Extremadura (España)
espacioseuropeos (25/9/2014)
El sindicato de Técnicos del Ministerio de hacienda, Gestha, informa que una comisión de diputados de la Asamblea de Extremadura, que estudia desde hace 15 meses el fraude fiscal, “acusa a la Agencia Tributaria de estar más pendiente de los trabajadores con nómina, que de las grandes bolsas de evasión de impuestos que suponen las grandes fortunas y empresas”. Esa actuación de Hacienda es una violación del artículo 31.1 de la Constitución, por el que todos “los contribuyentes deben aportar en función de su capacidad económica”.
Las conclusiones del estudio sobre el fraude fiscal en la región extremeña, llevado a cabo por esa comisión de diputados autonómicos, fueron adoptadas hace dos días por unanimidad de los grupos políticos PSOE, IU, PREx-CREx (regionalistas) y PP.
El dictamen elaborado por esa comisión, irá al pleno del Parlamento regional para su aprobación o rechazo en bloque (sin enmiendas); en el mismo se dice que la “actuación de la Agencia Tributaria, demasiadas veces, no está de acuerdo con el principio de igualdad establecido en el artículo 31.1 de la Constitución”.
El artículo 31.1 de la Constitución dice textualmente lo siguiente: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Pero sin embargo, en el informe de los diputados extremeños, se afirma que “la forma de actuar de la Agencia está ‘más volcada’ en el control de las discrepancias que resultan de lo declarado por los perceptores de rentas y de capital sometido a la retención, para ver si coincide con los datos previos de que dispone Hacienda, que en la investigación de ingresos no declarados, a lo que dedica menos recursos humanos y materiales”.
«Por no hablar» –dice el informe- del control de las grandes empresas a las que la Agencia Tributaria “no dedica ni el 20% de sus medios, y aún menos se reserva para «las grandes corporaciones y fortunas, a pesar de que es donde se concentran las grandes bolsas de fraude». Ese quehacer del organismo tributario supone olvidar el principio de igualdad constitucional, al que no sólo está sujeto quien hace las leyes y normas tributarias, sino los organismos encargados de aplicarlas como son el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, afirma la misma fuente.
Los diputados autonómicos del Partido Popular han firmado las conclusiones de ese informe, hecho que ha causado cierta sorpresa en el resto de los grupos políticos extremeños.
Una de las conclusiones del informe es la propuesta para que se modifique el “régimen de declaración de los empresarios autónomos, los módulos, tanto por el fraude que puede conllevar, como por la necesidad de hacer efectivo el principio de que cada cual paga según sus posibilidades”.
“Muchos ceros” llevan los números de los que no declaran a Hacienda, tanto que el sindicato de técnicos de hacienda estima que es la más importante de España, en concreto un 31% del PIB (parecido al de Andalucía), lo que equivale a unos 5.000 millones de euros. Ese porcentaje está “siete puntos por encima de la media nacional, y casi 20 sobre el de la Unión Europea”.
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, lo atribuye a “los grandes contingentes de paro en el sur de España, ya que se habla tanto del fraude fiscal como del laboral”. Otro factor muy influyente el nivel de riqueza y el importante peso de la construcción y la agricultura en el PIB regional, que se sitúa por encima de la media nacional, ya que se trata de sectores «muy proclives a la economía sumergida».