Sin ánimo de mover porquería

Galapagar (Madrid)
Antonio Cantón (25/12/2024)
Leí en el diario digital “Aquí la Sierra” del lunes 29/7/2024 que el Pleno Municipal de Galapagar ha rechazado el “tasazo” de Sánchez, la tasa de basuras, afirmándose que es un ataque a la autonomía municipal y, la noticia me ha impactado en grado superlativo.

La noticia en el digital venia ilustrada con la fotografía de la alcaldesa de Galapagar, Carla Greciano, y la concejala de Medio Ambiente, Paloma Lorenzo, debo decir a las señoras de la foto que eso de mentir está muy feo y además es pecado, así que vayamos por partes:

-.Su postura es posicionarse contra la Unión Europea, contra el gobierno de España y contra el de la Comunidad de Madrid.
-Efectivamente la ley 7/2022 impone a las entidades locales el deber de establecer, en el plazo de 3 años (finaliza en abril 2025) una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación de residuos y que refleje el coste real, directo e indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de dichos residuos.
-Esta ley no hace sino recoger un principio vigente en la anterior legislación (Art. 12.5 de la ley 22/2011) y responder a la directiva europea de 2018.

La tasa de recogida, transporte y tratamiento de residuos sirve, o debería servir, entre otras cosas, para incentivar un comportamiento responsable de los usuarios en base al principio de “quien contamina paga” vinculando la tasa a la producción de residuos. La directiva 2022/541sobre aguas residuales incide sobre el mismo principio.

En España el importe medio de las tasas de basura doméstica era, en 2023, de 98,8 €/año y solo cubría el 58,8 % de los costes estimados.

En España estamos 12 puntos por debajo de la media europea en los porcentajes de reciclado. La ventaja de esta ley es que si el vecino no contamina no tiene por qué pagar (según la ley).

España está permitiendo que el 52% de los desechos municipales acaben enterrados en vertederos, el objetivo para 2030 es que solo sea el 10%.

Esta ley otorga a las entidades locales la posibilidad de establecer medidas para favorecer la reducción de los residuos domésticos. Se pretende, sobre todo, reducir y separar los residuos generados por los humanos, los bienes inmuebles no producen residuos por sí mismos.

De conformidad con el artículo 25 de la ley, las entidades locales establecerán la recogida separada de al menos:

1) El papel, los metales, el plástico y el vidrio.
2) Los residuos de origen doméstico (antes del 30/06/2022)
3) Los residuos textiles (antes del 31/12/2024)
4) Los residuos domésticos peligrosos (antes del 31/12/2024)
5) Los residuos voluminosos, muebles y enseres (antes del 31/12/2024)

Parece que lo que realmente molesta en Galapagar es que la tasa debe ser diferenciada, debe indicarse el coste concreto, pero no se preocupen nuestros gobernantes municipales por tener que subir una media de 60 a 80 €/año, esto lo pueden compensar fácilmente reduciendo al mínimo el coeficiente del IBI urbano y así el “tasazo” será menos doloroso.

De modo que sáquenle punta al lápiz, obliguen a las empresas que tienen beneficios por los residuos ya clasificados por los vecinos y descuéntenlos de los costes totales de las basuras.

La tasa de basura es un ingreso público de carácter local. La práctica totalidad de las Entidades Locales están perdiendo el tiempo, desde 2022, para activar mecanismos que hagan efectivo el principio de “quien contamina paga”.

La mala costumbre de usar y tirar se debe acabar, porque la meta europea, para 2035, es que solo el 10% de los residuos municipales terminen en vertederos, en 2020 los españoles solo reciclábamos el 40,5%.

En 2021 se podía leer, en La Vanguardia, “España tendría que poner toda la carne en el asador para evitar multas de la U.E, que luego serían repercutidas a los Ayuntamientos, por incumplimiento de la directiva marco de residuos.

La falta de una fiscalidad ambiental explica, en parte, los pobres resultados del reciclado”.

En 2023 los españoles dejamos sin reciclar más de un millón de toneladas de residuos plásticos y fuimos sancionados desde Europa con 686 millones de euros, parte de esta sanción se paga con los impuestos de los españolitos. ¿Es esto lo que estamos empeñados en defender?

El “pataleo” por tener que cumplir la ley de algunos equipos de gobierno municipal en la Comunidad de Madrid no debe sorprendernos, puesto que sus parlamentarios europeos, Partido Popular Europeo, son los que menos han votado en Europa a favor de luchar contra la crisis climática y ambiental, solo superados por VOX.

Los socialistas han votado favorablemente en el 75% de las normas.
Los Populares han votado favorablemente en el 22% de las normas.
Los de Vox han votado favorablemente en el 4% de las normas.

La Estrategia de la Comunidad de Madrid sobre gestión sostenible de residuos 2017-2024 afirma que se debe hacer una gestión adecuada de los residuos, afirmando que debemos reciclar más.

Los que eran concejales de Galapagar en 2017 y lo son ahora, deberían haber cumplido la estrategia, donde se dice: “los instrumentos fiscales y financieros constituyen un elemento de apoyo esencial para fomentar la prevención de residuos, aplicando el principio de quien contamina paga”.

La estrategia apuntó, hace siete años, que la tasa de basuras debe ser obligatoria (página 48 de las más de quinientas del documento estratégico de la Comunidad de Madrid).

Está claro, la pregunta es ¿lo entienden las señoras concejalas? Pues eso, el “tasazo” impositivo es un elemento de apoyo para generar menos residuos.

El dicho popular “la mejor defensa es un buen ataque” parece haberse asumido al pie de la letra por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Galapagar.

La recogida separada no está implantada en su totalidad, no se tiene conocimiento de campaña de sensibilización ambiental para reducir drásticamente los residuos generados, no se han adoptado medidas para el compostaje individual o comunitario, etc., pero se publicitan desinformaciones interesadas: la culpa la tiene el presidente del Gobierno.

Convendría que los políticos, que nos cuestan el doble que en el mandato anterior, se apliquen con entusiasmo y acierto a replantear todo lo relacionado con “la basura” mediante regulación y gestión beneficiosa, desde el cumplimiento de la ley, para los galapagueños (muchos Ayuntamientos y consorcios ya lo han hecho) teniendo en cuenta las particularidades, entre otras:

– La diferenciación o reducción para las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión.
– La instalación de sistemas para incentivar la recogida separada y personalizada en viviendas, con especial atención a los alquileres vacacionales y similares.
– Se prime y bonifique a los que menos residuos generen.

En definitiva, a trabajar técnicos y políticos para poner fin a un modelo de gestión de residuos costoso, contaminante, y que no cumple la normativa europea; hay que compostar y reciclar, y aprobar un programa de gestión de residuos municipales (Artículo 12 de la Ley).

NOTA:
Antonio Cantón ex concejal socialista del Ayuntamiento de Galapagar

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