España
espacioseuropeos (10/8/2013)Cárcel española
Esto tenía que llegar, nos referimos a la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios españoles, o sea en las cárceles. Tras la Sanidad, el agua, los servicios de limpieza y un largo etcétera, las corporaciones industriales, fondos de pensiones y bancos, buscan dónde sea con tal de ganar un euro, a costa por supuesto del erario público, de la salud de los ciudadanos y de su ruina.

Ahora, como decimos, le ha tocado a las prisiones españolas. Con este motivo, hemos sabido que el pasado 4 de julio tuvo lugar una reunión en la Dirección General de la Guardia Civil para “recabar información respecto a la progresiva implantación de seguridad privada en los centros penitenciarios” La reunión fue solicitada por AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ante la “lógica preocupación de los múltiples afectados por esta medida”.

La AUGC comunicó que en esa reunión se les informó que a finales del presente año “finaliza la primera fase piloto o experimental, la cual se inició en mayo y afecta a 21 centros penitenciarios (19 de Guardia Civil y 2 del Cuerpo Nacional de Policía)”.

Una vez acabada esa primera fase se “hará una evaluación por parte de la Administración tras la cual hay tres posibilidades distintas”, a saber:

a) Que la experiencia haya sido negativa y no merezca la pena seguir con el proyecto, lo cual es altamente improbable, por no decir imposible.

b) Que la medida se extienda al resto de centros penitenciarios, ampliando en todos ellos el número de vigilantes de seguridad privada que hay actualmente (dos por turno).

c) Que la medida se extienda al resto de centros penitenciarios, pero manteniendo en todos ellos el mismo número de vigilantes de seguridad privada existentes ahora en las prisiones de la fase piloto (dos por turno), con duración de un año, y posteriormente ampliar ese número de vigilantes durante otro año. Esta opción es la más probable que se produzca de las tres posibles.

Tras la reunión la AUGE emitió el siguiente comunicado:

“La intención inicial y actual de la Administración es que no se produzcan modificaciones de las plantillas de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en los centros penitenciarios, pero si llegado el momento (no antes de dos años y medio a partir de ahora) hubiera que llevar a cabo alguna reducción, el compromiso es que ésta sea la mínima posible, reconociendo el derecho preferente para la misma Comandancia y anunciando vacantes a tal efecto en la misma Comandancia.

En los centros penitenciarios cuya seguridad sea cubierta por los Núcleos de Servicios, el personal que dejara de prestar servicio en las prisiones realizaría otros cometidos dentro de su misma Unidad.

En las Unidades de Seguridad Penitenciaria, teniendo en cuenta que los vigilantes de seguridad privada no podrán realizar traslados de presos y detenidos, se mantendrían los servicios de conducciones y traslados existentes y se reforzarían con personal de vigilancia, de modo que los afectados por una posible reducción fueran los menos posibles.

En dicha reunión AUGC ha mostrado en todo momento su rechazo frontal a la privatización de los servicios de seguridad en los centros penitenciarios y en cualquier otro ámbito competencial de las FCSE, así como su intención de adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar que esta medida privatizadora siga adelante y afecte a los destinos de los guardias civiles, aunque sea en un nivel mínimo como argumenta la Administración”.

El modelo que se está implantando a marchas forzadas es la privatización de todos los servicios del Estado. Ahora entendemos eso de la “Marca España”.