España
espacioseuropeos (2/6/2014)
El Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad para que contratase el “servicio e apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior”. El coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros, distribuido en las anualidades 2014 y 2015, por lo que, al ser superior a doce millones de euros, debe contar con la previa autorización del Consejo de Ministros, razón por la cual ahora se aprueba.
Este nuevo contrato afecta a 67 centros penitenciarios e implica “202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas”, afirma la referencia del mencionado consejo, pero lo que no dice es que de no contratar a una compañía privada, esos trabajos los harían –como hasta ahora- funcionarios públicos.
Con estas contrataciones privadas, toda la información sobre traslados de presos, servicios de seguridad, visitas, etc., quedan en poder de las empresas privadas, aunque la Administración disponga la confidencialidad a la firma de esos contratos.
Estas contrataciones comenzaron en el año 2013 con un proyecto piloto consistente en la “contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 centros penitenciaros existentes. En total se contrataron 56 puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto de trabajo de doce”.
El modelo de seguridad así creado disgusta a los funcionarios y, de conocerlo en profundidad, también a los ciudadanos, pero no al Gobierno de España que poco a poco privatiza hasta el aire que respiramos.
El expediente de contratación va a cubrir “los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro”.
E seguir así no es de extrañar que dentro de poco la Guardia Civil y la Policía Nacional pasen a depender de empresas privadas. ¡Al tiempo!