Guinea Ecuatorial
Espacios Europeos (18/4/2024)
Militantes de grupos opositores a la dictadura de Teodoro Obiang Nguema muestran su profundo malestar por la decisión del juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, de concluir el sumario abierto en España a Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador guineano, por el secuestro y torturas de cuatro miembros del opositor Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGEIIIR).
Además de Carmelo Ovono hay otros dos miembros del gobierno guineano encausados, Nicolás Obama Nchama, ministro de Seguridad, e Isaac Nguema Ondo, director adjunto de la Seguridad Presidencial.
Como es sabido, cuatro militantes de ese movimiento, fueron secuestrados en Sudán del Sur en noviembre de 2019, y trasladados a Guinea Ecuatorial donde, presuntamente fueron sometidos a torturas.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha cerrado el sumario abierto en España contra los tres imputados, y en consecuencia lo ha elevado a la Sala de lo Penal. Esa decisión la ha tomado Pedraz tras el auto de la Sala de lo Penal de resolver un recurso presentado por los familiares de los opositores, en el que advierten al juez que él no es competente, como juez instructor, para tomar esa decisión.
Ante ese escenario, Pedraz, decide concluir con la instrucción de la causa, denegar todas las diligencias solicitadas por las acusaciones y elevar todas las actuaciones, realizadas hasta la fecha, a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, para que sea ella quien decida.
La situación es, aparentemente, confusa. Según la Tribuna del Derecho, el asunto es harto delicado ya que “en tela de juicio la competencia del sistema judicial español en la investigación de un presunto secuestro y desaparición de miembros de un movimiento político en Guinea Ecuatorial (…) esta decisión de la Sala de lo Penal es acertada y necesaria. Ceder la jurisdicción de un caso a otro país implica una serie de implicaciones legales y prácticas que deben ser cuidadosamente consideradas”.
La misma fuente afirma que “no existe un tratado internacional que avale la cesión de jurisdicción en este caso específico. Por lo tanto, antes de decidir sobre la cesión de jurisdicción, es necesario evaluar si Guinea Ecuatorial está dispuesta y tiene la capacidad para llevar a cabo la investigación de manera adecuada”.
Pedraz ha señalado en su auto que en el caso que nos ocupa se “investiga un caso en concreto y no al régimen guineano ni a su poder judicial».
Hay que recordar que la Sala de lo Penal obligó a Pedraz en el mes de febrero a dictar órdenes europeas e internacionales de detención e ingreso en prisión contra los tres investigados.
Un destacado miembro de la oposición guineana afincado en España, nos comenta que “todo esto nos huele mal. Muy mal. No entiendo cómo se puede ceder a Guinea Ecuatorial, la investigación de este caso, cuando es conocido que uno de los investigados en hijo de Teodoro Obiang Nguema y los otros dos, personajes de la total confianza del dictador”.
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