con el ‘oasis vasco’. El mito del nacionalismo catalán consistía en presentar la política catalana como algo ejemplar, por el imperio del sentido común y el pragmatismo. El oasis catalán era la exaltación el ‘seny’; frente a la gresca habitual de la política española, en Cataluña, entre los políticos catalanes, primaban la reflexión y el diálogo. Ya ven cómo acabó ese carácter especial de conciliación y entendimiento…

El mito del nacionalismo vasco consistía en la limpieza y en la transparencia; la política del País Vasco, a diferencia de la española, jamás se había visto salpicada por un caso de corrupción. Mientras que en España se sucedían los escándalos con la misma frecuencia que entraban y salían los gobiernos, nunca en Euskadi se conoció un episodio de corrupción política. En aquel discurso de Navidad del lendakari, Urkullu dijo a continuación, refiriéndose a aquella imagen mítica: “No somos isla ni oasis, pero debemos preservar los mimbres de nuestra forma de hacer política”. Pues lo que sabemos ahora es que en el País Vasco no existe una forma especial de hacer política, que los nacionalistas vascos cobran comisiones ilegales como han hecho otros partidos políticos en el poder, desde que el PSOE de los primeros años les enseñó a todos el camino.

El llamado caso De Miguel, que es el que ha puesto fin al mito del ‘oasis vasco’, consiste en una trama organizada en torno al Gobierno vasco para cobrar comisiones ilegales en la concesión de contratos públicos. Todo lo que se ha descubierto se conoce gracias a una empresaria, Ainhoa Alberdi, que se negó a pagar una comisión de 100.000 euros que le exigían. Como ocurrió también con otros denunciantes en otros escándalos, la empresaria les siguió el juego a los mangantes para poder grabar sus conversaciones y entregarlas luego en un juzgado.

Por esa actuación, la Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 15 personas, entre ellas tres altos cargos del PNV en la época en que el Gobierno lo presidía Ibarretxe y el partido lo lideraba Iñigo Urkullu. Estos días, a raíz de la sentencia, que también supera los 1.000 folios, como la de los ERE, se han publicado varias fotos de los condenados por corrupción, sentados junto a Urkullu e Ibarretxe en algunos actos del PNV. Dice la sentencia que ha quedado demostrado que los condenados formaban una trama organizada para cobrar comisiones ilegales en concursos públicos del área de Cultura del Gobierno vasco, además de otras adjudicaciones a dedo por las que también cobraban. En resumidas cuentas, lo mismo que ya hemos escuchado en decenas de casos de corrupción.

La Audiencia de Álava da a conocer este martes la resolución del ‘caso de Miguel’, con 26 acusados de integrar una presunta trama corrupta liderada por el que era número 2 del PNV en el territorio.

Tras la condena por corrupción en Euskadi, el lendakari y otros portavoces del Gobierno vasco se han apresurado a decir que lo ocurrido nada tiene que ver con su partido ni, por supuesto, con el Gobierno vasco; son —dicen— “actuaciones particulares”, de un grupo de individuos que «actuaron en busca de su beneficio personal y pudieron valerse de su posición para lucrarse» y que, por supuesto, nada de lo ocurrido tiene que ver con ellos: “Se descarta toda vinculación partidista de los hechos”.

Es decir, lo mismo que dicen todos los líderes de partidos políticos que se han visto envueltos en casos de corrupción. Incluso este mismo mes: los dirigentes del PSOE han dicho que el fraude de los ERE no tiene que ver con el PSOE, y el sindicato UGT, cuando han procesado a todos sus exdirigentes en Andalucía, ha asegurado, sin ni siquiera sonrojarse, que “no es UGT de Andalucía, sino exdirigentes”. El lendakari vasco, lo mismo, con lo cual habrá que volver a repetirlo: en los procesos judiciales por corrupción política, jamás figura una organización completa sino el grupo de individuos que se dedica a esos menesteres, el cobro de comisiones ilegales.

Cuando estallan los escándalos, basta con señalarlos a ellos y repudiarlos. Y siempre quedará la misma duda: ¿cómo es posible que unos tipos, ajenos a todo, cobren comisiones por unos contratos que concede un Gobierno de un determinado partido político? Es decir, que cualquier espabilado podría pedir una comisión ilegal a una constructora por una obra pública, pero luego tiene que existir una decisión de gobierno en favor de esa empresa en concreto y no de otras que, con toda probabilidad, han podido presentar mejores ofertas. Como se comprenderá, una trama de cobro de comisiones es imposible que prospere si no existe una implicación efectiva del poder político, aunque luego no se pueda demostrar en un tribunal la participación de todos los eslabones de la cadena.

Javier Caraballo

Se ha acabado, en fin, el mito de la transparencia y la limpieza de la política vasca y, para convertir esa imagen idílica en algo más grotesco todavía, ni siquiera pueden esgrimir los nacionalistas vascos del PNV el valor de haber sido ellos mismos quienes han descubierto la trama de comisiones ilegales. Este es otro de los grandes misterios de la corrupción política en España, todos los dirigentes políticos se dan golpes de pecho afirmando que siempre han perseguido la corrupción en sus partidos. “¡Tolerancia cero con la corrupción!”, afirman impostando el tono, pero resulta que ninguno de los grandes escándalos se ha conocido por una investigación interna o por una denuncia interna. ¿Cómo es posible que entre compañeros de partido no se observe el enriquecimiento repentino de alguno de ellos? ¿Cómo es que nunca han recibido ellos las denuncias de un funcionario o de un empresario? ¿No será que, en realidad, el cobro de comisiones en toda España es una práctica generalizada? En las conversaciones grabadas a los comisionistas de la trama de corrupción vasca, la empresaria denunciante le pregunta a otro empresario, afiliado al PNV, que cuánto tiene que pagar por la adjudicación del contrato y este le responde: “Bueno, dentro de lo normal. Teniendo en cuenta el volumen de lo que era, vamos…”. Hay que subrayar eso. En el oasis del País Vasco, pagar comisiones ilegales era ‘lo normal’. Se acabó el cuento


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