España
Diego Camacho (7/11/2011)
El paso del ministro de Fomento por la gasolinera de Guitiriz supera con creces lo conocido en corrupciones político-empresariales de este solar, que camino va de convertirse en erial. Mordida y tráfico de influencias, pero nada tan asqueroso como el negocio de medicinas caducadas con destino al tercer mundo, sobre todo África.
Los casos de corrupción están a la orden del día en los partidos que han alcanzado el Poder y ha llegado la hora de ponerles término. Casi siempre el último deja pequeño al anterior, pero lo cuantitativo no es lo verdaderamente importante sino lo cualitativo. Cuantas veces hemos escuchado, a unos y otros, el «y tu más»; fórmula que tiene una clara intención exculpatoria, de los pecados anteriores al relacionarlos con el presente, al valorar del desafuero sólo su aspecto cuantitativo. Los partidos, es decir sus dirigentes son los responsables políticos de este estado de cosas. Puesto que conocen los manejos y callan o cuando se enteran «por la prensa» ponen la mano en el fuego por su militante, hasta que la presión de la opinión pública se hace peligrosa para las aspiraciones electorales.
Todo poder incontrolado es un poder tiránico y sólo mediante la ley puede limitarse la arbitrariedad de los poderes públicos. Los sucesivos gobiernos se han encargado de acabar con la independencia judicial, si es que alguna vez la hubo, y controlar a los jueces. Estos políticos se sirven de los escándalos del «otro» sólo para el rédito electoral nunca para sanear sus propias organizaciones.
El relato de la jueza del caso «Campeón» lleva camino de convertir a José Blanco en el paradigma de la indignidad en el desempeño de la función pública. No haber dimitido le ayuda procesalmente pero en nada a su imagen, es ganar tiempo para caer más abajo. No haber sido cesado por ZP viene a corroborar lo apuntado más arriba, complicidad del Presidente y del candidato a la Presidencia del Gobierno con el dueño del carrito del helado.
Es urgente la aprobación de una ley que impida el aforamiento en los casos de corrupción o en la comisión de delitos flagrantes, puesto que el aforamiento debe de ser entendido como una garantía del político para ejercer la representación de la soberanía popular que tiene asignada, no como salvoconducto para el enriquecimiento ilícito o la creación de redes mafiosas de extorsión.
N. de la R.
El autor es coronel diplomado en Operaciones Especiales, licenciado en Ciencias Políticas y miembro de la Junta Directiva de APPA (Asociación para el Progreso de los Pueblos de África).