Sin Acritud…
Joan Josep Nuet i Pujals
(4/1/2010)
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, Miguel Ángel Moratinos lo dejaba bien claro. En respuesta a una pregunta parlamentaria mía en el Senado sobre la posición del Gobierno ante el clarificador Informe Goldstone de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que acusa a Israel de cometer crímenes de guerra en la pasada ofensiva sobre el territorio de Gaza denominada «Plomo Fundido», afirmó: «las guerras, la violencia y la sangre derramada no se arregla mirando al pasado… no hay que juzgar sino actuar, mediar y retomar las negociaciones».
De forma más clara, el otro promotor de la involución democrática en Justicia Universal en nuestro país, el PP, reconocía que fueron las razones de Estado para «solventar la problemática que afectaba a nuestras relaciones internacionales, generando a veces conflictos diplomáticos» las que llevaron a esta situación. Hablando en plata, se referían a presiones ejercidas por países como Estados Unidos o Israel, en lo externo; y en lo interno, para cortar de raíz cualquier desmán democratizador y progresista en la interpretación del ordenamiento jurídico vigente y «poner coto a determinados juececitos de la Audiencia Nacional que se dedicaban a hacer lo que no debían», en palabras de portavoces y ponentes del PP en el Congreso y Senado.
Está claro que una de las tareas de la diplomacia internacional es la mediación en los conflictos, para encontrar soluciones satisfactorias a las partes enfrentadas, especialmente en los casos en que existen víctimas inocentes afectadas. Pero no es menos cierto que, al mismo tiempo, es tarea del poder judicial en sus versiones nacionales o internacionales y de diversos organismos internacionales de garantía de derechos y libertades, juzgar y evaluar que las acciones que se realizan en el marco de conflictos o en tiempo de paz por parte de Estados u organismos que ostentan poder real sobre los ciudadanos se desarrollan con pleno respeto a normas de convivencia básicas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Ginebra.
Aquí está el nudo gordiano del porqué de la necesidad de una Justicia Universal que no conozca fronteras, lenguas, credos o justificaciones de ningún tipo. El respeto absoluto a la dignidad humana es un principio universal que no puede ni debe conocer excepciones, ya que los crímenes de los que hablamos son de tal atrocidad que no puede haber limitaciones a su persecución y condena. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros.
Justicia, ¿para quién?
Por desgracia, en este mundo gl
obalizado en el que habitamos, donde las políticas conservadoras del neoliberalismo, a pesar de la crisis que han originado, siguen siendo las que controlan el pensamiento dominante y los resortes políticos, económicos y culturales para su reproducción. Las formas jurídicas en las que se asienta el poder se han reforzado (el Derecho Comercial Global, las normas y contratos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales, los organismos internacionales de expansión y asentamiento del capitalismo como el FMI, BM, OMC, OCDE, los códigos ad hoc y la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial superadores de las legislaciones nacionales e internacionales, etc.), así como los aparatos policiales y militares que velan por su cumplimiento.
En cambio, los resortes legales que protegen los Derechos Humanos (por supuesto, entendidos no sólo como derechos civiles sino también como derechos económicos y sociales) han pasado a ser considerados por ese poder como meras recomendaciones que en ningún caso (o en casos excepcionales que afectan a países y situaciones que el poder dominante decide juzgar) comportan mecanismos ejecutivos para juzgar, condenar y hacer cumplir las condenas. Los intentos de la ONU de velar de forma ejecutiva por el cumplimiento de los tratados sobre DD. HH. en general se han estrellado contra el veto en el Consejo de Seguridad o con la burocratización de esas iniciativas, ya sea frente a Estados o frente a las corporaciones multinacionales.
Hoy día si un individuo sustrae una suma, aunque sea pequeña, a una compañía multinacional, entra en litigio legal con los intereses de la misma, o simplemente se toma la justicia por su mano no respetando el orden y la jerarquía preestablecidos, puede ser perseguido por la justicia y sus aparatos policiales hasta la más recóndita isla desierta. En cambio, de forma impune, políticos y militares responsables de miles, e incluso cientos de miles de muertes de civiles inocentes, descansan tranquilamente en sus casas ante la mirada impotente de sus víctimas torturadas o de los familiares de los muertos. En una doble vara de medir que provoca sonrojo responsables económicos de tremendos desaguisados basados en políticas especulativas neoliberales que han provocado miles de parados, destrucción de tejido productivo y que han costado al erario público miles de millones de euros, se pasean dando lecciones económicas o de moral, cobrando sus multimillonarias primas y ejecutando las cláusulas blindadas de sus contratos.
La justicia no es neutral, existe la justicia de los «fuertes», para entender, perdonar o simplemente ignorar sus propios actos atroces y al mismo tiempo y a veces en un mismo lugar, condenar los actos de los explotados cuando estos intentan escapar de la explotación o simplemente juzgar los crímenes de sus verdugos. Darle la vuelta a esta tortilla no es fácil, pero empieza y sigue de forma imprescindible por construir y reconstruir las redes sociales y humanitarias, el valor de los Derechos Humanos y las formas jurídicas de su protección, para que una justicia de los «débiles» mantenga la esperanza de poder llamar a la justicia por ese nombre.
Se
gún los distintos convenios internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el Estado español y ratificados por las Cortes, estamos obligados a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aun cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de España. La Constitución española, en el Artículo 96.1, consagra que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Así pues, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal dice: «Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a. Genocidio, …. i. Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.»
Involución democrática
El Gobierno del PSOE inició la pasada legislatura con algunos avances en el campo de los derechos y libertades (la ley de matrimonios homosexuales, algunos avances en memoria histórica, etc.), que le ayudaban a sostener el discurso de izquierdas que no realizaba en política económica, y eso lo hizo con el apoyo de su izquierda parlamentaria. Pero en esta legislatura vivimos una verdadera marcha atrás, fruto de la presión de la derecha política y social. Por ello, los impulsos legislativos que han generado la Ley de Asilo, la modificación de la Justicia Universal y el proyecto de Ley de Extranjería son una involución democrática que intenta blindarnos frente a los «otros» o sustituir los deberes del Estado en el ámbito de la Justicia por otras razones de Estado.
Algunos han intentado desviar la atención invocando la existencia del Tribunal Penal Internacional de la Haya (TPI) para estos casos. Ojalá la jurisdicción de dicho tribunal fuese efectiva, pero la realidad es que hay países muy importantes como Estados Unidos o Israel que no lo han reconocido, y otros que al reconocerlo lo han hecho firmando cláusulas restrictivas que exoneran a parte de sus gobiernos o mandos militares. Por tanto, hay serias limitaciones de este tribunal para la aplicación de la legalidad internacional, y el problema no son sólo los países africanos o los dirigentes de la antigua Yugoslavia, que también, sino los países del Norte y las grandes potencias económicas y militares.
Por tanto, disfrutábamos, hasta la modificación legislativa promovida por el PP y el PSOE, de un ordenamiento consecuente con el derecho internacional. Al igual que otros países como Alemania, Bélgica, Dinamarca u Holanda, hemos contribuido, con las causas abiertas en España, a frenar como mínimo la sensación de impunidad de la que disfrutaban algunos criminales, se ha impulsado la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo contribuyendo así a reconstruir la capacidad real del ordenamiento jurídico internacional sobre Derechos Humanos de ser cumplido y respetado.
Casos como el de Scilingo, Pinochet, o la demanda por genocidio y otros delitos contra los gobiernos militares de Guatemala han colocado a la Justicia española en un alto nivel de reconocimiento internacional y han devuelto la esperanza a las víctimas de países tan queridos como Chile, Argentina o Guatemala, que tanto han sufrido por la represión de los gobiernos fascistas. Al mismo tiempo, la doctrina que emanan las sentencias de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre estos casos no dejan lugar a dudas sobre el alcance absoluto de la jurisdicción universal y su carácter imperativo para los Estados.
La impunidad es la ausencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas, y la forma más sencilla de que los criminales vuelvan a actuar en conflictos vivos en la actualidad. Si los dirigentes políticos y militares del Estado de Israel responsables de la muerte de mil civiles inocentes en la última invasión de Gaza se sienten impunes, ¿alguien cree que sentirán algún rubor en volver a recurrir a las bombas de fósforo blanco? Cualquier negociación será exitosa si ambas partes saben que no hay marcha atrás y que la violencia del pasado no puede volver a ser utilizada como forma de solucionar el conflicto, especialmente aquellos que disponen de los grandes aparatos militares.
Al limitar el PP y el PSOE la aplicación del principio de Justicia Universal a la persecución de los presuntos delincuentes si estos se encuentran presentes en España, si las víctimas son españolas, si concurre algún vínculo de conexión relevante con España y siempre que un tribunal internacional u otro «tribunal competente» no haya abierto una investigación sobre el asunto, hacen retroceder nuestro ordenamiento jurídico en este tema al de países de segunda división en garantías de cumplimiento de las normas internacionales de Derechos Humanos.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha intentado maquillar la renuncia invocando la demanda de jueces y fiscales e implorando el principio de «subsidiaridad» de no sustituir la acción de medidas legales en los países denunciados. Precisamente los casos que han llegado a los tribunales españoles han sido como consecuencia de la imposibilidad de las víctimas de iniciar procedimientos legales en sus países de origen. Por otro lado, que existe una pléyade de jueces y fiscales conservadores que piden eso y mucho más no es ninguna novedad, por ello el Poder Judicial en nuestro país es el que ha presentado mayores dificultades para democratizarse desde la transición y aún hoy el año judicial se inicia con una misa.
Esperábamos que el PSOE no fuese preso del Pacto por la Justicia que firmó con el PP, en el que lo que se pactó precisamente no fue un giro democrático y progresista, sino mayores dificultades a las libertades políticas, al Estado autonómico y, como hemos comprobado, a la Justicia Universal.
SUMARIOS:
– «Los impulsos legislativos que han generado la Ley de Asilo, la modificación de la Justicia Universal y el proyecto de Ley de Extranjería son una involución democrática».
-«Si los dirigentes políticos y militares del Estado de Israel responsables de la muerte de mil civiles inocentes en la última invasión de Gaza se sienten impunes, ¿alguien cree que sentirán algún rubor en volver a recurrir a las bombas de fósforo blanco?»
-«Al limitar el PP y el PSOE la aplicación del principio de Justicia Universal (…) hacen retroceder nuestro ordenamiento jurídico en este tema al de países de segunda división en garantías de cumplimiento de las normas internacionales de Derechos Humanos»
N. de la R.
Joan Josep Nuet i Pujals es senador de Esquerra Unida i Alternativa-Izquierda Unida.