España
Diego Lotito (5/11/2026)
Circula un mensaje que presenta a las cúpulas de CCOO y UGT como aliadas recién despertadas del 11N. Sus propios datos de implantación lo desmienten. Preparan una jornada de manifestaciones de tarde que sirva de antesala electoral. El Sindicato de Inquilinas, que arrancó esta huelga desde la calle, no debería prestarles su autoridad.
Martes 3 de noviembre
Desde este lunes se mueve por grupos de WhatsApp de los comités unitarios de huelga un mensaje atribuido al Sindicato de Inquilinas (SI). Reconoce que CCOO y UGT “han estado bastante parados hasta ahora” y explica que la semana pasada se comprometieron con el SI a movilizar sus estructuras y activar sus comités de empresa. Según el mensaje, ya habría “unos 4.000 comités de empresa adheridos”. Para los centros donde las delegadas hagan campaña en contra, la propuesta es que la plantilla redacte un escrito y lo lleve al comité de huelga del barrio. Las representantes del SI se encargarían de trasladarlo a los sindicatos para que abran “una comisión de garantías”.
El mensaje busca tranquilizar, pero leído con calma dice otra cosa. A ocho días de la primera huelga general en catorce años, las dos grandes centrales todavía están “empezando” a moverse. Y ante los delegados que trabajan contra la convocatoria, la respuesta es pedirle a la propia burocracia que se investigue a sí misma.
Cuatro mil comités… ¿de cuántos?
La cifra de 4.000 impresiona hasta que se compara con el mapa real del sindicalismo en el Estado español. Según datos del Ministerio de Trabajo publicados en mayo por The Objective, a principios de 2026 había 331.903 representantes legales de los trabajadores. De ellos, 115.099 eran de CCOO y 108.158 de UGT: 223.257 delegados y delegadas entre las dos, dos de cada tres del total.
El último informe público de elecciones sindicales de CCOO, con datos a cierre de 2023, permite afinar más. Entonces había unos 26.900 centros de trabajo de más de 50 personas con acta electoral, es decir, con comité de empresa. CCOO tenía representación en unos 17.800. Si se suman los centros de 6 a 49 trabajadores, que eligen delegados de personal, salen más de 78.000 centros con representación legal, y CCOO estaba en más de 46.000. UGT, con 95.400 delegados en aquel cómputo, tiene una implantación del mismo orden.
Ahora pongamos la cifra en su sitio. Las 4.342 adhesiones que el SI anunció este lunes no son solo comités de empresa: incluyen también secciones sindicales y asambleas de trabajadoras. Tampoco son solo de CCOO y UGT. Según explicó su portavoz, Carme Arcarazo, el recuento suma los apoyos de CGT, Intersindical, CCOO y UGT y las inscripciones en la web de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Aunque todas fueran comités de empresa, serían apenas uno de cada seis comités del Estado y poco más del 5% de los centros con representación sindical. El 26 de octubre, Pepe Álvarez hablaba de “más de 2.500 comités”. Ese mismo día, CCOO y UGT reunieron en Getafe a unos 2.000 delegados para preparar la huelga. No llega al 1% de los que tienen entre las dos.
Habrá paros, lo sabemos y hay que celebrarlos: en empresas importantes, en plantillas de la logística, de la industria y el comercio. Pero lo que retratan estas cifras no es un aparato volcado en la huelga. En la inmensa mayoría de los comités que dirigen, CCOO y UGT ni siquiera han formalizado la adhesión. Mientras tanto, delegadas y trabajadores de distintos sectores denuncian que la consigna que baja es no hacer huelga.
Una huelga «heterodoxa» y un voto para el 29N
Nadie dice que CCOO y UGT no vayan a parar en ningún sitio. Donde la presión desde abajo es fuerte, pararán. El problema es otro: están trabajando para que el 11N no sea una huelga general activa, con asambleas, piquetes y la producción paralizada, sino una gran movilización de tarde que sirva de telonero a la campaña electoral, que arranca dos días después.
Lo han dicho ellos mismos. Unai Sordo y Pepe Álvarez la han llamado huelga “atípica” y “heterodoxa”. El 22 de octubre, según recogieron varios medios, sostuvieron que su éxito no se mediría solo por el paro sino por la asistencia a las manifestaciones de la tarde. El día en que Sánchez adelantó las elecciones, Sordo ya aclaró que la huelga no iba “propiamente” contra el Gobierno. María Jesús Montero completó la operación al decir que el paro se dirigía contra la oposición que tumbó los decretos de vivienda. En Euskadi, CCOO y UGT presentaron directamente la jornada como un preámbulo de las generales. Y la respuesta de Sordo a Feijóo, cuando este pidió desconvocar, fue emplazarle a no gobernar con Vox.
El guion está claro: una tarde de pancartas que termine en “vota para frenar a la derecha”. Pero esta huelga no nació en Ferraz. Se la impusieron a las cúpulas sindicales semanas de acampadas, manifestaciones masivas y la rabia de la juventud por la muerte de Maricarmen tras su desahucio. Convertirla en un mitin del bloque progresista supone pedir a quienes salieron a la calle contra el negocio de la vivienda que confíen otra vez en el Gobierno bajo el que ese negocio ha seguido engordando.
UGT, del piquete al stand de armas
Mientras se anunciaba la huelga, UGT tenía otra agenda. Del 7 al 9 de octubre se celebró en Córdoba Indudef, el Congreso de la Industria de Defensa, organizado por UGT FICA junto al Ayuntamiento del PP y la Fundación Manuel Fernández “Lito”, vinculada al sindicato y dirigida por Mariano Hoya, secretario general de UGT FICA. Según El Salto, el presupuesto municipal reservaba una subvención de 40.000 euros al sindicato para organizarlo. Lo inauguró Felipe VI. En la clausura hablaron Margarita Robles, Juanma Moreno, Antonio Garamendi y Pepe Álvarez.
Álvarez defendió allí que España no debe “perder el tren” de la industria de defensa. Hoya habló de la “vocación pacifista y europeísta” de su federación mientras pedía capacidades militares propias. Es el mismo Garamendi al que, en los actos de esta semana, se señala como responsable de bloquear los salarios. La dirección de UGT comparte escenario con él para celebrar la carrera armamentística, que se paga con los recursos que no llegan a la vivienda pública, la sanidad o la educación. Ese sindicalismo, integrado en la maquinaria del rearme imperialista europeo, es el que hoy se presenta como garante del 11N.
Ceuta: la excepción que lo explica todo
El 9 de octubre, mientras se clausuraba Indudef, CCOO y UGT anunciaron que dejaban Ceuta fuera de la huelga por la “excepcionalidad” que vive la ciudad desde finales de julio, cuando unas 70.000 personas cruzaron la frontera. UGT Ceuta explicó que “no comparte” que la ciudad se pare ese día. CCOO Ceuta anunció que no participará ni impulsará la convocatoria.
¿Qué excepcionalidad? El Diario.es ha documentado, con una veintena de testimonios y vídeos verificados, palizas de patrullas militares a migrantes, también a menores. Organizaciones como Brigadas de Apoyo Mutuo y Border Resistance hablan de cerca de un centenar de casos. Los colectivos de solidaridad denuncian acoso nocturno de las fuerzas de seguridad y campañas de agitadores de extrema derecha contra jóvenes migrantes y voluntarias. El Gobierno, por su parte, presume de más de 11.000 retornos a Marruecos desde agosto.
En el lugar del Estado donde el racismo institucional se muestra más brutal, las dos grandes centrales han decidido que no toca huelga. Nuestros hermanos y hermanas migrantes, los más precarios entre los precarios y los primeros expulsados del mercado de la vivienda, se quedan solos frente al Ejército, la policía y la extrema derecha. Eso no es “responsabilidad”. Es dejar a una parte de la clase trabajadora fuera de la huelga en el momento en que más la necesitaba.
El Sindicato de Inquilinas no tiene que ser el abogado de las burocracias sindicales.
El SI tiene una autoridad ganada a pulso. Fue el movimiento por la vivienda, con las acampadas y las movilizaciones tras el desahucio de Maricarmen, el que arrastró a CCOO y UGT a convocar a la huelga general del 11N. Precisamente por eso sorprende el papel que asume en ese mensaje.
En primer lugar, presenta los números de la burocracia como prueba de compromiso, cuando son la prueba de lo contrario. En segundo lugar, se apoya en una promesa hecha en una reunión, la semana pasada, en vez de exigir públicamente asambleas en cada centro de trabajo. Y, en tercer lugar, canaliza la indignación de las plantillas hacia una “comisión de garantías”, un órgano interno de esos mismos sindicatos y controlado por las mismas direcciones que han tenido la huelga en el cajón. Así, el SI se coloca como mediador ante la cúpula sindical, como un abogado defensor que pide paciencia a quien denuncia mientras negocia en los pasillos. Hasta el lenguaje del mensaje se ha contagiado: habla de delegadas que se oponen “a la manifestación”, no a la huelga.
La crítica no busca dividir. Al contrario: el frente único con CCOO y UGT es imprescindible para que el 11N pare el país. Pero ese frente se construye exigiendo a sus direcciones a la luz del día y organizando por abajo, no cubriéndoles las espaldas.
Después del 11N, la lucha sigue, gobierne quien gobierne
Quedan ocho días. La tarea es poner en pie comités unitarios de huelga en cada empresa, hospital, escuela, almacén, facultad y barrio, con todas y todos los que quieran pelear. Hay que exigir a Sordo y Álvarez que convoquen ya asambleas en todos los centros donde tienen representación, que son decenas de miles. Hay que denunciar públicamente a cada delegado que haga campaña contra el paro, preparar piquetes desde primera hora e incluir a Ceuta en la convocatoria.
Pero el 11N no marchamos junto a Sordo y Álvarez. Nos guía el viejo principio del frente único: golpear juntos, marchar separados. Golpeamos juntos porque paramos codo con codo con las compañeras y compañeros de CCOO y UGT, del sindicalismo combativo como Co.bas, CGT, Solidaridad Obrera, CNT, en los piquetes, en las asambleas y en cada centro de trabajo donde se pelee el paro. Pero marchamos separados porque no vamos a ser el decorado de una tarde electoral ni a prestar nuestras pancartas a quienes dicen que esto no es una huelga contra el Gobierno o aplauden el rearme junto a Garamendi.
Esta tarea también interpela a la izquierda sindical, especialmente a los sindicatos con más peso como CGT, que junto al resto del sindicalismo combativo han llamado a una huelga general activa. Para que esa llamada no se quede en un comunicado, tienen que ponerse al frente. Algo que de momento no está sucediendo en muchos centros de trabajo donde tiene presencia o incluso dirige. Eso significa usar cada delegado y cada sección sindical para convocar asambleas en los centros de trabajo y votar el paro de 24 horas, sin dejar de denunciar la maniobra de las cúpulas de CCOO y UGT. Allí donde la izquierda sindical es mayoría o tiene peso real, el 11N tiene que convertirse en un ejemplo de lo que puede ser una huelga general de verdad. Ese ejemplo es la mejor herramienta para arrastrar a las bases de los grandes sindicatos.
Y a las afiliadas
, afiliados y delegados de base de CCOO y UGT, que son los primeros a quienes se pide disciplina para desactivar esta huelga: no hay ninguna obligación de obedecer a una dirección que trabaja para que el 11N no se pare. Muchos están militando y organizándola en sus centros de trabajo, en contra de las consignas de Sordo y Álvarez. Hay que desobedecer cada consigna de no hacer huelga y convocar asambleas aunque la federación no las autorice. Allí donde sí se están convocando convertirlas en espacio de organización de la huelga y debate del contenido de la misma, no escenarios informativos. Hay que sumarse a los comités unitarios y hacer los piquetes junto al resto de la clase trabajadora. Las secciones sindicales y los comités de empresa no son propiedad de los aparatos. Son herramientas de las plantillas, y las plantillas tienen derecho a recuperarlas de manos de qu
ienes las usan para frenar la lucha. Si este 11N sirve para que en cientos de centros de trabajo las bases de los grandes sindicatos tomen la palabra y empiecen a echar a los burócratas de sus secciones, habrá dejado una conquista que va mucho más allá de una jornada.
Estamos a favor de manifestaciones unitarias, pero proponemos que en donde sea posible, que el movimiento de vivienda, el sindicalismo combativo, los comités unitarios y el movimiento estudiantil formen columnas, bloques o cortejos propios de independencia de clase, que planteen claramente que esta huelga es tanto contra el Gobierno como contra la derecha que se prepara para gobernar. Bloques independientes que levanten un programa que incluye la expropiación de las viviendas vacías de bancos y fondos para un parque público, la prohibición de los desahucios, papeles para todas y ni un euro para la guerra y el rearme. La unidad en la acción no obliga a callar las diferencias. Al contrario: es la mejor forma de mostrar a millones de trabajadores quién quiere llevar esta lucha hasta el final y quién quiere cerrarla en las urnas.
Y hay que dejar claro que el 29N no cierra nada. Gane quien gane, el problema de la vivienda, los salarios, el rearme imperialista y el racismo de Estado seguirá ahí. Este movimiento solo podrá imponer sus demandas si se organiza de forma independiente y continúa desarrollándose después del 11N y el 29N, gobierne quien gobierne.
Diego Lotito
Nació en la provincia del Neuquén, Argentina, en 1978. Es periodista y editor de la sección política en Izquierda Diario. Coautor de Cien años de historia obrera en Argentina (1870-1969). Actualmente reside en Madrid y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
Fuente:
Izquierda Diario.
