España
espacioseuropeos (26/10/2013)
El Partido Popular pretende recortar los decuartel torrevieja.JPGrechos de los representantes de los trabajadores de la Guardia Civil, lo que ha motivado que todas las Asociaciones de la Guardia Civil, que cuentan con 14 de los 16 vocales del Consejo elegidos por los guardias civiles, hayan enviado un escrito en el que “recuerdan al Director General que el intento del Partido Popular por amordazar a los legítimos representantes de los trabajadores de esta Institución va, claramente, en contra del dictamen del pasado 4 de abril del Consejo de Estado”, que no “sólo afirmó que estas disposiciones deben tramitarse a través de una iniciativa legislativa distinta al de las Fuerzas Armadas, sino que además afirmaba que el derecho de representación no existe sin el derecho de reivindicación, sin el derecho de manifestación y sin la libertad de expresión”.

Según una nota de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) son tres “pilares” (derecho de representación, derecho de reivindicación y derecho de manifestación) en la defensa de los intereses de los trabajadores de la Guardia Civil que, primero el Gobierno, y ahora el Partido Popular pretende arrebatar a las Asociaciones Profesionales amenazándolas con sancionar a sus ejecutivas al completo por ejercer este derecho de representación”.

La actitud del Gobierno de España y del PP ha conseguido que todas las Asociaciones Profesionales, que representan a más del 96% de los guardias civiles en todas sus escalas en el Consejo, se hayan unido para reclamar que no se restrinjan sus derechos como representantes.

En esa unión ha habido una excepción, la asociación que representa a los generarles, APROGC, que ha pedido en un escrito dirigido al Director General, Arsenio Fernández de Mesa, “que se pronuncie contra el contenido de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular quiere incluir en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, utilizando como subterfugio el trámite parlamentario del régimen sancionador de las Fuerzas Armadas”, según la AUGC.

Ante este nuevo intento de acallar la acción reivindicativa de las Asociaciones Profesionales y de remilitarizar a la Institución, los firmantes del escrito solicitan que se rechacen estas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Enmiendas que “sólo persiguen volver a situar a los guardias civiles en estados de ciudadanía que no se corresponden con un cuerpo policial moderno al servicio de la sociedad”, un cuerpo policial que es, precisamente, el garante de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Las organizaciones de Guardias Civiles recuerdan a Fernández de Mesa, que estas organizaciones deben jugar “un papel importante en la defensa y reivindicaciones de los derechos profesionales, económicos y sociales de los guardias civiles”, para garantizar un mejor servicio público”.


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