Pedro Sánchez da la espalda a los Derechos Humanos el Sáhara Occidental

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, guarda silencio con la tragedia del pueblo saharaui.

Sáhara occidental
Alfonso Lafarga (4/11/2020)

  • Pedro Sánchez recriminó a Mariano Rajoy cuando era presidente su silencio sobre la corrupción, lo mismo que hace él ahora con las violaciones de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
  • El Ministerio de Asuntos Exteriores sí se pronuncia, en cambio, sobre los atropellos a los Derechos Humanos en otras partes del mundo.
  • Durante el mes de octubre las fuerzas de seguridad marroquíes han acosado y perseguido a activistas saharauis de DDHH, especialmente a los dirigentes de una formación que preside la Premio Nobel Alternativo Aminetu Haidar.

Quien calla otorga. Lo dice un refrán español y lo dijo en 2016 el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para echar en cara al entonces presidente Mariano Rajoy el silencio que mantenía ante los casos de corrupción.

Fue en un acto en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), el 20 de septiembre: Pedro Sánchez manifestó que “en política y en la vida, quien calla otorga”.

Es lo que ahora hacen el presidente del gobierno y sus ministros: callar ante lo que ocurre en el Sáhara Occidental, a pesar de que España es la potencia administradora del territorio según la ONU y la Audiencia Nacional. Otra cosa es que se trate de cualquier otra parte del mundo,  en cuyo caso el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación sí se pronuncia y emite un comunicado o una nota de prensa expresando su posición y parecer.

Durante el mes de octubre en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos se ha sucedido el acoso a activistas y defensores de los Derechos Humanos saharauis por parte de la policía marroquí, especialmente a los dirigentes de la organización política creada recientemente Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), que preside la Premio Nobel Alternativo Aminetu Haidar, para impedir que se reúnan.

Ha continuado el hostigamiento y malos tratos a los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, como ha ocurrido en la prisión de Bouzkarn, donde un interno común infectado con Covid-19 ha sido instalado en la celda del recluso saharaui Yahya Mohammed El Hafed Iazza, de 55 años, que padece graves problemas respiratorios.

Y más condenas a activistas saharauis, destacando el caso de  Husein Bachir, el estudiante que fue entregado por España a Marruecos a pesar de haber pedido asilo político tras llegar en patera a Lanzarote el 11 de enero de 2019 huyendo de la persecución marroquí. El 21 de septiembre le ha sido ratificada la condena de 12 años de cárcel que le fue impuesta el 26 de noviembre de 2019.

Para el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en la excolonia española -en la que el Consejo de Seguridad ha prorrogado la Misión de las NNUU para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), pero carente de competencias en materia de Derechos Humanos- es como si no ocurriese nada, ni siquiera el bloqueo por manifestantes saharauis de la brecha de El Guerguerat, que Marruecos abrió ilegalmente y por la que circulan a diario productos fruto del expolio de los recursos naturales saharauis y la droga marroquí.

Asuntos Exteriores, el departamento de Arancha González Laya, la ministra significada por su complacencia con Marruecos, ha emitido a lo largo del año comunicados sobre hechos ocurridos en diferentes países, incluidas violaciones de los Derechos Humanos; recientemente manifestó que el gobierno de España estaba “profundamente preocupado” por la decisión del gobierno de Israel de construir nuevas viviendas en la Cisjordania ocupada.

Llamativo fue un comunicado del 19 de febrero de 2020 sobre la liberación de dos opositores en Guinea Ecuatorial, que estaban en prisión “en situación precaria”, con expresiones que podrían haber valido para el Sáhara  Occidental, aunque se habrían quedado cortas: necesidad del imperio de la ley, garantías procesales, derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la asistencia letrada…, “y a no sufrir torturas o tratos degradantes”. España pidió a las autoridades guineanas trabajar “en el marco del respeto a los principios básicos del Estado de Derecho y a los Derechos Humanos”.

Las alusiones a los Derechos Humanos, que son violados continuamente en el Sáhara Occidental según organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC) y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH), aparecen con frecuencia en los comunicados y notas de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, subrayando la labor de España.

Así, el 2 de octubre, con motivo de  la 75 semana inaugural de la Asamblea General de Naciones Unidas, Asuntos Exteriores destacó como una de las prioridades fundamentales de la acción exterior de España la protección de los Derechos Humanos, y el 7 del mismo mes facilitó otra nota de prensa informando de la participación de España en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, poniendo de relieve las resoluciones promovidas y suscritas por España, ninguna de ellas sobre el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

En octubre han continuado las violaciones de los DDHH en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos políticos saharauis como muestra la extensa siguiente relación, aproximada, según denuncian organizaciones sociales y medios de información saharauis y españoles. Y mientras, el gobierno de España calla.

Fuente: Contramutis

N. de la R.
Por lo que respecta a Guinea Ecuatorial, la situación no se puede comparar con la que padecen los ciudadanos saharauis. Guinea Ecuatorial es un país soberano, obtuvo la independencia de España el 12 de octubre de 1968.

Los comunicados a los que alude Lafarga los hace el gobierno español, con un doble juego, aparentar una crítica a la dictadura guineana, cuando lo que verdaderamente hace es silenciar las atrocidades del dictador Teodoro Obiang Nguema. Prueba fehaciente de ello es el secuestro de cuatro militantes del opositor Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial IIIR, acaecido en 2019, hecho macabro que tuvo lugar en Sudán del Sur y conducidos a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, donde tras ser torturados fueron condenados a más de 90 años de cárcel. Por cierto, el gobierno español no ha movido un dedo.

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