España Espacios Europeos (23/5/2020)
Mientras subimos la cuesta para alcanzar la normalidad de antes, poco a poco, conformándonos con poder salir a pasear fuera de horarios, mientras se aproxima esa fecha del viernes 12 de junio en que presuntamente puede reanudarse la competición de fútbol, se está escapando una noticia que en otra situación o momento habría sido portada en los periódicos: el presidente de la federación española de fútbol, el amigo del presidente del Gobierno, según presume él, el protegido del CSD, según actúa la señora que han puesto de encargada, Luis Rubiales, se enfrenta a un juicio por maltrato y agresión a una mujer, que le reclamaba el pago de una deuda económica y unos trabajos realizados en su vivienda. Rubiales negó todo.
La mujer a la que presuntamente agredió con un fuerte puñetazo, según una testigo, aporta una grabación en la que demuestra que Rubiales mintió en su declaración. Esa grabación, el juez la ha admitido negando el recurso
España A. D. (22/5/2020)
Llevamos un tiempo –quizás lo impuso la incapacidad de José Luis RodríguezZapatero, que para ocultar su ineptitud y carencia de sentido de Estado se dedicó a “sacra” a Franco cada vez que los asuntos de gobierno le iban mal. Y como esos males iban en aumento con los días, pues erre que erre a reverdecer el franquismo. Y ahora, con Pedro Sánchez, la estrategia se repite y repite. En este caso, la ineptitud va algo más camuflada, pues el chico tiene porte, buena voz y fácil verbo. Pero tantos cambios, pactos y cambalaches, le conducen por el mismo camino.
Ahora, todo lo que sale mal, es culpa del Partido Popular (PP), y no saca al Cid Campeador, a Franco, Aznar o Rajoy porque la cosa cantaría mucho.
En la calle ocurre otro tanto, si contradices o criticas eres un facha asqueroso.
Un trabajador originario de Ghana trabaja en un cultivo de fresas en Palos de la Frontera (Huelva) en 2006.SAMUEL ARANDA / AFP
España David Romero (21/5/2020)
unto a los campos de cultivo de la provincia de Huelva se extienden precarios asentamientos chabolistas cuya situación es aún peor desde la llegada del coronavirus.
La provincia de Huelva, ubicada en el extremo sudoeste de España, es la principal área productora de fresas de toda Europa. El sol templa sus fértiles terrenos de cultivo durante unas 250 horas al mes cada primavera, estación en la que el aire presenta además una variación térmica mínima entre el día y la noche: condiciones ventajosas que hacen que esta provincia andaluza produzca el 95 % de la fresa que se consume en España, y que la calidad de este producto sea desde hace décadas una referencia mundial por su textura y dulzor.
La producción de esta fruta deliciosa esconde, no obstante, una realidad más amarga. O peor aún, ni siquiera la esconde: extendidos junto a los terrenos de cultivo, y ligados a la demanda de empleo que generan, existen amplios y precarios asentamientos chabolistas que dan cobijo a los trabajadores, generalmente migrantes, que llegan a Huelva dispuestos a aceptar las durísimas condiciones de trabajo que ofrece la campaña de recolección de la fresa, especialmente entre los meses de marzo y mayo.
Están a la vista de todos y también en pleno conocimiento de las autoridades locales, pero permanecen intactos en su sordidez: en estas agrupaciones de infraviviendas, fabricadas con desechos de obra (palés, ladrillos, cemento…) o con residuos de la actividad agrícola intensiva (plásticos y arcos invernadero, bocas de riego, cuerdas, lonas…) cohabitan miles de personas en condiciones de insalubridad y pobreza extrema: sin puntos de agua corriente, electricidad, calefacción, saneamiento o suministros de ningún tipo.
“No se vive, se sobrevive”
Hay asentamientos de este tipo en varios municipios de la provincia de Huelva: en la parte oriental, en Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto y Mazagón; y en la parte occidental en Lepe y Cartaya. La Cruz Roja ha calculado que en estos poblados improvisados viven más de 2.100 personas en total, aunque las organizaciones humanitarias locales sospechan que la cifra es mucho mayor.
“En los asentamientos no se vive, se sobrevive“, comenta Ana María Mateos Gómez, presidenta de la Asociacion de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI), una de las organizaciones que más estrechamente trabaja con los pobladores de estos campamentos, para paliar en lo posible su complicada situación.
Mateos explica que estas personas “se ven obligadas a residir en los asentamientos” ante la carencia de “alternativas habitacionales para alojar a todas las personas que se desplazan a los municipios agrícolas, ya sea de manera temporal o permanente”. En este sentido, señala además que “un porcentaje de estas personas se encuentra en situación administrativa irregular, puesto que la legislación en materia de extranjería les despoja de la posibilidad legal de trabajar y residir” hasta que logran reunir unos requisitos que pueden tardar entre 3 y 10 años en cumplir. En la mayoría de los casos es esta situación irregular la que les dificulta acceder a un contrato de alquiler y les aboca a este tipo de soluciones habitacionales extremas y peligrosas.
Una vez en el poblado de chabolas, los problemas se multiplican. “Tienen que desplazarse kilómetros para poder buscar agua para ducharse, cocinar y limpiar; para cargar sus móviles y baterías portátiles se ven obligados a acudir a centros de estancia diurna como el nuestro, a locutorios u otros lugares, pero siempre lo tienen muy complicado”, cuenta la presidenta de ASNUCI, que considera que, en general, la situación de estos asentamientos es “lamentable”.
Pero a veces, la falta de infraestructuras mínimamente seguras hace que los problemas sean mucho más graves: el pasado 19 de diciembre un joven marroquí de 23 años murió carbonizado por un incendio en el asentamiento en el que vivía, en la zona fresera de Palos de la Frontera. El fuego arrasó 300 metros cuadrados y consumió unas 20 chabolas.
La clamorosa indiferencia de la administración pública
A finales del pasado mes de enero, el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, visitó algunos de estos campamentos y se confesó “pasmado”, al ver que los jornaleros que los habitaban vivían allí “como animales”. Unos días más tarde, en una entrevista concedida a Europa Press, insistió en que las condiciones de estos trabajadores migrantes “eran peores que en un campo de refugiados“.
“Estas condiciones de vida inhumana las vienen soportando los inmigrantes en Huelva desde hace más de 20 años“, asegura Manuel Delgado Cabeza, doctor en Economía y profesor en las Universidades de Málaga y Sevilla, actual responsable del grupo de investigación de Análisis Regional y Economía Andaluza. “Y no son condiciones casuales –puntualiza–: son precisamente las que consiguen que la materia prima que salga de Huelva pueda salir al menor coste posible“.
“Estos asentamientos tienen una funcionalidad –insiste–: la de rebajar el coste de los salarios del sistema productivo onubense”.
Con respecto a las palabras del relator de la ONU y la esperable reacción de las autoridades españolas ante un veredicto tan contundente, comenta que “si uno no conociera como funciona este sistema, se podría esperar que se hubiera hecho algo, pero desde entonces, de una manera muy llamativa, se ha seguido sin hacer prácticamente nada”.
Desde ASNUCI coinciden en este decepcionante diagnóstico: “Observamos poca predisposición real de solucionar la problemática. Sigue habiendo mucho asistencialismo pero pocas decisiones valientes y definitivas para solucionar el problema desde la raíz”, explica su presidenta.
Un problema de ‘los otros’ en un mundo globalizado
A pesar de la descarnada explicación del profesor sobre la “funcionalidad” de estos asentamientos en la economía global, no deja de sorprender la pasividad de los poderes públicos ante un problema humanitario tan gravemente enquistado en una de las joyas de la economía productiva local. ¿Como se explica que las administraciones, y la sociedad en general, den la espalda a una situación tan extrema?
“Lo que ocurre es que el problema afecta a esos que podemos llamar ‘los otros’ –responde el doctor Delgado Cabeza–: ‘los otros’, que son la gente del Sur, esa gente que en el norte normalmente se desprecia, se minusvalora o se invisibiliza”. El economista denuncia que, desde el punto de vista de los países más desarrollados, “los inmigrantes no tienen derecho ni siquiera a tener derechos”. “Eso es algo que aquí se ha ido normalizando con el tiempo, a pesar de que nosotros, los andaluces, somos un pueblo del sur y también hemos sido emigrantes“, critica.
Delgado Cabeza sitúa de nuevo el problema en unas coordenadas planetarias, al afirmar que “estamos ante un comportamiento que desgraciadamente se ha normalizado” hasta convertirse en “un rasgo estructural de la globalización“.
“Este sistema –explica el profesor– tiene dos características que contribuyen a que se normalice la explotación de la mano de obra hasta alcanzar situaciones que algunos llaman ‘nuevas formas de esclavitud’: una, que la globalización dispone una competencia a nivel mundial en la que los territorios compiten entre sí para ofrecer las mejores condiciones al capital global, que por lo tanto tiene como campo de operaciones el planeta entero”.
“Y dos, –continúa Delgado Cabeza–, que la mano de obra también está globalizada, y los trabajadores compiten a la baja en condiciones de trabajo y en salarios, de manera que se podría decir que aquí estamos compitiendo indirectamente con salarios de Vietnam o de otros países del sudeste asiático, por ejemplo”, ilustra el profesor.
“Los utilizamos pero no los reconocemos”
Una de las noticias más recurrentes y más frecuentemente asociadas a la recogida de la fresa en Huelva es la dificultad de reunir mano de obra suficiente para sacar adelante la campaña. Las características de este cultivo exigen, para su recolección, una mano de obra abundante para realizar un trabajo muy duro durante un periodo de tiempo muy corto. Y además, con una retribución tan escasa como sea posible.
“Cuando se les pregunta a los inmigrantes que están en estos asentamientos, ellos dicen estar cobrando alrededor de 30 euros diarios, que es aproximadamente la mitad del salario que viene fijado en los convenios. Y en esas condiciones, la población local, se resiste a trabajar, claro”, explica el profesor Delgado Cabeza.
Es entonces cuando se abre la puerta a la inmigración irregular, con las autoridades locales mirando para otro lado. “Necesitamos que se revise la legislación y se adapte tanto al respeto de los derechos humanos como a la necesidad misma de nuestra sociedad –reclaman desde ASNUCI–, señalando que “no es admisible que en España haya 600.000 inmigrantes en situación irregular que carecen de derechos pero que, aún así, realizan trabajos esenciales como la agricultura y los cuidados, sin los cuales no podríamos funcionar”.
“Es perverso –indica su presidenta Ana Mateos–: los necesitamos y los utilizamos pero no los reconocemos para no deberles nada.
Iniciativa humanitaria local contra la precariedad
Mateos considera igualmente “perverso” el hecho de “generar empleo y no pensar en el hábitat para las personas trabajadoras”, y señala que “la consecuencia son estos asentamientos chabolistas para sin papeles”, ya que “nadie o casi nadie en situación regular va a desplazarse para trabajar en estas condiciones”. “Parece una situación pensada y planeada, no tiene explicación coherente”, reflexiona.
Su asociación considera necesaria “una política de vivienda que promueva el alojamiento temporal y el alquiler para aquellas personas que decidan fijar su residencia habitual en nuestros municipios, así como una política que implique a los empresarios con las condiciones de hábitat de sus trabajadores, empujándolos a invertir en alojamientos temporales”.
Mientras estas necesidades permanecen insatisfechas, y mientras los poderes públicos persisten en su indiferencia, ASNUCI ha puesto en marcha varios proyectos para paliar la precariedad de los jornaleros en Huelva. El más inmediatamente relacionado con sus condiciones habitacionales es la construcción del primer albergue para trabajadores temporeros sin hogar de la provincia de Huelva. “Ahora nos encontramos en la fase de recaudación de fondos a través de donaciones de particulares y empresas”, explica Mateos.
En la nave donde se construirá ese albergue han instalado de momento un dispositivo temporal de emergencia para atender más ampliamente la demanda de aseo de las personas residentes en los asentamientos durante la actual crisis sanitaria del coronavirus.
“Este dispositivo de emergencia y nuestro centro de estancia diurna son los dos únicos recursos de aseo para los residentes en asentamientos de la localidad de Lepe”, precisa la presidenta de ASNUCI, ilustrando la escasez de recursos disponibles para estos trabajadores en la zona.
La pandemia empeora la situación, pero el trabajo continúa
La asociación coordina también el reparto de agua potable a través de un camión cisterna en los asentamientos, así como alimentos y material básico de higiene, un servicio que está resultando fundamental en el contexto de la pandemia.
“Imaginaos cómo es el confinamiento en una chabola sin agua, luz ni saneamiento, a veces masificada”, dice Ana María Mateos. “No existen medidas de contención al virus, no es posible el distanciamiento social ni el refuerzo en la higiene”, explica, denunciando que “no se han tomado medidas desde la administración ante la pandemia”. “A lo máximo que han llegado [las autoridades locales] es a distribuir, con la colaboración decisiva de asociaciones, algo de alimentos, agua y productos de higiene, pero a menudo las personas no pueden acceder a estos repartos,porque cuando se efectúan la mayoría se encuentra trabajando, cuidando precisamente de nuestros campos y alimentos“, indica.
La presidenta de ASNUCI destaca asimismo que no se ha ofrecido tampoco ninguna alternativa de alojamiento, “aun existiendo establecimientos públicos infrautilizados, vacíos y cerrados al público que podrían servir de alternativa provisional” durante la crisis sanitaria.
Y es que, de lo único que se ha ocupado el Gobierno en este ámbito, según señala el profesor Delgado Cabeza, es “de que la cadena productiva pudiera seguir funcionando“.
Desde hace más de una década, buena parte de la mano de obra que llega a los cultivos onubenses procede de los llamados ‘contratos en origen’: se recluta y se contrata a miles de extranjeros en sus propios países, generalmente a mujeres. Antes predominaban los contratos para temporeras rumanas o polacas; en los últimos años abundan más las trabajadoras marroquíes. Se les suele hacer un contrato con una serie de condiciones entre las que destaca una: que se tienen que marchar de España en cuanto termine la campaña de recogida de la fresa.
“De esta manera se capta una mano de obra que está en Huelva justo los días en que es necesaria, y luego esas personas desaparecen y dejan de ser incómodas“, comenta irónicamente Delgado Cabeza.
Con la llegada del coronavirus, el establecimiento del estado de alarma y el consiguiente cierre de fronteras, esa forma de captación no ha sido posible este año. “Al haberse quedado el sistema sin estas personas hay que echar mano de gente que quieran trabajar durante muy poco tiempo en unas condiciones muy duras y por poco dinero”.
Esta situación ha forzado incluso la intervención del Ejecutivo de Pedro Sánchez para facilitar a los empresarios la captación de mano de obra. Una de las medidas para estimular la contratación impulsadas desde el Ministerio de Agricultura ha sido permitir que las personas en situación de paro puedan trabajar en las campañas de recolección y cobrar el jornal correspondiente sin dejar de percibir la prestación por desempleo u otros subsidios al mismo tiempo. Pero no ha dado resultado: a una oferta de 23.000 plazas emitida por el Servicio Andaluz de Empleo, solo se presentaron 970 personas, en la provincia con la tasa de paro más alta de España.
Así las cosas, es fácil adivinar quién está asumiendo mayoritariamente la carga de trabajo en la presente campaña de recogida de la fresa en Huelva, y es aún más fácil constatar en qué condiciones lo están haciendo.
Foto: Una mujer pasa ante una oficina de empleo, en Madrid. (EFE) Una mujer pasa ante una oficina de empleo, en Madrid. (EFE)
España El Confidencial (20/5/2020)
El mercado laboral español inicia la desescalada en una posición de extrema vulnerabilidad. El punto inicial es dramático en comparación con el resto de países de la eurozona, como están avisando diferentes instituciones. A partir de ahí, las decisiones políticas, empresariales y de los consumidores marcarán el daño definitivo, además del comportamiento del propio virus. Pero, de partida, más del 30% del empleo en casi todas las comunidades autónomas está directamente expuesto a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus.
Un informe del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), una suerte de matriz de bancos centrales en Basilea desde donde se cuecen las nuevas regulaciones financieras, dibuja un mapa de elevado riesgo para España. Lo del mapa es literal. Todas las regiones están en alerta roja por la dependencia a las industrias más golpeadas y por el peso del empleo en las micropymes, ‘a priori’ más amenazadas que las medianas o grandes compañías.
El análisis de los economistas del BIS Sebastian Doerr y Leonardo Gambacorta construye índices de riesgo para las diferentes regiones europeas que reflejan el porcentaje de empleo bajo amenaza por el covid-19. Es importante matizar que hay riesgo para toda la economía en una situación de crisis e incertidumbre radical, concepto acuñado por el exgobernador del Banco de Inglaterra Mervyn King y que ahora cobra más vigencia que nunca.
El índice de riesgo del estudio del BIS se basa en el empleo local en sectores más expuestos a la pandemia y en la incidencia regional de las pequeñas empresas, y en la interacción de ambos factores. “Nuestros resultados muestran que mientras varias regiones europeas tienen un empleo con alta participación de trabajadores en sectores particularmente expuestos a las consecuencias de la pandemia, la mayor proporción de empresas pequeñas en el sur de Europa pone el empleo en esas regiones particularmente en riesgo”, arguyen los economistas.
Así, hay tres mapas, y en todos los países mediterráneos como España, Italia y Grecia se llevan la peor parte, con especial foco en España en cuanto a exposición del empleo. Los sectores que el informe del BIS identifica como más golpeados son el transporte, el comercio minorista, ocio y hostelería y agencias de viajes. Con datos de la oficina estadística Eurostat, encuentran que las exposiciones sectoriales oscilan entre el 15% en el menor de los casos a lo largo de Europa, y el 57% en el máximo. La media es del 29%.
Exposición a sectores más vulnerables. (Fuente: Informe del BIS sobre el empleo ante el covid-19)
En España, casi todas las comunidades se sitúan por encima de este promedio. Salvo Navarra y Castilla y León, todas las regiones cuentan con una exposición superior al 31,57%. “La exposición regional varía a lo largo de Europa significativamente. Las regiones más expuestas predominan en España, Italia y Grecia, pero también en el noroeste de Alemania, en las repúblicas bálticas y en Reino Unido”, insisten los autores.
El estudio se centra en regiones con capacidad política, con medias de población normalmente entre 800.000 y tres millones de habitantes. En España son las comunidades autónomas. El otro factor clave para calibrar el riesgo sobre el mercado laboral, argumentan Doerr y Gambacorta: “Las pequeñas empresas suelen depender fuertemente de la demanda local y sufren restricciones financieras”.
El segundo mapa del informe que publica el BIS muestra el porcentaje del empleo en empresas con menos de 10 empleados. En promedio, la dependencia de esta parte del tejido empresarial es del 35%, pero hay un rango que oscila entre el 16% y el 97%. Nuevamente, España está a la cabeza, junto con Italia y Grecia. La novedad en este caso es que se añade Francia. El porcentaje supera en 43,71% en todas las comunidades autónomas salvo el grupo de Cataluña, Navarra, País Vasco y Cantabria, que están entre el 34,43% y el umbral anterior, y la Comunidad de Madrid, que está en un peldaño anterior.
Peso de las micropymes en el empleo. (Fuente: Informe del BIS sobre el empleo ante el covid-19)
La mezcla de estas dos características, que para estos economistas marcan las divergencias en el repunte del paro por culpa de esta recesión, es lo que denominan el índice de riesgo sobre el empleo, en el que 14 de las 17 comunidades autónomas están en el grupo de regiones europeas en las que hay más riesgo sobre el empleo. “Los países del sur de Europa y Francia tienen una proporción significativa de regiones con un alto índice de riesgo de empleo. Varias regiones de Europa central y oriental tienen índices de riesgo intermedios, mientras que el norte de Europa tiene índices de riesgo generalmente más bajos”, resumen los expertos.
Índice de riesgo del empleo. (Fuente: Informe del BIS sobre el empleo ante el covid-19)
En cualquier caso, el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) ha sido la vía más usada por las empresas para enfrentarse al descenso de la actividad económica, el desplome de la demanda o unas expectativas lastradas por la falta de visibilidad sobre la reapertura de las fronteras. Hay 3,4 millones de asalariados en ERTE, casi uno de cada cinco ocupados en el primer trimestre, están en esta situación de letargo laboral, a lo que se suman 1,3 millones de autónomos que han solicitado la prestación por cese de actividad. Y no se sabe cuántos volverán al trabajo con normalidad, cuántos de forma parcial, o cuántos desgraciadamente sufrirán la destrucción de puestos de trabajo.
Pese a la ausencia todavía de datos oficiales y fiables para conocer el repunte del desempleo a lo largo de Europa, lo que sí coincide con el índice del riesgo sobre el empleo que han elaborado Doerr y Gambacorta son las búsquedas de información en torno al paro. La intensidad de las búsquedas de la palabra “desempleo” en Internet, según Google Trends, se ha disparado en mayor medida en las regiones más amenazadas. La correlación es notable: por cada 10 puntos porcentuales de más riesgo según este indicador, hay 8 puntos porcentuales más en el índice comparativo entre regiones de búsquedas en Google.
Correlación entre riesgo para el empleo y búsquedas en Google Trends. (Fuente: Informe del Bis sobre el empleo ante el covid-19)
“El hecho de que las personas en las zonas más afectadas también estén más preocupadas por el desempleo sugiere que los indicadores basados en el empleo local en las industrias más afectadas, junto con información sobre el empleo en pequeñas empresas, pueden identificar regiones donde el empleo se ve amenazado por las consecuencias económicas de la pandemia”, asegura el informe. El aumento de búsquedas sobre desempleo coincide con el desplome sobre cuestiones relacionadas con la movilidad, ante las restricciones generalizadas para frenar la pandemia.
Aviso del Banco de España
La advertencia para el mercado laboral español coincide con la realizada esta semana por Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, en el Congreso. En la Comisión de Asuntos Económicos, el máximo responsable del supervisor, y ex director del servicio de estudios, explicó que las ramas de actividad más afectadas por la pandemia pesan el 25% del PIB, incluyendo hostelería, transporte o comercio minorista.
Peso de los sectores más golpeados. (Fuente: BdE con datos de Eurostat)
Como los economistas del BIS, Hernández de Cos también pone el foco en el peso de las microempresas, que cuentan con menos de 10 trabajadores. En 2019 suponían el 90% del conjunto del tejido empresarial, frente al 75% en Alemania. “El reducido tamaño medio de las sociedades no financieras sitúa al tejido productivo español en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la pérdida de ingresos como consecuencia de la crisis del covid-19, dado que, con carácter general, las pymes cuentan con un menor acceso a la financiación externa y unos costes fijos más elevados en proporción de la facturación”, señaló el gobernador.
El ‘jefe’ del BdE agregó la temporalidad como un factor que amenaza la resistencia del mercado laboral frente a la recesión. España está a la cabeza en Europa en este ranking, con más del 25% frente a un promedio cercano al 15%. Entre marzo y abril, tres cuartas partes del empleo perdido corresponde a empleados con contrato temporal. Esto es dramático porque la crisis vuelve a incidir en los más débiles que, como recordó Hernández de Cos, “apenas pueden contar con protección alguna una vez que expira su contrato, salvo que se articulen medidas excepcionales que igualen esta protección” frente a los asalariados con contrato fijo.
Las previsiones de organismos como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertan de que el paro escalará hasta sobrepasar el 20%. Hay que tener en cuenta que esta situación, de incertidumbre radical, resta fiabilidad a las proyecciones. Pero asumen ya la diferencia de golpes entre países. El FMI predijo en su informe de perspectivas, publicado el 14 de abril, una ratio del 20,8% a finales de año en España, frente al 14,41% del primer trimestre, y solo menos en Europa que el 22,3% esperado para Grecia. Para Italia espera un 12,7%; para Francia, un 10,4%; y para Alemania, un 3,9%.
eo, como se vio en la crisis de deuda en 2011 y 2012. “La crisis del virus volverá a arrojar una sombra oscura sobre la estabilidad y la sostenibilidad europeas. Prevemos que los países europeos lleguen a fines de 2021 con una divergencia sin precedentes en su desempeño económico, en crecimiento y desempleo. Nos preocupa que esa divergencia renovada pueda volver a plantear dudas sobre el equilibrio norte-sur y la sostenibilidad de los actuales acuerdos”, asegura el departamento de estudios de Deutsche Bank en un duro informe en el que pide solidaridad europea para evitar que este aviso sea una realidad. O, al menos, que no sea insostenible.
El banco alemán estima un desempleo del 20% en los próximos trimestres, y se reduciría por debajo de este umbral a finales de 2021, al situar al mercado laboral español como el más vulnerable entre las grandes economías europeas. Deutsche Bank Research apunta que los ERTE están impidiendo un agujero histórico en el mercado laboral. Sin este mecanismo, o si se viera limitado, “el paro alcanzaría picos vistos en la crisis de deuda [el máximo fue del 27%] y permanecería alrededor del 20% durante muchos trimestres. Sin este esquema, el paro ya habría aumentado por encima del 30%”, llevando a España a “niveles social y políticamente insostenibles”.
Peso del empleo temporal y del sector servicios. (Fuente: Deutsche Bank Research)
La diferencia entre norte y sur se aprecia ya en los resultados económicos de las comunidades autónomas, pero también si se compara a la mayoría de regiones con las de otros países europeos. El mercado interpretó en las primeras semanas de crisis esta divergencia, lo que disparó las primas de riesgo. Lagarde dudó el 12 de marzo, y llegó a decir que no está para reducir los ‘spreads’ (diferenciales o primas de riesgo). Después reculó, y todo el BCE tuvo que matizar sus palabras, incluyendo para ello un programa especial contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) de 750.000 millones, del que ya ha consumido una cuarta parte para calmar los mercados, mientras crece la dependencia de la economía española con Fráncfort. La ‘jefa’ del BCE ahora lo tiene claro: “No permitiremos ningún riesgo de fragmentación financiera”. Veremos si esta vez es suficiente.
España Espacios Europeos (18/5/2020)
Desde el pasado viernes y hasta el próximo miércoles los inscritos en Podemos votan por internet. Volverán a elegir por un nuevo período a Pablo Iglesias como líder supremo, y renovarán estatutos con puntos incómodos que era necesario cambiar, esto es, el que limitaba a tres salarios mínimos el sueldo a cobrar por un cargo público o el tiempo que pueden estar en la institución. También, el respaldo al ejecutivo progresista que enterró el «PSOE/PP, la misma mierda es» para ocupar cuatro carteras y la necesidad de que se paguen cuotas.
País Vasco (España) Espacios Europeos (15/5/2020)
De acuerdo con la noticia que publicamos ayer, El tiempo lo aclara casi todo, en la que, entre otras cosas mencionamos la nefasta gestión del gobierno vasco en el caso de los dos trabajadores desaparecidos en el vertedero de Zaldibar, hoy la Comisión Europea cree que las “autoridades vascas deberían haber detectado, vigilado y sancionado” su mal funcionamiento.
En consecuencia, la Comisión Europea ha anunciado que examinará la serie de errores que rodearon la desaparición de
País Vasco (España) Espacios Europeos (14/5/2020)
Hace unos días el lehendakari Iñigo Urkullu, fue abucheado en su visita al hospital de Cruces de Baracaldo. El abucheo y los pitidos tenían mucho que ver con la crisis del COVID-19. Profesionales de la sanidad del hospital de Cruces esperaban a Urkullu para manifestarle su profundo malestar. Al grito de “¡Fuera, fuera!”, varios profesionales sanitarios le criticaban por la deficiente gestión de la pandemia de coronavirus.
España Javier G. Jorrin (7/5/2020)
La Autoridad Fiscal alerta de una desviación del déficit de, al menos, 8.000 millones y alerta de que existen inconsistencias entre las previsiones macroeconómicas y fiscales del Gobierno
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha desmontado este miércoles las previsiones fiscales que actualizó el Gobierno la semana pasada con motivo de la actualización del Programa de Estabilidad. La Autoridad Fiscal alerta
España Javier Castro-Villacañas (5/5/2020)
Desde el episodio del empresario Javier de la Rosa en 1995 y su relación con el círculo del Rey hasta el último escándalo de los dos millones de euros, esta es la cronología de un cuarto de siglo de escándalos.
