España
Espacios Europeos (30/11/2024)
La Comisión de Comunicación de COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones) han emitido una nota de prensa en la que reclaman que se cumpla la Sentencia 255/2023 del Tribunal Supremo, de 28 de febrero de 2023, que reconoció un derecho largamente ignorado para miles de pensionistas en España. Aquellas personas que durante los años 60 y 70 realizaron aportaciones a mutualidades laborales sin poder deducirlas en su IRPF, pagaron más impuestos de los que les correspondían. El Tribunal Supremo ha establecido que estas cantidades deben devolverse a los afectados, corrigiendo una situación de injusticia histórica.
Aunque la Agencia Tributaria ha comenzado a aplicar la sentencia, lo está haciendo de manera parcial e injusta. Solo aquellos pensionistas a quienes se les retiene actualmente IRPF en sus pensiones están recibiendo o recibirán devoluciones. Por el contrario, quienes perciben pensiones más bajas, exentas de retenciones, no recibirán devolución alguna, pese a haber sufrido el mismo perjuicio fiscal. Esta medida no solo viola los principios de igualdad y no discriminación, sino que afecta desproporcionadamente a los más vulnerables.
Según informaciones publicadas en varios diarios digitales (p.ej., elEconomista.es, 2/11/2024), quedan por resolver reclamaciones por un importe que ronda los 450 millones de euros, y la Agencia Tributaria ya ha anunciado que no podrá abonar todas las devoluciones antes del 31 de diciembre, plazo máximo para la resolución de las reclamaciones correspondientes a los últimos cuatro años fiscales no prescritos (2019-2022). Además, quienes no obtengan resolución antes de esa fecha se verán obligados a presentar nuevamente sus solicitudes a partir de enero de 2025. Esta situación impone una doble carga administrativa y supone un nuevo obstáculo para los pensionistas, con edades avanzadas, y que tendrán que repetir un proceso ya agotador.
Además, esta información se refiere a las reclamaciones presentadas por las personas pensionistas que tienen retenciones de IRPF en sus pensiones actuales, sin mencionar para nada el monto que supone la deuda que la Agencia Tributaria no devolverá a los pensionistas que no hayan tributado en el impuesto (IRPF) en los últimos años.
COESPE denuncia estas prácticas como una vulneración de derechos fundamentales:
- Discriminación económica y social, al excluir a los pensionistas sin retenciones actuales.
- Inseguridad jurídica, por la incertidumbre generada sobre los plazos y la resolución de las reclamaciones.
- Doble carga administrativa, obligando a las y los afectados a repetir el proceso de reclamación, lo que dificulta aún más el acceso a la justicia para personas mayores.
Por último, recomendamos a quienes aún no han presentado su solicitud de devolución, en este momento correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, a que lo hagan cuanto antes (vía formulario en la web de la Agencia Tributaria o presencialmente en cualquier oficina de la Agencia). Esta solicitud pueden presentarla tanto quienes hayan hecho la declaración de renta en esos años como quienes no. También deberán presentarla quienes han tenido retenciones de IRPF como quienes no. Además, queremos aclarar que el presentar la reclamación en ningún caso va a suponer un perjuicio para los reclamantes. Las cuantías que se perciban tampoco suponen un ingreso adicional, sino el resultado de reducir nuestra base imponible y tributar por una cuantía menor.
No vamos a detenernos. Estamos decididos a llevar esta pelea hasta el final en todas las instancias legales y sociales necesarias, para garantizar que todas las personas afectadas recuperen la deuda que la Agencia Tributaria tiene con ellos.
No debemos permitir que una medida que posibilita la recuperación de cuantías pagadas en exceso en nuestros impuestos en el pasado excluya a quienes más lo necesitan.
Hacemos un llamamiento a las y los pensionistas y ciudadanía en general, a posicionarse en contra del trato injusto hacia las personas pensionistas más vulnerables.
COESPE siempre en defensa del Sistema Público de Pensiones y de los servicios públicos, también de cualquier medida que suponga un perjuicio, un maltrato o abuso para las personas mayores.
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